Núñez: hay en Tabasco voluntad política para combatir corrupción

Al inaugurar el taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobernador Arturo Núñez Jiménez advirtió que al igual que lo hizo desde el principio de su administración al “llamar las cosas por su nombre”, no dejará pasar actos que agravien la conciencia y sentimientos de la sociedad, “trátese de quien se trate y cueste lo que cueste”.

Aseveró que ha tenido que “remar contra corriente para romper inercias perniciosas”,  e indicó que con mucha voluntad política y apegado a la ética de la responsabilidad, su gobierno será el primero en poner el ejemplo para combatir las causas, condiciones y efectos de la corrupción.

Lo hicimos, lo hacemos y lo haremos por las mismas razones que han inspirado mi conducta pública y privada durante más de 45 años dedicados a la política: alto sentido del deber, mística de servicio, y profundo amor a Tabasco y a México, asentó.

Acompañado del diputado federal Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y del auditor superior Juan Manuel Portal, Núñez Jiménez afirmó que el nuevo modelo anticorrupción impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto “más que pasos” representa “zancadas” en el camino correcto para abatir este indeseable fenómeno.

En el foro convocado por la Comisión de Vigilancia de la ASF, que marcó el inicio de un amplio ejercicio de divulgación nacional de la reforma constitucional que dio paso a los sistemas nacionales anticorrupción, de transparencia y de fiscalización, el mandatario reiteró su voluntad política para, desde Tabasco, dar viabilidad a este modelo, haciéndolo potente, robusto y eficaz.

 

Reingeniería jurídica e institucional

Indicó que en los próximos 180 días marcados en el transitorio de la reforma constitucional, en Tabasco se harán las adecuaciones legislativas conducentes para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción, consolidar el Sistema Estatal de Transparencia y de Contabilidad Gubernamental, y transformar las instituciones encargadas de la rendición de cuentas y control gubernamental.

También, abundó, se concientizará a las autoridades sobre los alcances de este sistema, y se capacitará a los servidores sobre la implementación y su papel dentro del modelo. Agregó que el combate eficaz contra la impunidad y opacidad obliga una reingeniería jurídica e institucional, además de una renovación moral de la sociedad, que pasa por la reconfiguración de la ética individual y ética pública.

El legislador Luis Maldonado destacó el interés del gobernador Núñez para hacer de Tabasco el primer estado del país en atraer este tipo de ejercicios destinado a poner un alto definitivo al fenómeno de la corrupción, y refrendó el respaldo de la Comisión de Vigilancia para acompañar a la entidad en el proceso de armonización de leyes locales.

Maldonado Venegas ofreció un panorama del paquete de orden constitucional y legal en la materia que, entre otros aspectos, fortalece las funciones de la ASF, que a través de la nueva Ley de Fiscalización podrá auditar en tiempo real el ejercicio del gasto (es decir, se rompe el principio de anualidad) y revisar las participaciones de los estados, ya sea de forma directa o en coordinación con entes competentes locales.

Ante Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, planteó los desafíos para afianzar el modelo, entre ellos, lograr una participación ciudadana responsable, que desincentive el uso mercenario del sistema o la formulación de acusaciones sin pruebas.

 

Sanciones, también a particulares

En su intervención, Vargas Zempoaltecatl recalcó que el SNA, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, además que constituye un avance histórico en el combate a la corrupción y en la convicción de lograr una administración pública eficiente.

Aseguró que la reforma constitucional en la materia permitirá consolidar el trabajo de la SFP, de la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas, para así emprender acciones que transparenten el ejercicio del servicio público.

El funcionario federal destacó que entre las nuevas medidas legales se contemplan sanciones a los particulares que incurran en corrupción, además de incluirse la obligación de los servidores públicos de hacer sus declaraciones patrimonial y de posible conflicto de interés, y prevé sanciones severas ante faltas administrativas graves.

Participaron en el foro alcaldes, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como representantes de los poderes Judicial y Legislativo, los responsables de los órganos de control y vigilancia de recursos públicos, y de dependencias, entidades e instancias ejecutoras del gasto.