Aflora corrupción del gobierno de Mancera y delegados
Ciudad de México. De abajo de los 500 edificios nuevos y viejos, derribados o dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, comenzó a emerger la irresponsabilidad y la corrupción de autoridades de la Ciudad de México, de las delegaciones y de algunas empresas constructoras e inmobiliarias, que forman parte de una cadena de ilegalidades denunciadas desde hace años pero que nunca fueron tomadas en cuenta… hasta hoy.
Las violaciones al Reglamento de Construcción y fallas estructurales en al menos 150 edificios de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza fueron detectadas desde 2012 por un grupo de expertos de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la empresa Holcing Apasco.
En una evaluación a la que este semanario tuvo acceso, se advierte que 75% de las construcciones revisadas fueron dirigidas por personal inexperto.
Los especialistas que participaron en el diagnóstico destacaron la ausencia de un registro confiable y completo de análisis y diseño sísmico de los edificios, y desde entonces, hace cinco años, pidieron al gobierno de la Ciudad de México elaborar dicho registro.
En esa evaluación, titulada Evaluación de estructuras de concreto en la Ciudad de México, cuyo responsable fue el doctor Eduardo Reinoso, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que coordinaron los doctores Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, ya se advertía que el desarrollador inmobiliario era “el gran ganador” en la construcción de los inmuebles, pues evadía su responsabilidad y se la achacaba al Director Responsable de Obra (DRO) o al Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).
Años antes, en 2006, el jefe de Gobierno Alejandro Encinas también hizo una serie de recomendaciones que entregó a la administración de Marcelo Ebrard para atender una situación de emergencia por un sismo de grandes magnitudes.
Encinas elaboró un programa de contingencia con tres instrumentos importantes: el Servicio Geológico Metropolitano, el Atlas de Riesgo por cada delegación, identificando colonias y calles de mayor peligro por el tipo de construcciones que tenían, y un Protocolo de Actuación diseñado junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se especificaban las actuaciones de cada funcionario y cada dependencia en caso de un terremoto.
“Todo eso ya no existe y ahora hay que rehacerlo, porque en este sismo del 19 de septiembre no vimos que existiera un plan de contingencia; tampoco líneas de mando como parte de un protocolo de actuación.
«El reglamento de construcción no se respetó, y lo más grave para la ciudadanía es que se mantiene en reserva el Atlas de Riesgo que elaboramos y que se ordenó fuera público, de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial”, señala en entrevista el exjefe de Gobierno.
(Lea el reportaje especial completo, publicado en Proceso 2135)
