PGR, ‘fuente de información’ del crimen organizado
«No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá» dijo Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa.
Los funcionarios trataron de hurgar: «A ver, cuéntenos, díganos quiénes». Pero el presunto delincuente concluyó con un «¿para qué?, no quiero que me maten».
Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.
Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparecencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.
El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo.
Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.
En 2005, fue dejado en libertad, por «falta de elementos para procesar», Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.
Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.
Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.
En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.
Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.
La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.
Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.
El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.
Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.
Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.
Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.
«El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto». La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.
La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.
El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.
(Con información de La Jornada)
