¿De qué es capaz el grupo Atlacomulco? Hablan víctimas Atenco

Ciudad de México.- Hace 11 años fueron torturadas, mancilladas, criminalizadas, llamadas “mentirosas” y hasta perdieron su nombre. Eran conocidas como “las violadas de Atenco”.

Hoy para las decenas de mujeres que fueron victimizadas durante un operativo en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el recuerdo de aquellas horas eternas en que fueron sometidas durante el despliegue de 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y de mil 815 agentes municipales, se aprecia de una forma distinta.

En el aniversario número 11 de la represión bajo el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, las mujeres de Atenco esperan impacientemente la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que recurrieron al no encontrar en México verdad y justicia.

En entrevista, Patricia Torres, Italia Méndez y Norma Jiménez hablan de sus expectativas ante una nueva etapa del largo litigio que han llevado, desde que en 2008 ingresaron el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Acompañadas por Stephanie Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña el caso, las tres mujeres hablan también de lo que significa para ellas que, quien fuera entonces gobernador mexiquense, hoy como presidente de la República no terminará su mandato sin conocer el fallo de la CIDH.

“Por supuesto que nos significa el nombre (de Peña Nieto) porque resuena, porque le preguntan, porque nos dijo mentirosas, nos dice algo que esté arriba, pero va más allá de él lo grave que es que ocurran estas cosas, y no importa si es lo nuestro o si es Ayotzinapa o si son otras mujeres que fueron torturadas y que parece que todas fuimos torturadas por los mismos, es grave que esto ocurra, y que lo tapan pero llega un momento en que no lo pueden tapar más y esto es lo que ha hecho esta denuncia”, sostiene Norma Jiménez.

No es sólo Peña Nieto

Impulsoras de la campaña “Rompiendo el Silencio” para denunciar la tortura sexual, las mujeres recuerdan que no sólo es Peña Nieto, quien incluso en campaña presidencial reconoció su responsabilidad en los hechos de represión, sino toda una gama de funcionarios y exfuncionarios que siguen activos, entre ellos Eduardo Medina Mora, ex responsable de la PFP y hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Apunta Italia Méndez: “Es parte de la impunidad que hay en el país que Peña Nieto sea ahora el presidente, pero podemos voltear a diferentes niveles de gobierno o de poderes y vamos a ver a quiénes orquestaron ese operativo ocupando los altos niveles de poder del país, no solamente al Ejecutivo, ahí están en la Suprema Corte, son ellos los que han afectado de manera muy profunda a miles de familias en el país y siguen ocupando altos cargos, y eso nos demuestra qué tan podrido está el Estado mexicano y lo necesario que es hacer estas denuncias”.

Patricia Torres, quien resalta que los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 truncaron los proyectos de vida de las mujeres violentadas, puntualiza que el objetivo central de las 11 de Atenco al llegar a la CIDH no es revancha contra quien fuera gobernador del Estado de México y reconociera su responsabilidad al ordenar el operativo policiaco contra pobladores de San Salvador Atenco, activistas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

“Como medida de reparación y garantías de no repetición, queremos que acepten lo que pasó, que yo no tuve la culpa de que por haberme manifestado, me hubieran torturado, me hubieran violado; queremos que se diga qué pasó, que se les ponga nombre y apellido, a los autores tanto materiales como intelectuales todos los que tuvieron que ver ahí incluyendo a los altos mandos y el mismo gobernador que salió a los medios a reconocer lo que había pasado, de autorizar la fuerza dura y que lo volvería a hacer”.

Torres, quien un tiempo se autoexilió del país, temerosa de ser víctima de represalias por denunciar los hechos, resalta que las mujeres de Atenco tienen presente qué detonó la represión y la tortura sexual.

“No se nos olvida que fue por un megaproyecto económico, construir un aeropuerto internacional, lo que querían era arrebatar a la gente las tierras de toda esa zona, San Salvador Atenco y Texcoco, no olvidamos que Peña Nieto defendió los intereses económicos muy a pesar de lo que se nos pudo haber violentado”, recuerda.

“Rompiendo el Silencio”

Las tres mujeres, voceras del resto de denunciantes ante el tribunal interamericano, reconocen que desde que decidieron mantener vivo su litigio internacional, rechazando cualquier tipo de arreglo amistoso con el Estado mexicano, incluidas fuertes sumas de dinero, han trastocado su vida, volcándola por completo al caso, y al impulso de la campaña “Rompiendo el Silencio”, para visibilizar la tortura sexual como una práctica sistemática contra las mujeres, dentro de lo sistemático y generalizado que es la tortura en México.

“Lo que nos mueve son las medidas de no repetición, que lo que nos ocurrió a nosotras no le vuelva a ocurrir a otra mujer, pero mes con mes sabemos por fuentes documentadas que esto está pasando regularmente en muchos estados, nos hace pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente”, sostiene Italia.

Agrega que, por la campaña, alentada por varias organizaciones sociales, las mujeres de Atenco trabajan de forma permanente con mujeres que han sufrido tortura sexual, tema que han logrado colocar en la agenda nacional.

Para Norma, “es difícil revivir o confrontar lo que ya vivimos, hemos hecho visitas a las compañeras que siguen presas, como parte de esta campaña y volver a entrar a la cárcel y volver a escuchar estos relatos y que de repente da la impresión de que nos hubieran torturado las mismas personas, aunque se trate de diferentes momentos, diferentes motivos y diferentes corporaciones, es increíble como esto sigue ocurriendo, de ahí la necesidad de tener la campaña como una prioridad en mi vida”.

Al señalar que por este caso están siendo procesadas por tortura “por omisión” en el Estado de México aproximadamente 30 personas, entre policías de bajo rango y médicos legistas que no reportaron la tortura sexual contra las mujeres en el operativo, Stephanie Brewer puntualiza que las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano son claras “muy documentadas, muy demostradas, en las que no necesitamos crear nuevas teorías, a la luz de una impunidad absoluta”.

“Falta de voluntad”

Brewer, quien considera que una resolución de la CIDH favorable para las mujeres de Atenco permitirá obligar al Estado mexicano a realizar investigaciones de la cadena de mando en casos de graves violaciones a derechos humanos en que participen agentes del Estado, sostiene que durante 11 años lo que impidió la efectiva impartición de justicia fue la “falta de voluntad”.

“No hay otra explicación, porque hay suficiente documentación de las instituciones del Estado, de parte de las mujeres denunciantes, están varios testimonios, hay peritajes oficiales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e independientes, declaraciones públicas, está todo, desafortunadamente fue falta de voluntad para investigar, y hay posibilidades para avanzar justo a través de la sentencia de la Corte, que pueda detonar un proceso renovado, bien encaminado para esclarecer y sancionar los hechos”, explica la abogada del Centro Prodh.

Al señalar que lo que buscan las mujeres de Atenco es “investigación y sanción a toda la cadena de mando” que intervino en los operativos policiacos, Brewer insiste ante la mención de la posible responsabilidad del exgobernador Peña Nieto: “la meta no es que simplemente tal persona vaya a la cárcel”.

Abunda: “Lo que estamos exigiendo es saber cuál fue la participación de todas las personas que intervinieron en los hechos, hay ciertos hechos que ya sabemos, declaraciones públicas que de por sí son violatorias de derechos humanos, pero con esa investigación exhaustiva ya tendremos los elementos para sancionar todas las conductas antes durante y después del operativo”.

Las mujeres de Atenco esperan ser citadas a la audiencia de la CIDH en el segundo semestre de este año y tener una sentencia contra México en el 2018.

(Con información de proceso.com.mx)