Mayas ganan amparo para ser incluidos en el ASPY

Mérida, Yucatán. La razón por la que se interpuso el amparo al Acuerdo por la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY) es porque al construirse no se incluyó a las sociedades mayas de la región.

No se trata sobre si el impacto será bueno o malo, sino que es una cuestión de participación de las comunidades indígenas, quienes también tienen el derecho a decidir sobre su entorno, afirmó Raymundo Espinosa Hernández, abogado asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), experto en derecho constitucional y amparo, y representante de los quejosos en juicios contra el ASPY.

Tras el amparo favorable, consideró que, si se realiza, será “la consulta indígena más grande que se haya hecho en México en las centenas de comunidades indígenas en los tres estados. El objeto de la consulta es todo el acuerdo, el plan de negocios verdes presentado por las autoridades y las empresas”.

Espinosa Hernández criticó las declaraciones vertidas a La Jornada Maya por los titulares de medio ambiente de Quintana Roo y Campeche, pero también cuestionó las opiniones en este medio al atacar a las organizaciones y las comunidades indígenas que participaron en el amparo del ASPY.

Aseguró que los artículos de opinión representan a gente con inversiones, con alianzas con el ASPY o voceros del acuerdo, porque realizaron ataques y calumnias sin sustento, fuera del debate, que demuestran una “falta completa de ética que se atrevan a publicar estos contenidos sin aportar una prueba”, e incluso pudo ser ilícito hacerlo.

Señaló que las declaraciones que se han hecho y se recogieron en distintos medios, especialmente La Jornada Maya, permiten ver las perspectivas distintas de un mismo asunto, como la del secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, quien dijo que no sabía que se tenía que consultar a los indígenas.

“El de Campeche expresó que le partieron la madre a quienes confiaron en el ASPY. A esas personas son a quienes los consultaron en secreto. ¿Y las comunidades indígenas? El señor habló desde las vísceras, no con argumentos”, agregó.

Espinosa Hernández dijo, “lo que me parece que está más allá del debate son los ataques y calumnias que hacen gente que desconozco qué hagan, que escribió artículos ahí en La Jornada Maya. Expresan otra parte de la población, gente con inversiones, que tenía chambas o actuó como vocero del ASPY.

“No me parece correcta la manera en que atacan a las organizaciones que participaron en el proceso jurídico. Es por ataques contra las propias comunidades indígenas que participaron”.

Y afirmó: “que las personas intenten descalificar a los compañeros de las comunidades que, con sus propios recursos, sin el apoyo de nadie, iban y venían, es carente de ética.”

También acusó como falta de ética a “la manera en que atacaron a la ANAA, quien señala que recibe financiamiento internacional, trasnacionales que quieren hacer negocio en la península de Yucatán, que desconocemos ambientalismos y paisajes bioculturales, que atacamos el ASPY por estar en contra de la conservación, de las medidas sustentables”.

El abogado de la ANAA signó que “son calumnias, me da vergüenza que publiquen de esa manera. Son puros dichos, carecen de sustento. Cuando afirman cosas tan graves, deben presentar sustento (…) parece que todo es coraje, intuición. No sé de dónde sustentan sus afirmaciones. Es un intento de desacreditar a un espacio de articulación social”.

Y puntualizó que “es una falta completa de ética que se atrevan a publicar estos contenidos sin aportar una prueba. Es un insulto contra quienes participamos ahí. Entiendo que estén molestas, una cosa es que argumentemos en torno al problema, pero otra es que se pongan a atacar torpemente, visceralmente a la gente que participa, no es ético, incluso puede ser ilícito lo que hicieron”.

Participación maya

Espinosa Hernández destacó que el motivo principal por el que se ampararon las comunidades mayas contra el ASPY es porque fueron omitidos en la construcción del acuerdo, además de que se requieren de las consultas públicas debido al impacto que tendrá sobre ellas.

Se trata de una articulación regional de una serie de proyectos que ya vienen sucediendo, y otros que se plantean como posibilidades, que abarcan una serie de ejes sensibles de interés para los mayas y relacionados con el territorio: patrimonio biocultural, el paisajismo, propiedad intelectual indígena, recursos naturales, que son cuestiones que a la gente le preocupan mucho, explicó.

Era un proyecto que articula una serie de esfuerzos por parte de las instituciones públicas y de negocios, impulsado por más de medio centenar de empresas, indicó. Todas las actividades del ASPY aterrizan en el territorio, susceptibles a que se desarrollen los territorios habitados por las comunidades mayas, manifestó.

“Afinamos la reflexión y notamos la importancia del ASPY como una pieza clave para esta racionalización y coordinación de acciones para esto que llaman economía verde”, reconoció.

El acuerdo de la COP 13 de Cancún entró en vigor al día siguiente de la firma, sin embargo tenía una anomalía, la violación de derechos de comunidades indígenas en territorios que pueden ser impactados, porque tienen derecho a la consulta, a la información, a la participación en los procesos de elaboración y ejecución del acuerdo, pero eso no sucedió, manifestó el litigante, lo que incluye a los mayas y comunidades que pueden ser afectadas, como campesinos y pescadores de las tres entidades, agregó.

Para ser una norma de carácter general, para entrar en vigor de manera válida, requiere ser publicada en los Diarios Oficiales del gobierno, incluso en el ASPY se menciona esa cláusula, pero no sucedió, expresó.

Se puso en vigor sin ser publicado en los diarios oficiales de los gobiernos firmantes, acusó, lo cual “es una grave violación al debido proceso, de cuestiones elementales de cualquier Estado de derecho”.

