Uso letal de la policía, la Marina y del Ejército

Ni la militarización ni el uso de fuerza letal han sido solución para los problemas de seguridad pública en ningún país y sí, en cambio, para el abuso de los cuerpos policiacos y fuerzas armadas en contra de la población en general, al grado de realizar ejecuciones sumarias extrajudiciales.

El tema cobra mayor vigencia en México porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la opción de avalar el uso de la fuerza letal contra manifestaciones, en este caso en el Estado de México.

Por otra parte, diversas organizaciones no gubernamentales demandan a los legisladores detener la aprobación de la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior que, precisamente, brindaría un marco jurídico ad hoc para que las intervenciones militares se vuelvan legales.

Entiendo que algunas personas ‘bien intencionadas’ hartas de la inseguridad, robos asaltos, violaciones, tráfico de drogas, etcétera aboguen por el endurecimiento de la acción policiaca e incluso militar para poner fin a este estado de cosas, aún si pasan por encima de la ley y asesinan a los delincuentes.

Estos ciudadanos olvidan al menos dos cosas: una, a menudo vándalos y policías están coludidos por lo cual no serviría contra los malandro; y segundo, estos malos elementos policiacos o militares podrían actuar contra los ciudadanos comunes y al final, su disyuntiva sería ser víctimas de los delincuentes o de las fuerzas armadas.

Obviamente, no podemos estar a favor de la aplicación de la letalidad contra manifestantes en general, ni tampoco con la participación ordinaria castrense en materia de seguridad pública pues, como ha quedado demostrado en diversos países, incluida por supuesto Latinoamérica en los muy conocidos casos de Colombia y México, el fracaso es y ha sido, el destino final: las drogas, la violencia, los secuestros y asesinatos, se agudizan.

¿Un problema imposible de resolver?

Difícil sí. Como en otros ámbitos de la vida nacional los problemas centrales son la corrupción y la impunidad. Tenemos un Poder Judicial Federal que por años ha dejado en libertad a miles de delincuentes gracias los ‘buenos oficios’ de abogados cercanos a la justicia y a los capos.

Tenemos un Poder Ejecutivo inoperante que a menudo coadyuva tanto por la estulticia de sus integrantes como la complicidad con la delincuencia organizada, desde los puestos mayor rango (PGR, SSP) hasta ministerios públicos y policías.

Igualmente, el Poder Legislativo, en lugar de elaborar leyes cada vez más sencillas y claras para aplicar a la delincuencia y evitar la impunidad, deja ‘puertas traseras’ abiertas para que los asaltantes, secuestradores, traficantes y homicidas… puedan ser liberados.

La solución pasa pues por los ciudadanos que desean un cambio de fondo en el país y cuyo poder puede hacerse efectivo a través de la elección de personas diferentes en por lo menos dos de los tres poderes: Presidente, diputados federales y senadores; gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores.

Y una vez electos, a exigir que cumplan. O podemos seguir sentados viendo la tv o enganchados en las redes sociales, sin llevar nuestras quejas a la acción es decir convertir la realidad virtual y mediática en ‘hechos reales’.