Nueva Ley de biodiversidad resquebraja protección a especies
Ciudad de México.- La iniciativa de la Ley General de Biodiversidad plantea cambios en la conservación, como echar abajo la Ley General de Vida Silvestre y afectar la ley marco, que es la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), al sacar de ésta el capítulo de áreas naturales protegidas. Sumado a esto perjudica especies sobre las que hay vedas, como las tortugas marinas y loros, ya que promueve el aprovechamiento de la flora y fauna, señalan expertos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en un análisis de la iniciativa que promovió la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, y que está en el Senado, consideró que se hace más flexible el régimen de protección de las áreas naturales protegidas, lo cual «es un franco retroceso respecto del marco legal vigente».
Precisó que mientras la LGEEPA determina que en las áreas naturales protegidas se permite «únicamente cierto tipo de actividades», en la iniciativa se plantea que «se dará preferencia» a esas actividades. Agrega que tampoco incluye mecanismos para garantizar la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas por el establecimiento de áreas naturales protegidas. Al eliminar la legislación de vida silvestre, omite la prohibición del aprovechamiento de tortugas marinas y de pericos o loros.
Intereses comerciales
Se vuelve a constatar que los intereses comerciales basados en banderas falsas de conservación «son las manos que mecen la cuna de esta iniciativa de ley», consideró en entrevista María Elena Sánchez de la organización Teyeliz. Se empodera a la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y se desdibuja a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, explicó.
Ahora, con un presidente de Estados Unidos (Donald Trump, quien hoy rinde protesta) que odia a México y que buscará pretextos para atacar al país, si se quita las salvaguardas a tortugas marinas protegidas por convenciones internacionales, se da pauta para embargos comerciales contra el país, indicó. Se «abren al mejor postor las especies y se da paso a aprovechamientos, se quitan vedas, protecciones, salvaguardas y regulaciones necesarias, sobre todo cuando hay instituciones del sector ambiental debilitadas con menor presupuesto y personal», aseveró.
El Cemda también se refirió a que en el tema de inspección y vigilancia se definen supuestos que no se ajustan a la realidad, como otorgar una copia simple para comprobar la legal procedencia de especies, las cuales pueden ser falsas. Destacó que son confusas las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que en algunos puntos se podría violar el debido proceso. (Con información de Angélica Enciso L. en La Jornada)
