Gastan 15 mil MDP del SJPA sin dar resultados

En México debemos dejar el debate coyuntural y desinformado, incluso generado desde algunas instancias de autoridad, relacionado con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, y pasar a un debate estratégico integral con enfoque de política pública sobre su correcta implementación y consolidación, planteó María Novoa.

En entrevista, la directora del área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) expuso que la discusión que se ha venido escuchando en los últimos días sobre la supuesta relación entre el incremento en los índices de inseguridad y la puesta en marcha del nuevo sistema debe dejarse, sobre todo ahora que está por iniciar el proceso electoral para renovar la Presidencia de la República y otros puestos de elección popular estatales y federales.

Lo que estamos viendo, expuso, es una discusión “que tiene tintes de índole político y que no nos va a llevar a nada en términos de una reforma procesal-penal de gran envergadura”.

La especialista expuso que las autoridades deben rendir cuentas de cómo y en qué utilizaron los más de 15,000 millones de pesos que han sido canalizados hasta el momento para la implementación de esta nueva forma de impartir justicia a escala nacional.

Mencionó que a esa cifra incluso debe agregarse la que constituye los apoyos provenientes de cooperación internacional.

O no se orientó bien el recurso o no hubo una supervisión, seguimiento y evaluación que nos permitan ver que la ejecución de ese dinero nos esté dando los resultados esperados.

No hemos pasado de la implementación

María Novoa destacó que lo que debe quedar claro es que, aunque ha pasado poco más de un año de que concluyó el periodo de ocho años para la puesta en marcha establecidos por la reforma constitucional, el periodo de implementación realmente no ha concluido y por lo tanto no se ha podido dar el siguiente paso, orientado a la consolidación.

“Todavía tenemos muchos vacíos y déficits. Lo que hay son muchas brechas que hay que cerrar. Todavía hay muchos faltantes y eso nos lleva a preguntar a las autoridades responsables qué hicieron con los recursos destinados para este trabajo”, añadió.

Hasta ahora, continuó, es evidente que no se están dando los resultados que quisiéramos en función de los beneficios que nos plantea el sistema acusatorio porque no tenemos capacidades.

Los tiempos les ganaron, lo vemos a nivel de la operación; los policías no tienen las capacidades y las condiciones mínimas para iniciar un proceso penal a partir de una detención que hagan como primer respondiente.

Asimismo, la investigadora lamentó que no haya una instancia de autoridad que esté haciendo el seguimiento integral del proceso de implementación y las evaluaciones de la operación.

Mencionó que también es preocupante que desde distintos sectores se estén haciendo serios cuestionamientos al sistema y lo señalen como la causa del incremento en los índices de inseguridad cuando no hay evidencia que avale esas aseveraciones.

También señaló que eliminar la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal fue la peor decisión de gobierno que se pudo tomar.

Lo que se debió hacer, indicó, fue evolucionar esa instancia para que planeara dos cosas: facilitar mecanismos de coordinación interinstitucional y un sistema de seguimiento y evaluación integral para que desde ahí se generaran las políticas de mejora del proceso de implementación y consolidación.

Dijo que lo que se tiene ahora es que la Setec se transformó en una parte de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, donde se le dio al Nuevo Sistema de Justicia Penal sólo una perspectiva de seguridad pública, cuando es mucho más que eso.

Se plantea un ajuste, cambios al sistema penal acusatorio, tocar la normatividad, cuando no tenemos ninguna evidencia, ningún dato duro, ninguna relación causal que nos demuestre con números o con variables claramente definidas, ya sean cualitativas o cuantitativas que el sistema penal acusatorio trae como consecuencia un problema de aumento en la inseguridad en el país, añadió.

(Con información de El Economista)