Esfuman políticos recursos destinados a los pobres
A pesar que el gobierno mexicano destinó miles de millones de pesos para el desarrollo de comunidades indígenas durante el 2015, sólo se pudieron fiscalizar 885 millones 663 mil pesos, que además fueron mal utilizados con empresas dudosas.
La situación de los pueblos originarios e indígenas en México es indignante, pues desde hace años se ha señalado que comunidades indígenas mantienen niveles de pobreza similares a los de África subsahariana; es decir, entre las zonas más pobres del mundo.
Y el panorama se repite desde la Montaña de Guerrero hasta la Sierra Tarahumara, los indígenas padecen discriminación, desprecio y despojos estructurales, que los han llevado a la pobreza extrema, en comunidades que no tienen médicos, ni escuelas; donde los niños padecen desnutrición, mujeres fallecen por dar a luz o los hombres sucumben por tuberculosis.
Y pese a los millonarios recursos, las políticas asistencialistas del gobierno no sacan de la miseria a los pueblos, su principal función es promover candidatos y partidos para cada proceso electoral, ya sea municipal, estatal o federal.
Según el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) erogó 5 mil 65 millones 725 mil 800 pesos en “subsidios” para “localidades indígenas que observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento”.
Por si fuera poco, de ese millonario total de recursos, sólo se pudo fiscalizar el equivalente a 885 millones 663 mil pesos, que la CDI destinó a obra pública de infraestructura. Pero en estos casos la Auditoría Superior de la Federación encontró que:
Primero, que la CDI no cuenta siquiera con un manual de organización actualizado ni con una estructura organizacional aprobada.
El desastre en los trabajos empieza por aquí. Lo que sigue es que se adjudicaron contratos a empresas que no cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, por lo que no se pudo garantizar que tales procesos se realizaran con “imparcialidad y transparencia”.
Además, las obras no se entregaron en tiempo y forma, tal y como se estipulaba en los contratos. A pesar de ello, la CDI no estableció penalizaciones a las empresas que incumplieron.
Por otra parte, en 48 obras de infraestructura las delegaciones de la CDI en los estados no contaron con la autorización de las instancias normativas para la ejecución de los trabajos. Por si fuera poco, se firmaron actas de “entrega-recepción” de las obras sin que en realidad éstas hubieran concluido.
Entonces, ¿a dónde fueron a parar los otros 4 mil 180 millones 062 mil 800 pesos?
(Con información de Regeneración)
