Corrupción de gobernadores y gasolinazo

Ciudad de México.- Los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en actos de corrupción que implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cifra superior a la cancelación del subsidio a la gasolina, por 200 mil millones de pesos, que generó el gasolinazo, y mayor al recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional.

Del 2007 a 2016, explica el reportaje de Excélsior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 273 denuncias en contra de estos 26 estados, por afectaciones al erario federal que implican 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos.

Hasta el momento, los organismos fiscalizadores y los nuevos gobiernos de cinco estados presentaron denuncias o están en proceso de hacerlo, por daño al patrimonio estatal de al menos 42 mil 44 millones 466 mil 88.97 pesos, en Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Baja California y Chihuahua.

Fenómenos como la simulación de reintegros, que consiste en tomar dinero de una partida para cubrir otra y cuando la ASF lo detecta, el gobierno lo repone, pero días después lo vuelve a retirar, es practicada por las 32 entidades federativas y desde 2011 involucra a un total de 221 mil 182 millones 500 mil pesos, pero hasta el momento sólo 14 entidades fueron acusadas penalmente por irregularidades que involucran un total de 39 mil 700 millones 297.20 pesos.

Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, son algunas de las cientos de prácticas de corrupción en que incurren los gobiernos de los entidades federativas.

Los actos de corrupción que implicaron el daño patrimonial federal por 203 mil 850 millones de pesos y los relacionados con el erario estatal por 42 mil 44 millones 466 mil 88.97 pesos, fueron cometidos por gobiernos emanados de todos los partidos.

De las 26 entidades donde se detectaron estos actos de corrupción, en 19, como son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,  Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas se ha registrado la alternancia, principalmente entre el PRI y el PAN, pero también entre el PRI y el PRD, y en el caso de Baja California Sur, entre PRI, PAN y PRD.

En otras siete entidades, como son Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz el PRI es el único gobierno en esas entidades, al menos hasta 2014, que es el año de la más reciente auditoría; este año en Veracruz y Tamaulipas, registraron la alternancia del PRI al PAN.

Los estados de Aguascalientes, Durango, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán son los únicos que no tienen denuncias penales por parte de la ASF por daños al erario federal.

En tanto, el órgano fiscalizador del estado de Veracruz presentó denuncias por un total de nueve mil 103 millones 950 mil 892.10 pesos; el de Baja California, por 52 millones 218 mil 637.88 pesos; el de Sonora por 30 mil millones de pesos; el gobierno actual de Quintana Roo por dos mil 388 millones 296 mil 558.99 pesos contra su antecesor y el de Chihuahua busca sustento para presentar las denuncias de hechos contra el gobierno anterior, por 500 millones de pesos.

Educación, salud y seguridad pública, las cajas chicas

Los ramos de educación, salud y seguridad pública fueron los más afectados por las desviaciones en las entidades federativas, sobre todo en estados con mayores índices de pobreza como es el caso de Chiapas, Guerrero y Michoacán.

La tardanza en los procesos de investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) llevaron a que 70 de las denuncias penales presentadas por la ASF desde el año 2007 queden sin materia, como ocurrió con un caso del gobierno de Fidel Herrera, pues después de tres años que la ASF denunció la doble construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, el gobierno de Veracruz regresó a la secretaría de Hacienda los 15 mil 548 millones 500 mil pesos que solicitó, más  mil millones de pesos de intereses.

Entidades como Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Colima y Guanajuato aprovecharon la inacción de la PGR ante las denuncias de la ASF para solventar todos los faltantes, que entre todos sumaron 12 mil 987 millones 606 mil 100 pesos.

Los casos de estas 14 entidades, sin embargo, se mantienen en el listado oficial de la ASF denominado Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2014, así como relacionadas con la simulación de reintegros, que suman 723, y para el caso exclusivo de los gobiernos estatales son 273 denuncias penales, que involucran 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos.

De acuerdo con la información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es la entidad que más daño patrimonial causó por sus actos de corrupción, pues el dinero malversado proviene de las arcas de la Federación, alimentadas con los impuestos de todos los mexicanos.

Suma 56 denuncias penales por actos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; las 18 denuncias por simulación de reintegros implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos; las 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459.19 pesos.

