Buscan justificar ‘golpe de estado’ con Ley de Seguridad Interior

Es cierto que, como advierten altos cargos de las Fuerzas Armadas de México, al ser utilizadas en tareas policiales propias del Ministerior Público, se degrada la vital función de Defensa Nacional.

Ese desvío de la función de Defensa Nacional se realiza al margen de la Constitución y de la Convención de Palermo y ha sido eje de la «guerra al narcotráfico» declarada en 2006 durante el atroz sexenio de Felipe Calderón (FC), cuando se abrió, a través de la Iniciativa Mérida (IM) un capítulo en la relación bilateral con Estados Unidos signado por un desplome de la soberanía nacional, gestándose un cataclismo humanitario.

Los neoliberales son insensibles al hecho de que somos una población conmocionada por la violencia que emerge de los efectos acumulados de una política económica que por más de 30 años debilita la base del aparato productivo nacional, impulsa pobreza, desigualdad extrema y descomposición del tejido social centrada como está en la explotación y exportación vía maquilas de fuerza de trabajo barata y precarizada.

Aún más, el neoliberalismo es una agresión de clase de alta explosividad, incapaz de generar empleo y bienestar, que acicatea los precipitantes de un Estado fallido aplicando reformas estructurales desde préstamos de diseño FMI-BM-BID, que profundizan la extracción de riqueza de lo público a favor del uno por ciento en materia de educación, transporte, agricultura, salud, infraestructura, reserva minera, forestal, de biodiversidad etcétera.

En este sentido se consolida el temerario reingreso del big oil (Exxon, Chevron, Gulf, etcétera) al estratégico sector energético luego de la desarticulación/privatización y desindustrialización mexicana (veda a más refinerías, que empezamos a padecer) en cuyo funcionamiento están incluidos vastos complejos económico-territoriales.

A la gran tragedia humana que legó Felipe Calderón y sigue sufriendo la nación con Enrique Peña Nieto, se agrega que vivimos en una jurisdicción territorial fragilizada por la vulnerabilidad ante Estados Unidos gestada por la IM. Porque no es un tratado, ni se rige por el Derecho Internacional.

Tampoco es un acuerdo (agreement), sino que, como dijo al Congreso Espinoza Villarreal, es “un arreglo de facto” entre poderes ejecutivos, con dineros de Estados Unidos, que no pasa por el Congreso mexicano, por lo que, como dice Alba León Hernández (Amsterdam Law Forum, Vol 3 n. 4), se rige por medio de leyes del Congreso de Estados Unidos que asignan recursos a las agencias mexicanas, vía Ejecutivo, en línea con instancias varias como el Departamento de Estado, de Defensa o el Department of Homeland Security (DHS), creado en 2002, con un título evocativo:

«Departamento de Seguridad del Suelo Patrio». Quizá por ese tono nazi y territorial la traducción oficial es Departamento de Seguridad Interior.

Esto no es asunto menor. Por estos días se baraja en México una controvertida Ley de Seguridad Interior (LSI), calca de la Homeland Security Act (http://911research.wtc7.net/) que rige con leyes paralelas al DHS, limitando derechos y libertades civiles e institucionalizando el estado de excepción, afectando allá y acá los equilibrios civiles-militares.

Fue una salvajada antinacional endosar la IM cuando ya Bush había dicho que en su diseño de seguridad priorizaría la doctrina de autodefensa anticipatoria (preemption), que encubre brutales guerras de agresión (Irak, Libia, Siria) y el golpismo (regime change) –Honduras, Venezuela, Brasil–.

Ahora Gil Zuarth, ex secretario personal de FC, va por legalizar entreguismo y represión con la LSI, cuya aprobación, advierte el senador Manuel Bartlett, «sería un golpe de Estado» (El Universal, 15/12/16).

Los riesgos de esa ley se captan porque Bush/Obama/Trump aplican el ‘regime change’ en la periferia bajo la noción, con sesgo de intervención/ocupación territorial funcional al imperialismo extractivista, de que «EU está menos amenazado por estados agresivos que por estados fallidos».

Para León Hernández, en lugar de soberanía lo que hay en la IM es «aquiescencia tácita del gobierno mexicano de que es incapaz de enfrentar (al crimen organizado), por lo que requiere recursos de EU».

En 2012 Alan Bersin, subsecretario del «Departamento de Seguridad del Suelo Patrio» celebró la fusión energética de México con Estados Unidos y agregó ante la Cámara de Comercio de Washington DC que ahora (textual): «la frontera sur de EU está, en efecto, en la frontera de México con Guatemala».

Por «eso» les urge frenar cualquier alternativa para perpetuar el estado de excepción y proseguir con la masacre entre mexicanos, incluidas las fuerzas armadas, sin función de la Defensa Nacional. (Edición del texto de John Saxe-Fernández en La Jornada)