Pacto de impunidad, obstáculo para combatir corrupción
Ciudad de México. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, advirtió que uno de los principales obstáculos para avanzar en el combate a la corrupción en México es «el muy deficiente sistema de justicia y el pacto de impunidad entre los actores políticos».
No se trata de Javier Duarte o Eugenio Hernández «sino de la red de complicidad que rodea a estos actores, pues no es sólo una persona sino una estructura mucho más compleja» que el CPC ha identificado y que enfrenta inercias institucionales.
Durante su participación en el seminario Poder, corrupción e impunidad, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas, Peschard alertó sobre los riesgos para las elecciones de 2018 destacando que ahora sí, desde la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales ha comenzado a intensificarse que muchos de esas irregularidades en comicios tienen como origen actos de corrupción.
En su intervención cuestionó además la falta de coordinación entre las diversas dependencias públicas que están involucradas en el Sistema Nacional Anticorrupción para que no haya esfuerzos aislados, pero también de otras instancias.
Citó el caso de la identificación de empresas fantasma por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero hay una incapacidad para ir más adelante porque el Servicio de Administración Tributaria no puede proveer mayor información al respecto, no por un funcionario, sino de resistencias institucionales.
Peschard alertó que una de las prioridades del CPC, abrir las contrataciones públicas, ha enfrentado una gran resistencia desde las diversas instancias involucradas porque hay una inercia para evitar la apertura.
Otro punto de preocupación del CPC, dijo su presidenta, es el manejo de los recursos públicos de cara a los comicios de 2018, por lo que anticipó la necesidad de una mayor coordinación con el Instituto Nacional Electoral para acotar los márgenes de discrecionalidad para la transferencia de recursos públicos, motor que mucho del dinero que se obtiene de la corrupción suele ir a financiar las campañas políticas.
(Con información de La Jornada)
