Condena Argentina a 38 militares
Un juicio histórico relacionado con los derechos humanos terminó con la condena de 38 ex oficiales del ejército por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato de varios cientos de víctimas durante la dictadura militar en las décadas de los 70 y 80.
28 de los acusados, entre los que había un general, fueron condenados a cadena perpetua y otros 10 recibieron sentencias de entre dos años y medio y 21 años. Cinco acusados fueron absueltos.
Miles de personas reunidas afuera del tribunal en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, celebraron el veredicto sosteniendo imágenes de las víctimas en sepia.
En el juicio se examinaron en conjunto las atrocidades cometidas en unos 20 casos de centros de detención y tortura en Córdoba. El más conocido de ellos es el de La Perla. Agrupar los casos fue un avance importante para la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos que trabajan para que se haga justicia con los crímenes de la dictadura que se extendió de 1976 a 1983.
En países vecinos no ha sido posible llevar ante la justicia los crímenes de las dictaduras sudamericanas. Pero en Argentina, a lo largo de la última década, los progresos han sido emblemáticos, con un gran número de juicios en los que ya se ha condenado a más de 600 personas. El país ha sido capaz de llevar los procesos más allá de sus fronteras este año.
El veredicto del jueves era algo esperado porque el juicio fue uno de los más completos que se hayan celebrado. Implicaba 716 víctimas y testimonios de cientos de testigos. Duró casi cuatro años.
También fue un hito, según los fiscales, porque era la primera vez que también se juzgaron en Córdoba a escuadrones de la muerte por crímenes cometidos antes del golpe de estado que terminó con una junta militar en el poder en 1976. En otros lugares del país ya se habían juzgado crímenes cometidos antes de 1976.
Las organizaciones de derechos humanos han intentado que la justicia acelere los procesos, pero varios de los acusados han muerto durante el juicio. Uno de ellos se suicidó.
Uno de los casos juzgados fue el de Sonia Torres, de 86 años. Su nieto fue apropiado por los militares que secuestraron a su hija, que estaba embarazada y dio a luz en cautiverio. Después del juicio Torres dijo a los medios: “Acaba de pasar la mitad de lo que me propuse, ahora tengo que encontrar a mi nieto”.
Se calcula que el número de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres que fueron criados por familias cercanas al ejército llega a 500. Una organización de derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, ha ayudado a 120 de esos niños, ya adultos, a descubrir su verdadera identidad y los ha reunido con sus familias biológicas.
El ex general Luciano Benjamín Menéndez, de 89 años, quien ya cumple sentencias de cadena perpetua por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fue condenado por el caso de Torres y un muchos más. Otros acusados de alto perfil, como el excomandante paramilitar Héctor Pedro Vergez, de 73 años, o el teniente Ernesto Guillermo Barreiro, de 68, recibieron cadenas perpetuas.
Otro mega juicio como el que terminó el jueves en Córdoba está celebrándose en Buenos Aires con un número similar de víctimas y acusados.
Las organizaciones de derechos humanos calculan que 30.000 personas vinculadas con grupos e ideologías de izquierda fueron asesinados o desaparecidos —secuestrados y asesinados sin que su paradero haya sido revelado— durante la dictadura. Otros dicen que el número es menor.
Debido a algunos comentarios recientes por parte de altos funcionarios argentinos, muchos en Argentina creen que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoyará las causas judiciales contra los crímenes de la dictadura. Macri lo ha desmentido. (Hasta aquí el reporte de The New York Times)
En México, las fuerzas armadas han realizado ejecuciones y tortura sin que hasta la fecha se castiguen.
