Félix y Borge saquearon reserva territorial de 7 municipios
Cancún.- Los documentos muestran cómo la mayoría de los títulos de propiedad fueron otorgados por Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo en el sexenio de Roberto Borge, y su antecesora, Gina Patricia Ortiz, durante el sexenio de Félix González Canto.
Puerto Morelos, enclavado en la Riviera Maya, entre manglares, cenotes y lagunas, con una playa entre azul y verde esmeralda con poca profundidad, posee un conjunto de hoteles, la mayoría ecológicos, que pueden llegar a costar de mil 500 a siete mil pesos por noche.
El municipio tiene más de 10 mil habitantes; la mayoría de ellos son ejidatarios dedicados a la pesca, al tráfico comercial marítimo y al turismo.
Y fue esta nueva demarcación, al norte de Quintana Roo, a la que despojaron del 60% de su reserva territorial en operaciones fraudulentas orquestadas desde el gobierno estatal, documentó el portal Eje Central.
El expediente revela que la apropiación irregular de tierras de alta plusvalía e interés comercial impactó a siete de los 11 municipios de Quintana Roo.
Después de Puerto Morelos, el municipio de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen y Puerto Aventuras, perdió el 52% de su reserva territorial, a consecuencia la operación de despojo que la red de funcionarios, empresarios y políticos, junto con sus familiares.
Dichos municipios fueron blanco de este tipo de operaciones, de acuerdo con la Secretaría de la Gestión Pública estatal. Benito Juárez (Cancún) sufrió el 36% de pérdida territorial; Cozumel el 23%; Tulum el 20% y Felipe Carrillo Puerto el 10 por ciento.
Este semanario buscó a los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto para conocer su postura respecto a las investigaciones en su contra. Ninguno de los dos respondió directamente.
Sólo Hendrick Díaz, a través de su asesor Eduardo Sadot Morales, comentó que desconocía que existiera alguna indagatoria en su contra. “Sé que hay una investigación amplia en Quintana Roo, pero de esa información no conozco nada, no hay nada al respecto. A nombre del licenciado Hendricks le adelanto que hay la mejor disposición de contribuir, y aclarar cualquier investigación”.
Los rostros del despojo
El empresario poblano Enrique Hernández es una pieza fundamental en esta trama, pues a través de él se constituyeron empresas cuya actividad principal se concentró en los sectores inmobiliario y desarrollador de vivienda social y de lujo.
La operación se consuma de la siguiente forma: autoridades en Quintana Roo les otorgaron las facilidades no sólo para localizar, sino para legalizar y acreditar los títulos de propiedad, así como permisos ambientales. Luego de las asambleas, se compran acciones o se venden los derechos de títulos de propiedad, de los cuales se simula su alta en el Registro Público de la Propiedad del estado, por lo tanto, no aparecen formalmente; es decir, las instituciones sellan la documentación necesaria para que las escrituras tengan valor institucional sin estar registradas.
Durante por lo menos los últimos tres sexenios, señalan los documentos, funcionarios del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (Inforvir), del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estatal y el Registro Público de la Propiedad de cada municipio han participado en este esquema de apropiación de predios.
También aparecen Santy Montemayor Castillo, actual diputada federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito III de Quintana Roo, y exdirectora del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Benito Juárez; además de Sandra Mireya Bello Gutiérrez, nombrada delegada del IPAE en la isla de Cozumel por el gobernador Roberto Borge, el 16 de mayo de 2011.
Durante el gobierno de Borge, Claudia Romanillos fue la funcionaria más cercana al exgobernador dentro de la Tesorería General del estado y también en la Oficialía Mayor. En su gestión al frente del IPAE vendió, de acuerdo a documentos que forman parte de las pesquisas, las reservas territoriales en los siete municipios.
En todas las operaciones de trasferencia de propiedad, sostiene un informe, medió la autorización de Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo durante el sexenio de Borge.
El Congreso de Quintana Roo dictaminará si procede el juicio político contra Roberto Borge y sus cómplices. Uno de los encargados de realizar la votación es el hijo del exgobernador, Mario Villanueva, Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado del partido Encuentro Social. (Fuente: Eje Central)
(Con información de Eje Central, a través de Noticaribe)
