Incrementa gobierno mexicano espionaje telefónico
Amparados en la Ley de Telecomunicaciones promulgada por Enrique Peña Nieto en 2014, cualquier instancia gubernamental puede tener acceso a tus datos personales, sólo basta solicitarlos a tu compañía telefónica.
Podrán saber con quién hablas y dónde te encuentras, todo esto sin que tú lo sepas, pues, aunque están obligados a publicarlo, jamás lo hacen y tampoco te informan.
El solicitante puede acceder a tus datos personales: nombre y dirección del suscriptor al que pertenece la línea; el tipo de comunicación (voz o datos), servicios de mensajería o multimedia; los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones y otros servicios (número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago) y los datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, además, saber con quién se comunican y en qué momento, y les permite determinar cuál es su círculo de contactos más íntimo, cuáles son sus rutinas de desplazamiento o dónde pasan la noche, cuándo salen de la ciudad y a dónde viajan.
Los usuarios no está protegidos dicen algunos expertos del medio informativo.
De acuerdo a lo publicado por el periódico El Economista, los organismos que más información han solicitado son los del gobierno, tres de ellos son quienes más solicitudes han realizado, entre las que se encuentran La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía de Veracruz y la Procuraduría del Distrito Federal con 27% del total.
La policía internacional Interpol, el instituto electoral de la Ciudad de México y las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes se encuentran entre las entidades que hicieron requerimientos a las operadoras (telefónicas).
En la publicación de estos datos que realiza el medio de comunicación, y que fueron revisados por especialistas, informan que al menos 100 organismos de gobierno e instancias de seguridad realizaron 35,740 solicitudes para acceder a datos de las comunicaciones de los usuarios de telefonía en México o conocer su ubicación geográfica en tiempo real durante el primer semestre del 2016.
Las operadoras (telefónicas) han hecho entrega de los datos solicitados en casi un 100 por ciento, conforme a las reglas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitido y publicado el 2 de diciembre del 2015.
Sin embargo, para el caso de algunos datos solicitados por alguna de estas instancias de gobierno la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que solo podrán hacerlo con la autorización de un juez, algo que tampoco se ha respetado, tal es el caso de los institutos electorales, la Secretaría de Hacienda y gobiernos estatales, datos que les fueron entregados sin dicha autorización.
En la lista también figura un organismo internacional, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), integrada por 190 países. Según los registros del IFT, esta organización realizó un requerimiento a Megacable, que respondió negativamente a la solicitud.
Estas son las autoridades con mayor número de solicitudes:
Instancias de seguridad pública Solicitudes
- PGR 5,399
- Fiscalía de Veracruz 2,460
- Procuraduría de Justicia del DF 2,004
- Procuraduría de Justicia de Guanajuato 1,932
- Procuraduría de Justicia del Estado de México 1,866
- Fiscalía de Chihuahua 1,091
En cuanto a la búsqueda de usuarios en tiempo real, Telcel, Telefónica y AT&T, obtuvieron 2,269 solicitudes.
De acuerdo a estas compañías, las operadoras de telecomunicaciones en México están obligadas por los artículos 189º y 190º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) a recopilar y resguardar durante dos años los datos y metadatos del uso que sus clientes hacen de sus líneas fijas y móviles, además de su posición geográfica en tiempo real, y a entregarlos a las autoridades de justicia en menos de 24 horas en caso de que les sean solicitados.
Esta información fue obtenida por el periódico El Economista a partir de una solicitud de información al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), bajo el amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que esta información no ha sido publicada por el regulador en su sitio web, como también lo determinan los lineamientos.
Para algunos empresarios, las reglas posibilitan que prácticamente cualquier autoridad tenga acceso a la información de los usuarios, y es un atentado a la libertad de expresión, pues distintos niveles de gobierno pueden intervenir las comunicaciones de periodistas y activistas utilizando tecnología de empresas como Hacking Team, Gamma International o NSO Group.
Además, personas del sector privado señalaron que se trata de un escenario donde los más desprotegidos son los usuarios de las telecomunicaciones en México, que se encuentran expuestos al escrutinio de las autoridades y ni siquiera existe la obligación de notificarles de que su información fue solicitada por un tercero. (Con información de El Economista)