Por irregularidades cometidas durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, actualmente prófugo de la Justicia, Veracruz enfrenta 56 demandas penales en su contra, por la utilización corrupta de 56 mil 662 millones 684 mil 4656.19 pesos, con prácticas como solicitar 15 mil 548 millones 500 mil pesos a la Secretaría de Hacienda, en 2010, para construir el puente de Palo Amarillo- Amayales sobre Río Atoyac, municipio de Carrillo Puerto, para ejercer en el periodo enero-marzo de ese año, pero el puente fue construido un año antes, y se colapsó justo después de que en 2010 se reportó su conclusión.

En Michoacán, la segunda entidad con el mayor monto implicado en 21 denuncias penales, el desvío fue de 33 mil 742 millones 258 mil pesos durante los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Jesús Reyna. Después de Veracruz, Michoacán es el estado con mayores recursos inmiscuidos en la simulación de reintegros.

En el 2012, en la recta final del gobierno de Godoy y al inicio de la administración de Vallejo se simularon reintegros por 28 mil 477 millones 500 mil pesos, lo que propició que la ASF presentara 11 denuncias de hechos.

La entidad es de las que mayores índices de inseguridad tiene y las autoridades aprovecharon los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para cubrir pagos indebidos como el mantenimiento de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado con un costo de dos millones 498 mil 700 pesos, además de 217 mil 400 pesos para el mantenimiento de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Oaxaca sólo tiene ocho denuncias penales, cinco por simulación de reintegros, por ocho mil 655 millones de pesos y tres por desvíos de dos mil 325 millones 115 mil 700 pesos, para hacer un total de 10 mil 980 millones 115 mil 700 pesos, prácticamente todo motivado por los acuerdos asumidos con la CNTE.

La auditoría mil 74, del año 2014, detectó el desvío de mil 66 millones 661 mil 100 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: en 2013, a ese mismo Fondo se detectaron desvíos por 313 millones 145 mil 400 pesos, y en 2012 fue por 945 millones 309 mil 400 pesos, por pagos irregulares, sueldo a aviadores, pago de Adefas, compensaciones no autorizadas, comisiones sindicales irregulares y el uso de este dinero para pagar el impuesto del 2% sobre nómina.

En Guerrero, donde hay enfrentamientos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y es uno de los estados con mayor rezago educativo, hubo desviaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

Por ejemplo, siete millones se fueron a pagos a centros de trabajo no financiables, al menos 71 millones de pesos a pagos a personal que no contó con el contrato respectivo de honorarios y 51 millones a pagos de maestros comisionados a alguna sección sindical.

La ASF presentó denuncias por irregularidades de 12 mil 826 millones 749 mil pesos, de los cuales 12 mil 99 millones 300 mil pesos estuvieron involucrados en falsos reintegros. Los desvíos se detectaron en las administraciones de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre.

En Chiapas la situación es similar a la de Guerrero. Esta entidad se encuentra en el último lugar en el ranking nacional del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) 2016, al obtener una calificación de 3.4 de diez puntos.

Pese a las mediciones en materia educativa y de pobreza, los gobiernos han respondido con el desvío de recursos destinados a la educación. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el gobierno del estado desvió 97 millones que debían ser destinados a la compra de desayunos escolares, 114 millones gastó en compensaciones no autorizadas y 81 millones se fueron a pagos indebidos de 388 trabajadores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Las denuncias son por 16 mil 28 millones 505 mil 200 pesos utilizados indebidamente durante los gobiernos de Juan Sabines y Manuel Velasco.

Caso Sinaloa

Sinaloa, hasta hace unos días gobernada por Mario López Valdez, en los últimos seis años enfrenta ocho denuncias penales por un monto total de 17 mil 381 millones 894 mil 200 pesos, de los cuales seis mil 87 millones corresponden a simulación de reintegros y el resto se originan en desvíos de los programas de Seguro Popular y el extinto Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, como la compra irregular de medicamentos, sobreprecios, sobresueldos, desvío a otros programas, pago a trabajadores irregulares, a aviadores y pagos no justificados.

El gobierno de Tabasco enfrenta 11 denuncias de hechos por un monto de ocho mil 759 millones 692 mil 600 pesos, todas registradas durante el gobierno de Andrés Granier, quien ya está en la cárcel. Un total de siete mil 47 millones 400 mil pesos son por simulación de reintegros y mil 712 millones 292 mil 600 pesos por otro tipo de irregularidades.

