Gobierno criminaliza a indígenas
La justicia en Latinoamérica tiene todavía un problema de falta de certezas, y hoy en día sigue la criminalización de los pueblos originarios, que pasa por la eliminación y desacreditación de sus dirigentes; por ello, es tan importante la caracterización del derecho indígena, se expresó en la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum de la UNAM.
Al dictar la conferencia magistral Los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en Guatemala y sus Aportes a la Jurisprudencia y a la Justicia Universal, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992 e investigadora extraordinaria de esta casa de estudios, dijo que ése es el desafío más grande y lo más grosero que puede hacerse en la vida humana.
Prevalecen tortura, desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y eliminación de comunidades enteras.
Testimonio invaluable
Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, indicó que la experiencia de Rigoberta Menchú es un testimonio invaluable de los avances y las limitaciones que aún persisten para enfrentar los agravios cometidos por las autoridades gubernamentales en nuestros países.
Ella, añadió, representa una cultura milenaria y originaria que muchas veces ha sido asfixiada para mermar sus posibilidades no sólo de preservarse, sino además de crecer; de una cultura víctima de discriminación, violencia, maltrato e, incluso, tortura, y al mismo tiempo rica y llena de vida. Marcada por el sino de la injusticia social, pero también por una enorme voluntad de expansión, perseverancia y saberse oír.
Al continuar su conferencia, Menchú Tum, también ganadora del Premio Príncipe de Asturias, refirió que “la tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y eliminación de comunidades enteras es parte de nuestra historia. Gracias a las víctimas, cuya verdad prevalece a lo largo de décadas y quienes la sostienen y luchan por ella, se generó un impacto de involucramiento de la indagación científica. Trazamos un camino de lo testimonial a lo jurídico”.
En Guatemala, la investigación fehaciente permitió introducir el papel del ADN al servicio de las víctimas, como instrumento extraordinario para esclarecer la verdad. Además, por primera vez “sentamos a militares del más alto nivel, responsables de una masacre, en un tribunal civil. Abolimos el fuero militar”. Igualmente, se contribuyó a la reforma procesal penal de aquel país.
Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, apuntó que el gran aporte de Menchú y Guatemala es la fuerza de las víctimas. “La categoría de derechos humanos se ha ido construyendo por eso, porque hay quienes se atreven a levantar la voz, a perderle miedo al miedo. Es un espejo en el que México debe verse ahora”.
América Latina tiene la tragedia de haber construido el concepto jurídico de desapariciones forzadas; cuando iniciaron las dictaduras no había delito que tipificara lo que el Estado hacía con sus propios ciudadanos y quienes pedían justicia.
El planteamiento surgió por la lucha de las victimas hasta que se hizo ley; en México el Congreso legisla para hacer una que armonice las obligaciones internacionales con un instrumento jurídico nacional que permita superar lo que la mayoría de las entidades no tienen tipificado: la desaparición forzada, concluyó. (Con información de Gaceta UNAM)
