Estados gastan miles de millones de pesos sin rendir cuentas: IMCO
Ciudad de México. Los presupuestos que votan año tras año los congresos locales son mera “simulación” y “discrecionalidad”: están basados en estimaciones de ingresos irrisorias y, si bien nunca reflejan lo que realmente se eroga, permiten a los gobiernos gastar cientos de miles de millones de pesos sin rendir cuentas a nadie.
año pasado, por ejemplo, los estados en conjunto recaudaron 319 mil 753 millones de pesos más de lo que contemplaron en sus presupuestos y gastaron 295 mil millones adicionales, a modo de “cheques en blanco”, como documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un informe.
Los gobiernos estatales derrochan el dinero extra de manera discrecional en los llamados “gastos burocráticos”, pero también para la compra de espacios de publicidad oficial, en viáticos o ceremonias, lo que no genera reacción alguna por parte de los diputados locales, quienes, en teoría, aprueban y vigilan la tesorería de los estados.
Al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, los gobiernos estatales elaboran sus presupuestos para el año entrante con base en una cantidad de ingresos muy inferior a la que realidad llegará.
En 2017, por ejemplo, la SHCP dirigida por José Antonio Meade Kuribreña obtuvo 8% más de lo que anunció a los diputados, pero en el caso de los estados, el excedente representó 18% adicional a los presupuestos.
En algunos estados, las subestimaciones en los ingresos resultaron absurdas: el gobierno de Quintana Roo, dirigido por el expriista Carlos Joaquín González, subestimó en 79% sus ingresos en 2017; el de Miguel Ángel Yunes Linares, en Veracruz, lo hizo en 42%, mientras que los gobiernos de Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Guerrero subestimaron sus ingresos en alrededor de 30%.
Lo mismo ocurrió en materia de gasto: con el dinero no contemplado en el presupuesto estatal, el gobierno quintanarroense realizó un sobreejercicio de 87%. En otras palabras, el año pasado la administración de González -quien fue subsecretario de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto- manejó dos presupuestos: el formal, que le fue aprobado por los diputados, y el que obtuvo de los remanentes del presupuesto.
Los gobiernos estatales controlan cuatro de cada 10 pesos de los recursos públicos del país. El año pasado presupuestaron más de un billón 757 mil millones de pesos y recaudaron más de dos billones de pesos.
Según el informe, los gobiernos estatales gastaron una sexta parte de los recursos extras en “gasto burocrático”, es decir, todo lo que abarca los salarios, materiales, servicios generales, incluyendo los viáticos o los contratos de publicidad oficial.
En Guerrero, el congreso aprobó un presupuesto que contemplaba 20 mil pesos para gasto estatal en ceremonias en 2017. Al clausurarse ese año, el gobierno de Héctor Astudillo Flores había gastado 134 millones de pesos en este rubro, ¡equivalente a un 645,946% de incremento!
El mismo gobierno del priista ejerció sobregastos aberrantes en servicios financieros –un 8,562% demás–, en vestuarios –4,650%–, en seguridad social –3,956%– o en materiales para la construcción –mil 934%–, entre muchos.
El documento proporciona un dato aterrador: de haberse apegado a sus presupuestos en materia de gasto burocrático en los últimos tres años, los gobiernos hubieran ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, equivalente a seis veces el presupuesto anual de la UNAM.
La administración del priista Aristóteles Sandoval, en Jalisco, terminó pagando 40 mil 418 millones de pesos en gasto burocrático, 91% superior a los 21 mil 133 millones de pesos previstos en el presupuesto de principios de 2017, por ejemplo.
Esta práctica, además de grave, es sistemática: 19 estados gastaron más de 115% de lo aprobado en sus presupuestos anuales, y si fueran países estarían descalificados en el sistema de evaluación de la ONU.
Para darse cuenta de la magnitud de los derroches, el IMCO ejemplificó algunos de los gastos extras: en Coahuila, la erogación de mil 429 millones de pesos en publicidad oficial –no reportada en el presupuesto– equivalió al “gasto total en seguridad pública” en ese estado; el de Baja California gastó cerca de cuatro veces más en viáticos que en su sistema de salud, mientras que el gobierno de Puebla gastó en publicidad en medios de comunicación 289 veces lo contemplado en el presupuesto inicial.
El desinterés de los gobiernos es claro: a 10 años de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ningún gobierno local respeta el 100% de dicho texto.
Solo tres –Puebla, Campeche y Querétaro– siguen la ley, mientras que siete ni siquiera cumplen con la mitad: Nayarit, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Durango, Morelos, Hidalgo y Guerrero.
(Con información de Proceso)
