Advierte Marina riesgo de Seguridad Nacional
Ciudad de méxico.- El análisis que presentan hoy Angélica Mercado y Fernando Damián en Milenio, bajo el título Marina plantea ir contra corrupción de élites políticas`’, es sumamente preocupante en al menos dos vertientes: una, la corrupción es tal que ponen en peligro la seguridad nacional; dos, la observación de las fuerzas armadas puede dar espacio a una intervención militar sobre el poder civil.
He aquí el texto en cuestión:
En plena discusión de la Ley de Seguridad Interior, la Secretaría de Marina propuso «reconceptualizar» el modelo de seguridad nacional a través de un modelo integrador, que no se avoque solo al papel de las fuerzas armadas.
Señaló que se debe tomar en cuenta los factores político, económico, psicosocial, seguridad ampliada, ambiental, de género, societal y humano, lo que permitiría ubicar las prioridades en todo momento para atender riesgos y amenazas.
De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Superiores y Navales, elaborado por el almirante José Luis Vergara, ya no basta con percibir y reconocer las amenazas de grupos insurgentes, criminales o terroristas.
Se subraya que debe haber un modelo multifactorial para enfrentar otros aspectos, como los políticos, que generan amenazas a la estabilidad con hechos de corrupción de la élite política y su impunidad, la comunicación entre gobernantes y gobernados, un ordenamiento jurídico eficaz y eficiente, entre otros.
Aunque las iniciativas que se discuten en el Senado y la Cámara de Diputados solo tocan la seguridad interior, la Marina circuló un documento interno denominado «Reconceptualizar la seguridad nacional en México: hacia un modelo integrador», en el que se subraya que la seguridad nacional ha sido un tema escasamente debatido; prueba de ello es que hasta 2005 se creó la Ley de Seguridad Nacional.
Se hace notar que si bien los temas prioritarios del enfoque tradicional son seguridad militar, política, económica y psicosocial, es necesario avanzar en la parte de seguridad societal, humana, ambiental y de género, porque inclusive la violencia política hacia las mujeres o los bajos ingresos que perciben pueden ser un riesgo para la seguridad.
Por lo que toca al factor político, el análisis destaca que en el contexto mexicano se consideran seis factores internos que pueden amenazar la estabilidad de instituciones a nivel político:
«Ausencia de acuerdos entre poderes públicos, debilidad institucional del sistema de partidos, procesos electorales ineficientes, divorcio entre sociedad e instituciones públicas, conflictos derivados de las condiciones laborales y sociales del país, erosión de la cohesión social».
Se hace hincapié en que el gobierno del presidente Enrique Peña propuso una política de seguridad interior y pública enfocada a enfrentar riesgos y amenazas.
A partir de esas nociones el modelo propone que el factor político de la seguridad sea medido a través de variables como cultura política, ideología política, acciones de las élites orientadas hacia el bien común, comunicación entre gobernanentes y gobernados, situación geopolítica ventajosa para el país, ordenamiento jurídico eficiente y eficaz, régimen político, uso de tecnologías para la comunicación política, actos de corrupción de de la élite política e impunidad ante la comisión de delitos, entre otras.
«El modelo asume que una mayor o menor capacidad política en cada una de estas variables puede convertirse en una vulnerabilidad y en una amenaza para garantizar la seguridad nacional, debido a la relación de cada una de ellas con el poder nacional».
Vergara hace notar que hay otros factores de la seguridad ampliada que deben considerarse, como el de género, porque enfrentan amenazas del orden jerárquico patriarcal y violento, caracterizado por instituciones exclusivas, dominantes y autoritarias como los gobiernos no democráticos, iglesias y las élites.
El factor societal, a su vez, se refiere a las amenazas a la identidad y a los grupos minoritarios amenazados.
En cuanto al tema económico, el estudio advierte que debe existir una concepción de «seguridad ampliada» que incluya el tema ambiental, con acuerdos regionales y colectivos.
Anticipa voto en contra
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, anticipó el voto de su bancada contra el proyecto de Ley de Seguridad Interior que, a su juicio, intensifica y legaliza el uso de la fuerza militar en acciones de seguridad pública.
Subrayó que la fracción perredista en San Lázaro impulsará, en cambio, las reformas constitucionales en materia de mando mixto policial.
«El PRD seguirá pugnando por la profesionalización policiaca, así como el reforzamiento de las instituciones de seguridad pública, a fin de retirar paulatinamente al Ejército de las calles», puntualizó.
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé citar a sus integrantes a discutir y votar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior el próximo martes, a fin de someterlo a consideración del pleno este mismo mes.
Prevén dictaminar proyecto de ley esta semana
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé convocar a reunión de trabajo esta semana para dictaminar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por los priistas César Camacho y Martha Tamayo, así como una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional suscrita por Manuel Espino, de Movimiento Ciudadano.
Por mayoría de votos, la Comisión de Seguridad emitió el pasado jueves su opinión a favor de ambos proyectos.
La iniciativa priista prevé la intervención del Ejército y la Marina en áreas geográficas por lapsos determinados, en caso de amenazas a la seguridad interior.
Se enlistan los actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo, la integridad de la Federación, el estado de derecho o la gobernabilidad democrática, así como emergencias ambientales, biológicas, nucleares, químicas, sanitarias o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes o la infraestructura estratégica.
Enumera «cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas».
(Con información de Milenio)
