Indígenas mayas se amparan contra el ASPY
Mérida. El próximo 16 de abril se llevará a cabo en el Foro/Encuentro El pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan, a iniciativa de los defensores de derechos humanos y del territorio Pedro Uc y Rusell Peba con el apoyo de la Asociación Civil Educación Cultura y Ecología (Educe) con sede en Chetumal, Quintana Roo.
Al respecto platicamos con Pedro Uc, poeta maya y defensor de derechos humanos y del territorio, quien comenta que el encuentro estará dividido en dos sesiones, la primera será un espacio cerrado para la reflexión y compartición de experiencias por parte de las organizaciones y colectivos participantes, donde abordarán las distintas problemáticas que viven en sus territorios, tanto ambientales como de despojo.
Estarán presentes Ka’anan Ts’onot Guardianes del Agua de Homún, el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, la Unión de pobladoras y pobladores de Chablekal por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales, Demandantes del ASPY de Yucatán, la Asamblea de defensores del territorio maya Múuch’ Xíinbal y Concejales por Yucatán del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena.
El foro contará con la participación de invitados especiales: la periodista Gloria Muñoz Ramírez de Desinformémonos, Ramón Vera Herrera de la organización Grain, Raymundo Espinosa Hernández de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y Emmanuel González Ortega de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
La segunda parte será una sesión abierta para dar a conocer los trabajos realizados durante el foro así como los resultados, propuestas o pronunciamientos que de él se deriven.
Amparo contra el ASPY
De acuerdo con Pedro Uc, uno de los temas a tratar será el de la “sustentabilidad”, lo considera como una “trampa” porque se ha utilizado para despojar de sus territorios a las comunidades indígenas mayas. Refiere que el Acuerdo para la Sustentabilidad en la Península de Yucatán (ASPY) firmado el 10 de diciembre de 2016 en Cancún, en el marco de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), ha sido diseñado para permitir el saqueo, la invasión y la explotación del territorio maya por todo tipo de empresas, incluyendo las que se autodenominan de tecnologías “limpias”.
“Nos dimos cuenta que es un acuerdo que violentaba los derechos indígenas”, pues pone en operación cuatro grandes proyectos: las energías renovables, el turismo sustentable, las mega granjas y las semillas transgénicas, dice Uc. “Hablan de habilitar ciertos corredores en donde haya atractivos naturales como los cenotes, las lagunas y zonas arqueológicas” para el turismo, “las granjas tienen que ocupar espacios que pertenecen a la población maya o los ejidatarios”, algunas son propiedad privada sin embargo “no dejan de impactar a los alrededores”.
Destaca que este proyecto no ha sido consultado con la población maya, “no supimos nunca cómo se organizó, cómo se pensó”, cuando se enteraron ya estaba firmado “lo curioso es que este acuerdo no lo publicaron en el Diario Oficial del Estado, pensamos que un acuerdo de esta magnitud se publicara para que se pudiera enterar la gente”.
Ante el riesgo que corre la Península de Yucatán por “la tenencia de la tierra y los perjuicios ambientales y la violación al acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al artículo 2 constitucional y las leyes que derivan de ella, nosotros nos amparamos en contra de este acuerdo” asesorados por el abogado Raymundo Espinoza. El amparo fue interpuesto por Pedro Uc Be y Rusell Peba Ocampo, manifestando que están siendo violentados sus derechos culturales, de territorio y de consulta, comenta que también en Bacalar, Quintana Roo “algunos compañeros se ampararon”.
En la primera ronda, el juez en Yucatán, determinó que no procedía el amparo pues los demandantes no tenían interés jurídico e interés legítimo, “traducido a nuestro entender es que no estábamos afectados directamente en nuestro terreno y que no somos indígenas”, tendrían que demostrar que si son indígenas y su afectación jurídica.
Para hacerlo acudieron al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) para solicitar un documento donde dijera que son indígenas “no tenemos y no damos, eso cada quién se asume”. Con diplomas por haber ganado concursos de poesía en maya e impartir talleres en esta lengua, es que Pedro Uc logra demostrar el interés legítimo solicitado por el juez, mientras que el interés jurídico se demuestra al destacar que el ASPY será aplicado en todo el estado.
En la segunda vuelta en noviembre de 2017 el juez falló a favor de Uc y Peba, por lo que el ASPY no se puede implementar tal y como está, “era necesario que los tres gobiernos informaran a través de sus dependencias demandadas”. El amparo también fue interpuesto en Quintana Roo y en Campeche, es por lo anterior que se decide realizar este foro, en el que decidirán los siguientes pasos a seguir.
(Con información de La Jornada Maya)
