Proponen aplicar pruebas de confiabilidad a futuros docentes
Chetumal. – Para reforzar la integridad de los estudiantes en los estados del país, la XV Legislatura aprobó un exhorto dirigido a las autoridades educativas a nivel federal, para que en las convocatorias de los concursos de oposición para el ingreso al servicio de educación básica y media superior, se solicite a los aspirantes una prueba psicométrica y toxicológica.
El punto de acuerdo, promovido por la diputada Candy Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, fue avalado por unanimidad por el Pleno del Congreso del Estado, con la finalidad de hacer valer lo establecido en la Ley General de Educación, en el sentido de salvaguardar la integridad física, psicológica y social del alumnado dentro de los planteles, así como garantizar un entorno libre de violencia.
El exhorto está dirigido a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, a las secretarías de educación de las entidades federativas, y a las legislaturas locales, para que se adhieran al acuerdo en reconocimiento de la aceptación del requisito de constancia oficial de validación de una prueba psicométrica en las convocatorias de ingreso al servicio en la educación básica y media superior.
Ayuso Achach expuso en tribuna que no solamente en Quintana Roo sino en diferentes estados de la República, se han presentado casos de agresiones sexuales a los estudiantes, y que, a pesar de que se han emitido diversas recomendaciones para implementar medidas rigurosas, algunos miembros del personal escolar han vuelto a estar involucrados en quejas de abuso y/o acoso sexual.
Es por ello que resulta necesario generar las directrices y políticas públicas que consoliden el bienestar de las niñas, niños y jóvenes, a través de añadir dos requisitos de ingreso, como lo son las pruebas psicométricas y toxicológicas, para garantizar una cultura de respeto a la dignidad, derechos y buen trato hacia la niñez y adolescencia en todos los centros educativos del país.
(Con información del Poder Legislativo del Congreso de Quintana Roo)
