Reprime y encarcela gobierno a defensores de derechos

Quien quiera saber cuánto cuesta defender los derechos humanos ante el gobierno y una empresa trasnacional que vaya y le pregunte a Juan Carlos Flores.

Este abogado pasó nueve meses y medio encarcelado por representar al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (FPDAT), que agrupa a comunidades originarias de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos, cuyo trazo atraviesa un área de alto riesgo en las faldas del volcán Popocatépetl.

Flores fue capturado el 7 de abril de 2014 en la puerta principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, cuando salía de presentar una queja por la detención arbitraria, un día antes, de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, en el municipio de Atlixco.

En ese entonces el Sistema Penal no contemplaba la presunción de inocencia. Flores fue acusado y preso por motín, despojo y extorsión, hasta que un juez federal consideró que no había claridad de que hubiese participado en los delitos que se le imputaban.

La acusación por la que fue detenido se remontaba a 2012, cuando el pueblo de Acuexcomac cerró diez pozos comunitarios que dan agua a la ciudad de Puebla, en protesta por el desabastecimiento de las zonas rurales y donde el abogado ni siquiera estuvo presente, según constató la justicia. La detención de Enedina Rosas también llegó de sorpresa.

En testimonio recabado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Rosas cuenta que por más que preguntaba los motivos, no le respondieron hasta que estuvo en la cárcel: “Llegó la licenciada y ya me dijo que porque me opuse al paso del Gasoducto Cuautla-Morelos y que le había yo, robado celulares al trabajador”.

Rosas estuvo presa 11 meses, seis entre rejas y cinco en prisión domiciliaria debido a una enfermedad pulmonar crónica. Finalmente, el 25 de marzo de 2015 quedó en libertad sin cargos. Contra Juan Carlos Flores, en cambio, se mantiene una causa penal por privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de energía eléctrica.

“Todas las órdenes de aprehensión se basan en testimonios de trabajadores de CFE o de la empresa constructora. Los amparos que interpusimos en contra de las detenciones fueron anulados. Eso nos deja indefensos, con posibilidad de ser detenidos en cualquier momento”, explica ahora el abogado.

El encarcelamiento de Flores y Rosas son parte de una serie de detenciones a una docena de opositores a un proyecto de desarrollo, entre ellos están ejidatarios de entre 53 y 70 años que participaron en un plantón en el Ayuntamiento de Jantetelco y dirigentes como Abraham Cordero, acusado de quemar maquinaria junto con otras cinco personas que, como él, fueron liberadas días después.

Las detenciones han desmovilizado la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), una megaobra de mil 600 millones de dólares de inversión público-privada que registra seis años de protestas.

El plan incluye la construcción de dos plantas termoeléctricas de 620 megavatios, un acueducto y un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano al día, desde la planta de Pemex en Tlaxcala, hasta la termoeléctrica, para hacerla funcionar.

La CFE adjudicó la construcción de la primera Central Termoeléctrica y el acueducto a la empresa española Abengoa, a punto de la quiebra desde 2015. El gasoducto se adjudicó a un consorcio formado por las españolas Elecnor y Enagás y la italiana Bonatti. Por oponerse a su paso, Flores y Rosas fueron encarcelados.

Los pobladores de Santa María Zacatepec y San Lucas Atzala tenían fresca en la memoria la explosión de un oleoducto que en diciembre del 2010 había matado a 29 personas en el vecino San Juan Texmelucan, así que la respuesta inmediata a la noticia del proyecto del gasoducto fue el miedo. Razones no faltaban.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió en 2011 que existía un “peligro significativo” en instalar un gasoducto en una zona de actividad volcánica, ya que 101 kilómetros del ducto pasan dentro de la zona de peligro moderado y menor para flujos de lava, 160 km pasan por la zona de peligro moderado y menor para la caída de materiales volcánicos, 57 pasan por la zona de derrumbes gigantes que, de ocurrir, destruirían por completo el ducto.

La CFE argumenta que los riesgos son limitados porque, al ser gas natural, no se acumula en suelo ni agua, y al ser más ligero que el aire, se fuga rápidamente a la atmósfera. Como medidas de seguridad contempla la construcción a dos metros bajo tierra y la instalación de señalizaciones informativas cada 500 metros.

Los habitantes entrevistados en cinco municipios del valle coinciden en que la CFE echó a andar el proyecto con engaños, sin informar ni consultar a las comunidades afectadas, pese a que en el apartado “B” del artículo segundo de la Constitución Mexicana se establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.

El CIEDH tiene registro de 80 casos a lo largo del país, donde la iniciativa privada participa, directa o indirectamente, en vulneraciones a derechos humanos.

Denuncia multiplicada

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) tiene registro de 80 casos como el de Morelos a lo largo del país, donde la iniciativa privada participa, directa o indirectamente, en vulneraciones a derechos humanos y en todos los casos se ignoró el derecho a la consulta. En 50 de ellos se identificaron amenazas o agresiones en contra de defensores.

