Inmunidad presidencial en juego por feminicidios
Guatemala.- Mientras el presidente Jimmy Morales desanda París, en Guatemala cobra forma un proceso de antejuicio en virtud del cual pudiera perder la inmunidad y ser investigado por la tragedia del hogar estatal Virgen de la Asunción.
El Ministerio Público confirmó que dará curso legal al trámite conforme con la denuncia presentada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, una semana después de ocurrido el incendio en el centro, que costó la vida a 41 menores de 18 años de edad y dejó huellas indelebles en el cuerpo y la memoria de una decena más.
De acuerdo con los congresistas de la bancada de Convergencia, el mandatario incurrió en delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, porque autorizó la intervención policial en el lugar donde estaban internas las niñas y adolescentes bajo resguardo del Estado.
Pese a que la denuncia fue presentada el 14 de marzo, la secretaría general de la Fiscalía, Mayra Véliz, informó a la prensa este lunes que trasladarán la solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia para deducir si existe responsabilidad del gobernante en lo ocurrido el 8 de marzo.
Acorde con lo establecido, los magistrados del máximo tribunal del país deberán analizar el expediente y decidir si existen suficientes elementos de prueba contra Morales que justifiquen pedir al Congreso evaluar el tema y dar vía expedita al encausamiento judicial del presidente de la república.
Frente al anuncio el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, expresó que el Ejecutivo respetará el debido proceso y la independencia de poderes.
En tanto varias voces insisten en que lo ocurrido en el Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado, un femicidio masivo, por cuanto Morales reconoció que desde el día anterior al incendio conocía de los problemas en el lugar y ordenó tomar cartas en el asunto a la Policía Nacional Civil.
Desde 2015, el reciento de la aldea El Platanar, en el municipio metropolitano de San José Pinula, estaba en la mirada ciudadana por las denuncias de los abusos contra los menores de edad allí y de la probable existencia de una red de trata de personas, para explotación sexual y reclutamiento forzoso.
En noviembre de 2016 la alharaca ganó fuerza luego que varias escapadas de la entidad contaron a la prensa los maltratos que sufrían, al punto que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas solicitó al Estado cerrar el hospicio porque no cumplía con la función de protección.
El organismo internacional recomendó esa salida porque para la fecha estaba rebasada la capacidad del recinto, concebido para 400 internos y donde convivían 748 niños, niñas y adolescentes institucionalizados por orden de juez, debido a que recibieron maltrato, fueron violentados o estaban en la calle.
Pero aunque los internamientos debían ser temporales y sin ánimos correctivos, la apariencia de la institución es similar a la de un correccional con fuertes puertas metálicas, cámaras de vigilancia y hasta alambrado con púas.
Las niñas eran muy agresivas y se amotinaron, insatisfechas por la comida, fue uno de los planteamientos del jefe de Estado de Guatemala después de la tragedia en el Virgen de la Asunción.
‘Se les pidió a las personas que las mantuvieran separadas porque muchas de estas menores tenían conflicto con la ley, algún tipo de carácter violento, y lo que se pretendía es que no hubiera una tragedia como la que se vivió.
La tenencia de los menores en un lugar específico estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave’, declaró al canal CNN.
Desde entonces parecía dormida la posibilidad de tramitación de la denuncia en pos de despojarlo de su inmunidad, mas este lunes el tema volvió a la palestra a propósito de la captura de otros cinco implicados en el caso, entre estos tres funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Paralelo a ello, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio solicitó retirar la inmunidad a la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, por falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia, debido a que no asistió a efectuar una diligencia requerida en el hogar previo al siniestro.
(Con información de Prensa Latina)
