De nuevo el Poder Judicial da la espalda al pueblo
Ciudad de México.- Una jueza federal desechó los primeros 50 amparos presentados por particulares contra la liberalización del precio de las gasolinas y los nuevos esquemas para su comercialización, con el argumento de que no es la vía jurídica para impugnar si una política pública en materia económica es correcta o no.
Las resoluciones fueron dadas a conocer este viernes por la jueza segunda de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Silvia Cerón Fernández, quien consideró las demandas “notoriamente improcedentes”, conforme a lo contenido en los artículos 61 y 77 de la Ley de Amparo, los cuales establecen que éste sólo se puede otorgar si la sentencia está en posibilidad de ofrecer una reparación del acto reclamado.
Para la impartidora de justicia, la improcedencia del juicio de amparo para impugnar el nuevo esquema de precios de la gasolina se deriva de que —aun cuando se concluyera el análisis del fondo— la sentencia no podría obligar a los expendedores de combustible a volver a los precios anteriores que les fueron impuestos por una autoridad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo.
Además, la juez especializada en competencia económica advirtió que la concesión de un amparo de carácter individual contra el gasolinazo, tendría efectos generales para el resto de la población, situación que no está contemplada en la Ley de Amparo vigente y que, además, se contrapone al artículo 25 constitucional en el que se reconoce la rectoría general del Estado en materia de política económica.
La sentencia agregó que “las políticas de Estado” en materia económica solo pueden ser instrumentadas por las autoridades que están facultadas para tomar decisiones en ese rubro, por lo que un juez está obstaculizado para dar órdenes a las secretarías de Hacienda y Economía sobre las medidas de carácter económico que pone en marcha.
La juzgadora señaló que dar órdenes a esas dependencias para cambiar la política económica equivaldrían a sustituir la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de finanzas públicas, violando así la división de poderes que la Constitución contempla.
“No corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”, concluyó.
De acuerdo con reportes del Consejo de la Judicatura Federal, se presentaron cerca de mil 350 amparos contra el gasolinazo con diferentes argumentos, por lo que todavía faltan por resolverse alrededor de mil 300 demandas.
Incluso, la juzgadora federal citó varias jurisprudencias de aplicación obligatoria, entre ellas una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se advierte que resolver sobre asuntos económicos llevaría al Poder Judicial “a sustituir la competencia legislativa del Congreso”, puesto que no le corresponde “analizar si esas clasificaciones económicas son mejores o si otras resultan necesarias”. (Con información de Aristegui Notacias)
