Roban al erario para robar elección… y seguir robando
Una maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3 mil 100 millones de pesos del erario federal al mexiquense desde la administración de Enrique Peña Nieto, fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía Infraiber.
La demanda de hechos, de 13 cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada, involucra al exgobernador y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Finanzas mexiquense y exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray; al exsecretario de Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al exdirector de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.
La reconstrucción documentada por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un mecanismo que les permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero sucio’ al financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México, a partir de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el costo fiscal del rescate carretero”.
La historia se origina en 1991 cuando el gobierno del Estado de México supuestamente aportó 50 millones de pesos para la liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería, que “no quedaron incluidos en el sistema fiscal carretero”.
En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fueron considerados como aportaciones “no recuperables” esos 50 millones de pesos, de modo que el gobierno federal no asumió el reembolso de esa cantidad supuestamente aportada para la liberación de los derechos de vía.
El 29 de agosto de ese año, la Secretaría de Hacienda designó a Banobras como agente financiero y mandatario del gobierno federal en relación al rescate carretero. El 31 de agosto de 1997, el gobierno federal otorgó a Banobras, vía la SCT, “la concesión para operar, explotar, conservar y mantener las autopistas carreteras”, incluyendo la autopista Chamapa-Lechería.
Durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, el 21 de marzo de 2007, el entonces secretario de Comunicaciones e Infraestructura mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, presionó al gobierno federal de Felipe Calderón para que “de manera fraudulenta”, recuperaran los 50 millones de pesos.
Mediante el oficio No. 21100000/08/2009, Ruiz Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009 que existía un convenio de concertación que preveía una aportación de 50 millones de pesos, “pero que, en realidad, el gobierno del estado habría aportado 125 millones de pesos y que esa cantidad actualizada a la fecha con una tasa de interés de 10.0 puntos reales era de 3,671 millones de pesos”.
Es decir, convirtieron una supuesta deuda de 50 millones de pesos en otra de 3 mil 671 millones de pesos del erario federal al erario mexiquense. Díez Gargari afirma en su demanda que “la tasa de 10 puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó para llegar a esa cifra fantástica no tiene soporte legal y/o contractual alguno”.
Actualizado a la inflación sería de 234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de pesos al 30 de abril de este año, calculó el experto.
(Lea el reportaje completo en Proceso)
