Buscan fuerzas del pasado frenar el progreso de Tabasco
Villahermosa, Tabasco. Con la admisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y CEDH Tabasco en contra de las leyes de obras públicas y adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, por permitir asignaciones directas como regla y no como excepción.
La diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, ventiló que, en los estrados del máximo órgano judicial, aparece como admitida está controversia que busca dar marcha atrás a las modificaciones que realizó el Congreso de Tabasco a las leyes antes mencionadas por la cual se busca dar obras de la refinería en adjudicación directa.
En los estados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece registrada como acción de inconstitucionalidad 99/2018.
La diputada federal consideró a título personal, que el próximo gobierno estatal y federal no debería hacer ninguna contratación directa mientras el tribunal no resuelva al respecto.
Aunque dijo que posiblemente la Suprema Corte le dará celeridad al tema.
La legisladora priista dijo que propondrá a sus compañeros de bancada, poder emitir un punto de acuerdo para exhortar al órgano judicial darle celeridad al asunto, aunque refirió que hace poco emitieron otro punto de acuerdo para invitar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que les brinde todo lo relacionado con la construcción de la refinería en Tabasco, bajo la sospecha de que se podría asignar de manera directa la obra.
Resaltó que no están en contra de los proyectos que puedan sacar a Tabasco del decrecimiento económico, sino de que se trata de realizar acciones que sean en contra de los mandatos constitucionales.
Hay que recordar que en fechas pasadas la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitó al Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco, ya que se afectaría de manera grave el proceso de competencia, además que sentaría un mal precedente para otras entidades del país.
(Con información de XEVT)