Puigdemont exige a España liberación de catalanes
Bruselas. El destituido presidente de Cataluña Carles Puigdemont reclamó la liberación de ocho miembros de su gobierno encarcelados por la justicia española, acusados de rebelión y sedición en relación con el proceso secesionista en esa región.
‘Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente’ Oriol Junqueras y el cese de la represión política, indicó el líder separatista desde Bélgica en un vídeo difundido por la televisión pública catalana TV3.
Denunció que la prisión incondicional sin fianza decretada este jueves contra una parte de su defenestrado gabinete es un golpe contra las elecciones anticipadas del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno español tras intervenir esa comunidad autónoma.
A su juicio, esos comicios, convocados por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, para frenar el desafío independentista, se desarrollarán en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI.
En esa línea, exhortó a la comunidad internacional y a los países europeos a darse cuenta del peligro que, según su criterio, representa la actitud del Estado.
Advirtió que confinar a sus ocho colaboradores es un ‘gravísimo atentado a la democracia’, porque, recordó, se trata de dirigentes políticos que cumplieron un compromiso electoral, en referencia a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Con su decisión, ‘el Gobierno español renuncia al diálogo necesario para resolver un problema político y, en su lugar, apuesta por la vía de la represión’, manifestó Puigdemont en su mensaje desde Bruselas.
Encarcelar a un gobierno democrático por cumplir su programa electoral es situarse fuera del Estado de derecho, opinó.
Avisó a los ciudadanos de Cataluña de que ‘nos espera una represión larga y feroz, la furia con la que el Estado español ha respondido es desbocada y lo amenaza todo.
Sin embargo, llamó a los catalanes a no desfallecer y a combatir esa agresividad sin violencia, en paz, y con respeto de todas las personas y opiniones.
Escocia condena el encarcelamiento de independistas catalanes
La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, condenó la orden de prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por declarar la independencia.
«Independientemente de lo que se piense sobre Cataluña, es un error encarcelar a dirigentes electos y debería ser condenado por todos los demócratas», escribió en Twitter.
«El desacuerdo sobre el futuro político de Cataluña es político. Tendría que ser resuelto democráticamente», añadió.
La juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional española decidió el jueves enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
La línea del autoritarismo
Fueron imputados por su papel en la apuesta secesionista en Cataluña, que tuvo su clímax el 27 de octubre, cuando el Parlamento regional declaró la república catalana, ante lo cual el Gobierno español cesó al Ejecutivo regional, disolvió su Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre.
Estos son los principales puntos del auto de la jueza Carmen Lamela del alto tribunal de Madrid:
Pulso independentista desde 2015
En la justificación de su decisión, Lamela se remonta hasta las elecciones regionales catalanas de septiembre de 2015, cuando una coalición secesionista ganó la mayoría en el parlamento.
En ese momento, el gobierno de coalición hizo público «que su objetivo era lograr la independencia de Cataluña en dieciocho meses», recordó la jueza.
«De esta forma, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium), que llevaría a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado día 27 de octubre», señala el auto.
Durante más de dos años reiteraron un «incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional», como por ejemplo celebrar el referéndum de autodeterminación pese a su prohibición.
Protestas
Lamela critica también a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, a las que pertenecen varios de los miembros del gobierno destituido, y que a su juicio «actuaron como el brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern», el ejecutivo catalán.
La jueza pone como ejemplo una multitudinaria manifestación en Barcelona el 20 de septiembre ante un edificio del Gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros para impedir el referéndum del 1 de octubre.
En relación con esa protesta, en la que los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron durante horas la salida de los agentes, fueron encarcelados a la espera de juicio los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart.
Asimismo, durante el referéndum las asociaciones movilizaron a personas que ofrecieron «resistencia» y trataron «de impedir el acceso de la fuerza policial a los distintos centros en los que se estaban llevando a cabo las votaciones».
Esa votación estuvo marcada por las cargas policiales.
Policía catalana
Lamela dice que los investigados dejaron entrever que tendrían «el control de los Mossos d’Esquadra», la policía catalana, una vez que la independencia fuera declarada.
Según la jueza, los Mossos tuvieron una actitud «pasiva» durante el referéndum del 1 de octubre, «evitando intervenir incluso en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos», indicó.
Riesgo de fuga
Lamela justificó su decisión de prisión sin fianza a la espera de juicio alegando la posibilidad de que los investigados abandonaran España, sobre todo teniendo en cuenta que «algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales», en referencia a al presidente catalán cesado Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su gobierno que no comparecieron este jueves.
«Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español», indicó.
Asimismo, Lamela apreció la posibilidad de que los investigados pudieran «destruir fuentes de prueba», dada su relevancia política y ante el «alto riesgo de reiteración delictiva» por parte de personas que cometieron actos contrarios a la ley por dos años.
(Con información de Prensa Latina y AFP)
