Madrid aprieta economía de Cataluña para impedir referendo
El Gobierno español reforzó este viernes el control de las cuentas de Cataluña y prometió «seguir actuando», horas después de que dirigentes regionales pidieran por carta al presidente, Mariano Rajoy, negociar «sin condiciones» el referéndum de independencia del 1 de octubre.
«Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al gobierno español», para ver cómo «podemos ponernos de acuerdo con el fin de que los catalanes celebren el referendo», escribieron en una carta el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La misiva fue enviada a Rajoy, que este viernes viajó a Barcelona, con copia al rey Felipe VI. Pero la petición quedó rápidamente en nada.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reiteró que no se va a negociar el referendo, porque «el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución española».
Tras esto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el Gobierno central va a reforzar su control sobre las cuentas del Ejecutivo catalán, para garantizar «que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal», es decir, el referendo.
El nuevo mecanismo implica que el Estado «sustituye en la mayoría de los pagos esenciales» a la Generalitat de Cataluña, incluyendo el abono de nóminas. Una herramienta de presión muy poderosa, pues en teoría significa que el Gobierno central podría dejar sin salario a los funcionarios del Ejecutivo catalán.
Igualmente, Madrid amenaza con intervenir las cuentas de Cataluña en 48 horas, si en ese plazo Puigdemont no certifica la indisponibilidad de partidas presupuestarias para todo aquello que no sean servicios públicos básicos.
Todas estas decisiones fueron tomadas en reacción a una carta de Junqueras al Ministerio de Hacienda.
En ella, el vicepresidente catalán anuncia que ya no se someterá más al control semanal establecido en julio por el gobierno español, para asegurarse de que no se está desviando dinero a la celebración de la consulta, declarada ilegal por la justicia y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Rajoy carga
En un acto de su Partido Popular en Barcelona, Rajoy cargó duramente contra los planes del Gobierno catalán de seguir adelante con el referendo.
«El Estado de Derecho funciona. A lo mejor algunos no se han dado cuenta y más les valiera darse cuenta», dijo el líder conservador, levantando sonrisas entre la sala.
Rajoy avisó de que «el Estado va a seguir actuando, porque es su obligación». Y añadió que, además de las actuaciones de la justicia, se está actuando a pie de calle.
«La Guardia Civil ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat», detalló.
Igualmente, el instituto armado registró este viernes una imprenta en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona, y entregó avisos en dos medios catalanes, ElNacional y El Punt Avui, para advertirles de que no deben difundir propaganda alguna del referéndum, según anunciaron estos.
«No habrá referéndum. No lo habrá», insistió Rajoy, que en su discurso dijo, sin más precisiones, que tal vez los separatistas «nos van a obligar a lo que no queremos».
Cataluña, dividida
Los separatistas son mayoritarios en el Parlamento catalán, pero la sociedad está muy dividida.
En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los partidos independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos. Los defensores de seguir en España sumaron el 51,28%.
No obstante, un 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum.
La división se ha trasladado a los ayuntamientos, fundamentales en la logística del referendo.
Más de 700 alcaldes (de un total de 948 en Cataluña) están dispuestos a facilitar la organización de la consulta, y por ello se exponen a ser citados por la fiscalía y a ser detenidos si no comparecen. Los regidores en cuestión tienen prevista una manifestación este sábado en Barcelona, para hacerse oír.
Cinco de las diez mayores ciudades de Cataluña se oponen a la consulta, y Barcelona mantiene la ambigüedad. Por el momento, su alcaldesa dice que no pondrá obstáculos a la votación, pero que al mismo tiempo quiere proteger jurídicamente a la institución y sus funcionarios.
Rajoy quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los alcaldes que no apoyan la consulta y están recibiendo presiones de los independentistas.
«Estamos con vosotros, somos muchos, somos la mayoría», aseveró el presidente del Gobierno.
(Con información de AFP)
