Guatemaltecos protestan contra el regreso de los corruptos

Guatemala. Los guatemaltecos mostraron su enojo contra el gobierno, de nuevo, ahora debido a que el congreso avaló unas reformas al código penal que desmantelarían parte de la campaña anticorrupción del país; la situación profundizó la crisis política que ha sacudido al país durante las últimas semanas.

El jueves por la noche la Corte Constitucional de Guatemala suspendió de manera provisional la legislación ante una serie de amparos. Pero la maniobra legislativa ya había desatado fuerte oposición de ciertos funcionarios, grupos empresariales, activistas y estudiantes.

Es solo el capítulo más reciente en la tensión creciente entre el gobierno y un pánel anticorrupción de las Naciones Unidas que muchos guatemaltecos ven como la mejor esperanza para poner fin a la impunidad rampante que tiene amordazadas a muchas instituciones públicas.

Incluso después del fallo de la corte, había señales de que la reacción furiosa de la sociedad civl había llevado a algunos legisladores a arrepentirse de aprobar las medidas de manera tan rápida y sin debate el 13 de septiembre pasado. Las medidas habrían deshecho reglas sobre financiamiento de campañas para que, por ejemplo, solo pudiera responsabilizarse a quien dio fondos ilegales pero no a quienes los recibieron. También permitiría cumplir fuera de prisión las condenas de varios delitos a cambio de pagos de fianzas.

Las medidas son vistas por muchos guatemaltecos como una manera para que el congreso exima a cientos de integrantes de la élite política y empresarial que han sido acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –el organismo auspiciado por la ONU–. Estos habían pedido retirarle la inmunidad a Morales para investigarlo por el financiamiento de su campaña, pero el congreso votó en contra de hacerlo; también hay pesquisas a familiares del presidente.

“Ahora la gente ve que el presidente y el congreso son como una pandilla que solo quieren protegerse a sí mismos de delitos que ya cometieron con impunidad”, dijo Fernando Carrera, excanciller y analista.

Aunque la Corte Constitucional actuó con premura, Carrera alertó de que “la inestabilidad continuará creciendo y el deterioro económico e institucional empeorará”.

Hace dos semanas Iván Velásquez, el fiscal colombiano a cargo de la CICIG, y la procuradora Thelma Aldana anunciaron la investigación al partido gobernante por irregularidades de fondos de campaña. Como secretario general del partido durante la campaña de 2015, señalaron que Morales era responsable.

Dos días después de eso, el 26 de agosto, Morales ordenó que Velásquez dejara el país. Aunque la Corte Constitucional revirtió su orden, la reputación del presidente se vio sumamente afectada.

“El presidente Morales perdió mucho apoyo cuando quiso sacar a la CICIG”, dijo Carrera.

Aunque la corte bloqueó la legislación, muchos creen que la batalla entre la CICIG y el gobierno seguirá presente. El congreso votó para proteger a Morales al mantener su inmunidad, pero tanto su hijo como su hermano fueron acusados en otra investigación.

Y el enfoque de la CICIG en temas de financiamiento de campaña, que el organismo llamó el “pecado original” del sistema político guatemalteco, significa que los fiscales han comenzado a atraer más casos del tipo que involucran a muchos integrantes de diversos partidos y de diversas empresas que los financian.

La hostilidad de esas partes del gobierno contra la CICIG confrontan a Morales directamente con las Naciones Unidas.

Si la élite política de Guatemala intenta aprobar más medidas que socaven el campo de maniobra de Velásquez y Aldana también enfrentará una reacción cada vez más impredecible en las calles.

Hace dos años, los guatemaltecos se volcaron a la plaza central de la capital durante veinte fines de semana seguidos para protestar contra la corrupción en una muestra pública inesperada del fastidio de los ciudadanos que por mucho tiempo habían tenido miedo de pronunciarse durante la dictadura y la guerra civil. Las manifestaciones forzaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta un juicio por casos de corrupción junto con varios integrantes de su gabinete.

Morales, un comediante de televisión, ganó la elección casi automáticamente porque era visto como externo al partidismo pese a que su candidatura fue con un partido fundado por exoficiales militares de derecha.

Manfredo Marroquín, presidente de la junta de Acción Ciudadana, la rama guatemalteca de Transparencia Internacional, advirtió que las protestas podrían resurgir.

“La gente otra vez se siente traicionada”, dijo Manfredo. Él fue uno de los guatemaltecos que presentó un amparo ante la Corte Constitucional en contra de las reformas. “El presidente tenía un mandato claro cuando fue elegido porque no era un político tradicional, pero ahora lo están salvando los poderes políticos más tradicionales”.

Añadió: “La gente tiene que salir porque de lo contrario solo seguirán con este plan, y esto va a empeorar”.

(Con información de The new York Times)