El narco busca dividir a comunidades nahuas
Chilpancingo.- Indígenas nahuas afectados por la división que se presenta en entre dos grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, afirmaron que son las bandas del crimen organizado las que pretenden aniquilar a las organizaciones comunitarias de la región de la Montaña Baja de Guerrero.
Mediante un comunicado, los indígenas nahuas afectados denunciaron que “la violencia y la inseguridad en la región de Chilapa, llegó al tope en San Jerónimo Palantla, que amenazan con aniquilar las organizaciones comunitarias. En nuestra comunidad se presenta una división interna total, la violencia está desatada contra hermanos, hijos con padre, primos contra primos, sobrinos contra sobrinos”.
Recordaron que el 8 de febrero de 2015, fueron asesinados en la comisaría San Jerónimo Palantla, cuatro hombres y una mujer, y acusaron a Constantino Calvario Merino de ser el autor. También desmintieron, según dijeron, las calumnias de que son objeto por parte de los dirigentes de Frente de Defensa Popular(FDP), Clemencia Guevara, y Rodolfo Colorado.
Mencionaron que las agresiones han sido constantes “un segundo ataque fue el 25 de noviembre de 2015; siguió otro el 10 de abril y el 11 de junio de 2016”, y acusan nuevamente a seguidores de Constantino Calvario, y a los líderes del FDP.
Afirman que éstas personas son responsables de las muertes de Isaac Xochitempa Chautla, consejero de la CRAC, y tres mujeres más, ocurridos el 11 de junio de 2016 “ellos junto con la CRAC de Espino Blanco(Casa de justicia), detuvieron a 14 representantes de nuestra comunidad”.
Urgieron a los gobiernos estatal y federal a resolver el conflicto “nosotros nos estamos coordinando con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG), y con los promotores de la CRAC-PC, Cirino Plácido Valerio, Jesús Plácido Galindo, y Amador Cortés, en una mesa de trabajo coordinada por César Flores Maldonado, asesor del gobernador, y con Felipe Sánchez, de la Secretaría de Asuntos Indígenas”.
Destacan que respetarán lo que acuerde la CRAC-PC “quien la deba que la pague en un proceso de reeducación”, y piden la libertad de Godofredo Cortés, la cancelación de las órdenes de aprehensión, y el desarme de Constantino Calvario “siempre dice que cuenta con el apoyo del gobierno.
Exigimos que el gobierno no siga prestando armas a criminales, ya que han dicho que nos van a matar a todos”, concluye el documento. (Con información de La Jornada)
