Simulación presidencial
Si partimos de la premisa: “El presidente de la república sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves del fuero común, durante el tiempo de su encargo”, resulta que la ley anticorrupción no le es aplicable pues ninguno de los delitos de esta índole es considerado grave.
Luego de esta consideración poco vista en los medios, es entendible el alto grado de impunidad en México, pues el discurso anticorrupción se queda en la letra escrita de las leyes o en las declaraciones rimbombantes de los políticos.
El punto es que las minúsculas acciones contra la ilegalidad en el actuar de los funcionarios son ampliamente destacadas en los medios y alcanzan una máxima resonancia incluso en redes sociales, donde la inconformidad termina expresándose a través de memes y comentarios sarcásticos.
Ejemplo: las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la PGR contra los “sistemas anticorrupción” aprobados en los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz son una falacia que sustituye lo que podría haber sido una acción real contra la impunidad, a saber, la integración de las averiguaciones previas correspondientes para proceder en las 16 denuncias penales que ha presentado la Auditoria Superior de la Federación, que implican miles de millones de pesos.
Incluso los supuestos organismo autónomos como el INAI y el Inegi, son controlados por el gobierno, ya no digamos la Secretaría de la Función Pública.