Sobre la publicación en español, indicó que parte de la población afectada es maya, y muchos entienden ambas lenguas, pero hay otros que no y unos que se les facilita más la maya. “Es obligación que las normas y documentos que impacten al derecho al territorio de las comunidades se difundan en castellano y también en maya”, resaltó.

“Con esos elementos es que concluimos que se tenía suficiente base para promover los juicios de amparo en Yucatán y Quintana Roo, pero en Campeche no se pudo porque la gente no se animó, porque muchas organizaciones de la sociedad civil temían entrar a juicio y demandar al gobierno”.

Eso hizo que Educe se quedara como única organización civil en Quintana Roo, y con el Consejo Regional Maya del poniente de Bacalar, mientras que en Yucatán fueron Pedro Uc y Russell Peba, que después se integró por la Asamblea de Defensores del Pueblo Maya, señaló.

Demanda peninsular

Explicó que en Yucatán la demanda fue desechada porque dicen que no existe “interés legítimo para promoverla, porque no causa agravio el acuerdo”. Luego, se promovió un recurso en contra del desechamiento, el cual se gana y se alega que el acuerdo causa agravio sin necesidad que haya un acto completo de aplicación derivado del mismo. El Tribunal Superior Colegiado de Circuito les da la razón y obliga a que juez de primera instancia reciba la demanda y le dé trámite.

El juez primero de distrito reconoce que en el ASPY se habla del pueblo maya, sin hacerle justicia a la trascendencia e importancia histórica, económica, política, social y cultural que tienen para la península de Yucatán.

En el acuerdo se habla de los mayas como parte del paisaje, cuando se refieren al turismo, pero no hablan de los mayas como verdaderos sujetos y su importancia, manifestó el abogado.

Ante eso, a las secretarías de medio ambiente, los miembros del comité y gobernadores, se les indica que se requiere agregar al texto actual un capítulo en el que se reconozca la importancia del pueblo maya, con la información que debería contener.

Además, en el ASPY no se prevé que los proyectos y acciones que sí impactan en el territorio de los mayas, cuando tienen un impacto significativo según mecanismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se actualiza la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en cuestión. Por lo tanto, hay un derecho que no se prevé en su acuerdo, reiteró.

Por tal motivo, el juez obliga a las autoridades a incluir un segundo capítulo que regule la manera en que se llevarán a cabo los procesos de consulta equiparables, cuyos territorios tengan acciones del ASPY.

La resolución fue impugnada por las autoridades de Campeche y Quintana Roo, pero en el caso de Yucatán los abogados de la Seduma perdieron los tiempos e interpusieron tarde el recurso, por lo que fue desechado, señaló. Ahora está en manos del Tribunal Superior Colegiado de Circuito.

En Quintana Roo, el juzgado de distrito recibió la demanda. Después de unos meses, salió la sentencia y en esta ocasión se niega el amparo, porque dice que no hay “interés legítimo”, porque se requería de un acto concreto de aplicación para que afecte.

El tribunal de Chetumal dio la razón y emitió sentencia donde se nos concede el amparo. En los tribunales colegiados conformados por tres magistrados, se deciden con votos en el pleno por unanimidad o decisión dividida. El proyecto original se encargó a una magistrada del Tribunal Colegiado, pero presentó un proyecto donde se les negaba el amparo, como ocurrió en la primera instancia, declaró.

La magistrada en contra, manifestó un “voto particular” expreso para que todos se enteren, “salvo que quiera decirle a alguien ‘perdimos, pero yo me defendí’”, en el cual expuso las razones de su desacuerdo, porque defendió “los mismos argumentos que presentaron en sus informes las autoridades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán”, cuestionó.

Los otros dos magistrados estaban en desacuerdo, por lo que la negativa fue rechazada, retirada y turnada a otro magistrado. Él presentó un nuevo proyecto de sentencia, el cual nos da la razón porque causa agravios a los quejosos y se omitió consulta, la publicación en diario oficial y en lengua maya.

En la sentencia de Quintana Roo dice que se tenía la obligación de consultar a los mayas en todo el ASPY, no en las acciones derivadas del acuerdo mismo. “Eso buscábamos: reconocer el derecho de los mayas a ser informados y consultados de la articulación del ASPY”, comentó.

Lo segundo que ordenan es que en caso de cumplido el procedimiento de consulta, se tenga vigencia el acuerdo de nuevo; tendrá que ser publicado en medios oficiales de las entidades federativas para tener valor, en castellano y maya, con difusión en medios accesibles para el pueblo maya.

Mientras sucede, el ASPY queda insubsistente. No se puede operar, no puede aplicarse, no puede hablarse del ASPY para justificar o relacionar proyectos, porque sería violatorio de la sentencia y sería un delito.

“No son sentencias contradictorias, son complementarias. En una se pide que se consulte todo el ASPY y en la otra se pide la modificación del contenido para agregar dos capítulos”.

La sentencia del tribunal colegiado de Yucatán no podrá contradecir ni irá por debajo de lo establecido por el de Quintana Roo. “Prácticamente ya ganamos”.

ANAA, sin salarios; autogestivo

Sobre la ANAA, a la que ingresó a mediados de 2011, aclaró que “no es una ONG, no es una asociación civil”. Explicó que se trata de un espacio de articulación donde coinciden diferentes luchas y procesos colectivos del país, que participan en la defensa del territorio de distintos tipos de proyectos (minería, agua, bosques).

“Es de manera solidaria, no hay estructura, salario; todo es autogestivo, la gente coopera para que se hagan las actividades”, expresó. Por lo que rechazó las acusaciones de que tienen intereses secretos o de empresas trasnacionales en el amparo.

(Con información de La Jornada Maya)