El que es corrupto es corrupto

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, remató predios, terrenos y residencias de la reserva territorial de Cozumel para beneficiar a familiares, amigos y a empleados de su familia, reveló una investigación del noticiero 10 En Punto, de Televisa.

De acuerdo con la investigación, en mayo de 2011, un mes después de que Roberto Borge asumió la gubernatura, el Instituto de Patrimonio Estatal de Quintana Roo entregó a César Celso González Hermosillo y Melgarejo dos predios de más de20 mil metros cuadrados en Cozumel.

González Hermosillo es un amigo cercano de la familia Borge, ya que defendió al padre del actual gobernador en 1994, cuando fue encarcelado por fraude.

El abogado pagó un millón 244 mil 565 pesos por un predio de 12 mil 445 metros cuadrados en Cozumel, lo que significa que pagó 100 pesos por metro cuadrado, indica la investigación.

Una operación similar ocurrió con un terreno de más de siete mil metros cuadrados por el que González Hermosillo pagó 745 mil 367 por el predio.

El programa conducido por Denise Maerker reveló que González Hermosillo transfirió esos dos terrenos y una propiedad más a María de Lourdes Pinelo Nieto, quien lleva más de 30 años trabajando como secretaría de la familia Borge.

La investigación periodística agrega que, el 3 de diciembre de 2013, el Instituto de Patrimonio Estatal de Quintana Roo, presidido por el gobernador Roberto Borge, le vendió otro terreno de 11.7 hectáreas de la reserva territorial a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del mandatario estatal.

La madre del gobernador pagó 15 millones 367,523 pesos por el terreno, lo que equivale a que cada metro cuadrado tuvo un costo de 137 pesos, a pesar de que se encuentra en la playa, frente al Parque Marino Nacional de Arrecifes y ubicado a un costado del hotel Iberostar, de Cozumel, donde el metro cuadrado sew cotiza en dos mil pesos.

En abril de 2015, la madre del gobernador de Quintana Roo cedió el el terreno de 11.7 hectáreas a  César Celso González Hermosillo.

Borge Angulo es uno de los gobernadores que no ha presentado su 3 de 3 (declaración patrimonial, fiscal y de interés) en la plataforma ciudadana del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

El pasado 17 de septiembre, el el equipo de transición de la nueva administración en Quintana Roo reveló que investigan el presunto desvío de casi 2 mil millones de pesos del todavía gobernador.

 

Remate en Akumal

Dos meses antes de concluir su administración, el Gobernador Roberto Borge, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), entregó a la empresa BP Promotions S. A. de C. V,. del empresario Pablo Piñero, propietario del grupo hotelero Bahía Príncipe, un terreno de un millón 630 mil metros cuadrados en Akumal a un costo irrisorio de 65 pesos el metro cuadrado.

El Grupo Bahía Príncipe pagó por esta ganga sólo 107 millones de pesos, cantidad que aunque puede parecer elevada, en realidad es una mínima parte de lo que el predio podría llegar a costar comercialmente.

Y es que el terreno, con mil 590 metros de frente de la carretera Playa del Carmen-Tulum, tiene una privilegiada ubicación en el corazón de la Riviera Maya, colindando al norte con el pueblo de Akumal y al sur con un mega desarrollo turístico e inmobiliario del mismo grupo Bahía Príncipe que fue desarrollado en terrenos que el propio IPAE les vendió a precios de regalo en anteriores administraciones.

La venta de este nuevo fue ventilada la tarde de hoy durante la comparecencia en comisiones del Congreso de Quintana Roo de la titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva.

Ante los diputados, que la cuestionaron quisquillosamente sobre este tema, la funcionaria se mostró evasiva y trató de minimizar los señalamientos, al asegurar que el predio se vendió en ese precio porque tiene ‘valor nulo’, ya que supuestamente en estos momentos no se podría desarrollar nada en el lugar.

De acuerdo con Emiliano Ramos, la venta del terreno se realizó apenas el pasado 29 de julio del 2016, mismo día en que, de forma sorprendente, la propiedad les fue titulada y quedó asentada en el Registro Público y de Comercio en Playa del Carmen con la clave catastral 905002001100001, a pesar de que un trámite de este tipo, en condiciones normales, puede demorar hasta semanas.

En 2007, Noticaribe documentó cómo el IPAE, desde la época Mario Villanueva Madrid, convirtió al Grupo Bahía Príncipe de Pablo Piñero en uno de los grupos empresariales españoles más beneficiados con la venta de terrenos del patrimonio estatal a precios de ganga.

Hasta el 2007, mediante documentos obtenidos a través de la la Unidad de Transparencia, se pudo documentar que Bahía Príncipe ya poseía 477 hectáreas en la Riviera Maya, tanto terrenos frente al mar donde construyó y actualmente opera un complejo turístico de 3 hoteles, como del otro lado de la carretera, donde construyó un complejo inmobiliario con otros dos hoteles, campos de golf y residencias de lujo.

En ese entonces, Noticaribe documentó como Bahía Príncipe había adquirido codiciados terrenos a un precio simbólico de 2.24 dólares por metro cuadrado en promedio, cuando el dólar costaba muchísimo menos que ahora.

De acuerdo con un reporte parcial de las ventas de terrenos que desde 1995 a la fecha realizó en una primera instancia el desaparecido Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe (Fidecaribe) y posteriormente el organismo sustituto, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Gobierno del Estado (IPAE), se pudo establecer que la cadena española había pagado hasta el 2007 10 millones 732 mil 695 dólares por la compra de cuatro millones 773 mil 360 metros cuadrados de terrenos.

La información obtenida a través de la Ley de Transparencia revela que el Grupo Piñero no fue el primero en plasmar en económico su interés por la Riviera Maya en 1998, cuando apenas estaba despegando como destino turístico, pero fue el que más rápidamente se posicionó y tuvo la visión de lo que el futuro deparaba a esta región porque inició la estrategia de adquirir el mayor número de terrenos en la zona, pero haciendo negocios directamente con el gobierno estatal que les cedió sus mejores predios a precios de regalo.

La mayor parte de los terrenos que el Grupo Piñero compró a un precio bajísimo al Fidecaribe y al IPAE durante el 2003 y el 2005 corresponden a extensas áreas de manglar que se supone tenían un estatus de conservación dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del corredor Cancún-Tulum y que se mantenían bajo resguardo de la Fundación Ecológica Bahía Príncipe.

Sin embargo, debido a lo cambiante de la legislación ambiental e, inclusive, de los retrocesos de la propia norma de protección al manglar, nada garantizaba que en el futuro estos terrenos no podrían ser desarrollados turísticamente y por eso el Grupo Piñero consideró que su compra no era un gasto innecesario, sino una inversión a futuro.

Este escenario quedó demostrado cuando, posteriormente, el terreno donde Bahía Príncipe construyó su actual campo de golf —y que colinda con el terreno recientemente adquirido al gobierno de Roberto Borge-, originalmente tenía estatus de conservación, pero nada impidió que luego obtuviera de parte de la Semarnat un cambio de uso de suelo.

Casualmente quien en la época en la que se construyó ese proyecto estaba al frente de la Semarnat en Quintana Roo, como delegado, era Carlos Rafael Muñoz Berzunza, quien durante toda la administración de Roberto Borge se desempeñó como secretario de Medio Ambiente y está a unos días de dejar el cargo.

Otros grupos hoteleros, varios de ellos españoles, también se beneficiaron en el pasado de la venta de terrenos del IPAE a precios de ganga. (Noticaribe, Animal Político y Televisa)

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