El gobierno de Andrés Granier desvió dinero de seis programas, del extinto Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones Múltiples y la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

Mezcla de recursos, ejercicio de dinero en centros de trabajo no autorizados, comisiones sindicales indebidas, transferencias a otras cuentas, pagos a médicos sin especialidades; depósito a cuentas bancarias no autorizadas, sobreprecios de medicamentos, desaparición inexplicable de cuatro millones de pesos; simulación de pagos funerarios, pago de trabajos no realizados o deficientes y pago a trabajadores inexistentes forman parte del catálogo de opciones que utilizó Tabasco para estos desvíos.

Guanajuato fue afectado por los gobiernos del PAN. Con Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez; la ASF detectó irregularidades por nueve mil 345 millones 552 mil 600 pesos, de los cuales ocho mil 491 millones 900 mil estuvieron involucrados en simulación de reintegros.

Zacatecas enfrenta 11 denuncias penales por un total de cinco mil 709 millones de pesos; cuatro mil 277 millones 300 mil pesos por simulación de reintegros y mil 357 millones 200 mil pesos por desvíos.

También Morelos

En Morelos, gobernado por Graco Ramírez, se utilizaron estrategias como despedir a 23 trabajadores, y aunque ya no estaban se mantuvo su pago íntegro. Enfrenta 19 denuncias por un total de cinco mil 123 millones 320 mil pesos, de los cuales cuatro mil 276 millones 500 mil pesos se deben a simulación de reintegros.

En Baja California Sur se desviaron cinco mil 740 millones 778 mil 600 pesos con Narciso Agúndez y Marcos Covarrubias. Fue durante el gobierno del perredista Narciso Agúndez cuando se simuló en mayor medida la devolución de recursos públicos a la Tesorería de la Federación, sobre todo en materia educativa.

En Baja California, mientras tanto, se simuló el reintegro de cinco mil 342 millones 700 mil pesos, la mayor parte de recursos desviados. En total las denuncias de la ASF implican irregularidades por cinco mil 438 millones 500 mil pesos durante el mandato de Guadalupe Osuna Millán.

El estado de Jalisco enfrenta 23 denuncias penales, desde el gobierno de Emilio González Márquez, por un total de tres mil 603 millones 500 mil pesos.

Los estados pequeños también han sido despojados por los gobernantes.  Es el caso de Colima. La ASF presentó 10 denuncias de hechos ante la PGR por irregularidades del orden de mil 551 millones 583 mil 500 pesos durante el gobierno del priista Mario Anguiano.

A raíz de la mala administración de los recursos del FAEB en Colima, la ASF detectó recargos e intereses por pagos extemporáneos al ISSSTE y SAR- FOVISSSTE por dos mil millones 118 mil 100 pesos, e impuestos estatales por 66 millones 962 mil 800 pesos.

Tlaxcala enfrenta 11 denuncias penales por un total de 12 millones 356 mil 800 pesos; Campeche tiene tres denuncias por un total de 16 millones 500 mil pesos; Sonora que fue gobernada por Guillermo Padrés, actualmente en la cárcel, tiene una denuncia por 92 millones 300 mil pesos; la Ciudad de México, tiene tres por dos millones 600 mil pesos y el estado de Hidalgo una por 27 millones de pesos.

Aunque tienen denuncias penales en su contra, hay gobiernos que ya justificaron las irregularidades, como Coahuila, por 105 millones 400 mil pesos, Chihuahua, con 17 por 167 millones 506 mil 100 pesos; Jalisco dos por 638 millones de pesos; Estado de México, ocho por ocho mil 728 millones 800 mil pesos; Nayarit una por 14 millones 700 mil pesos; Nuevo León seis por 950 millones 200 mil pesos; Querétaro seis por 308 millones 300 mil pesos y Tamaulipas una por 530 millones 800 mil pesos.

También Michoacán con dos por 38 millones 500 mil pesos; Chiapas con tres por 542 millones 400 mil pesos; Colima con dos por 111 millones 800 mil pesos y Guanajuato con una por 851 millones 200 mil pesos, para hacer un total de 12 mil 987 millones 606 mil 100 pesos.

Las denuncias, sin embargo, se mantienen en la relación oficial de procedimientos emprendidos por la Auditoría Superior de la Federación.