Proceso judicial contra magistrados por corrupción
Guatemala.- La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) solicitaron iniciar un proceso judicial contra los magistrados Blanca Stalling y Eddy Giovanni Orellana.
A ambos funcionarios los acusan de irregularidades cometidas desde sus cargos en el Organismo Judicial, entre los cuales está el tráfico de influencias, el cohecho pasivo, la aceptación ilícita de regalo, el enriquecimiento ilícito y el incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
La Fiscal General Thelma Aldana y el titular de la Cicig, Iván Velásquez, explicaron a la prensa los sucesos que llevaron a plantear el eventual retiro de la impunidad a la Magistrada Vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.
Según las autoridades, Stalling trató de influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio contra su hijo Otto Fernando Molina Stalling, uno de los sindicados del caso IGSS-Pisa.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por el juez Carlos Giovanni Ruano el 10 de enero de 2017, quien expuso la forma en que fue abordado por la magistrada con el propósito de interceder por la suerte de su hijo.
Ruano fue citado a una reunión con Stalling el 1 de septiembre de 2016 y grabó la entrevista con la magistrada, para tener prueba de que fue invitado a ese diálogo y que nunca comprometió su trabajo, ni aceptó sobornos.
Durante la conversación ella le pidió incidir para imprimirle agilidad al caso, pues su hijo llevaba detenido un año y cuatro meses, y le expresó la importancia de que profundizara en el estudio del expediente.
Incluso, sugirió la posibilidad de imponer una medida sustitutiva a su hijo y a las enfermeras enroladas en el caso junto a este.
Por todo esto, el MP y la Cicig consideran que la magistrada Stalling pudo incurrir en el delito de tráfico de influencias, así como otros que se deriven de la investigación que se realice en torno a su actuación.
En cuanto a Orellana, Aldana y Velásquez puntualizaron que este aceptó un amplio y lujoso apartamento en el Edificio El Torreón, en la décima calle 3-44 de la zona 14 de la capital, que el abogado Sergio Roberto López Villatoro le dio a cambio de favorecerlo en la elección de magistrados de la CSJ en 2014.
Las pesquisas demostraron múltiples irregularidades en torno a la adquisición y posesión del bien inmueble regalado por el llamado ‘Rey del Tenis’ al magistrado, quien lo inscribió el 25 de febrero del año 2015 en el Registro de la Propiedad junto a otros adquiridos de conjunto con su esposa, Doris Lucrecia Alonso. (Con información de Prensa Latina)