El caso de Morelos fue uno de los más extremos, además de agresiones, al menos 12 opositores fueron detenidos. La CFE firmó contratos entre particulares de trabajadores de paso con los dueños de los terrenos que requiere el gasoducto.

Esta figura es legal y fue una forma de evadir los juicios de expropiación, que retrasarían el proceso. Según la región y qué tanto peleó cada propietario, se pagaron desde 40 hasta 150 pesos por metro cuadrado.

El contrato estipula una renta por 30 años, con la posibilidad de prorrogarse otros 30 años. Si alguien se niega a la prórroga, el proceso puede llegar a un juicio de expropiación. En el contrato quedaron ambiguas las cláusulas sobre los derechos de los propietarios de terrenos.

Por ejemplo, señala que “no podrá transitar maquinaria pesada, ni se permitirá efectuar excavaciones de cualquier profundidad” y “no podrá plantar ningún tipo de árboles de raíz profunda o sembradíos de raíz profunda que puedan dañar la tubería”. Pero a los propietarios, campesinos en su mayoría, se les informó que podrían seguir sembrando.

Al ir entendiendo las complejidades creció la oposición al gasoducto.

Ahora no sólo lo rechazan por temor a una explosión, sino porque consideran que su instalación será la puerta de entrada para otros procesos de desarrollo en la zona: la instalación de más industrias y, por lo tanto, también el saqueo y contaminación de sus tierras de cultivo, sobre todo del agua.

La defensa del agua

Jorge Zapata luce el bigote de su abuelo y el mismo sombrero de campesino. Es nieto del héroe revolucionario Emiliano Zapata y sigue viviendo en el mismo ejido donde nació el prócer: Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos.

Ayala tiene vocación agrícola, aunque la cercanía a Cuautla lo amenaza de una pronta urbanización. El río Cuautla, alimentado por escurrimientos del volcán y de la planta tratadora, riega 36 ejidos y pequeñas propiedades.

En 2013, cuando la termoeléctrica estaba prácticamente construida en la localidad vecina de Huexca, 11 ejidos de Ayala interpusieron un amparo contra el acueducto. La demanda fue sobreseída [no procedió] en septiembre de 2014.

El ejido Anenecuilco, donde vive Jorge Zapata, llevó su propia lucha legal y tienen otro amparo vigente (128/213) para que sólo se lleven el agua de la planta tratadora y no del río. “Su plan era llevarse el agua del río Cuautla, no sólo de la planta tratadora. Nosotros tenemos la concesión de la planta tratadora y del río Cuautla”, explica.

En septiembre de 2015, el gobierno de Morelos, la CFE, Conagua y la Asociación de Usuarios del río Cuautla firmaron un convenio para que la termoeléctrica usara agua de la planta tratadora y no del río, pero eso no resuelve el problema, porque el agua tratada se usa también para el riego.

“La Constitución es bien clara, el agua es para la producción de alimentos y el uso doméstico y solamente en caso que sobre, se puede pensar en un proyecto industrial. Definitivamente nos estamos jugando la vida y la de futuras generaciones”, dice Jorge Zapata.

El agua que rehabilita la planta es descargada al afluente del río Cuautla. Sin ésta, los campesinos no tendrían líquido suficiente para sus cultivos. En época de secas, el agua ya escasea en la zona.

Después de años de movilizaciones, marchas, amparos, quejas y denuncias públicas, presos políticos, detenciones arbitrarias, amenazas y dudas en la legalidad de la obra, el proyecto pasó.

El acueducto todavía no se termina, pero la tubería de gas está enterrada bajo los suelos de Puebla, a menos de 25 km del cráter de uno de los volcanes activos más grandes del continente y está en funcionamiento desde junio de 2015, de acuerdo con informes internos de la Comisión Reguladora de Energía. Las empresas también dicen que el gasoducto está en marcha. La comunidad no recibió notificación.

En mayo pasado un juez amparó a cuatro comunidades nahuas del municipio de Atlixco por persecución política del gobierno estatal y ordenó la suspensión del gasoducto hasta que se realice una consulta indígena sobre su construcción.

El amparo fue recurrido por CFE, Semarnat y el consorcio constructor Gasoducto de Morelos. Para Patricia Montaño, abogada de las comunidades, la decisión judicial abre dos escenarios posibles: el primero, que los recursos de revisión que presentaron las autoridades y la empresa, sean desechados y se obligue a hacer la consulta.

Aunque esto sería un triunfo para los pueblos, según la abogada llega tarde: “Después de un clima hostil y represión, las comunidades temen participar. Es un proceso largo sin precedentes en el estado”.

El escenario adverso para las comunidades sería que las autoridades ganaran el recurso de revisión y el proyecto tuviera vía libre para operar sin consulta.

(Con información de El Universal)