Disputan estado y municipio la plaza de Solidaridad

Pan y Morena exponen opiniones contrarias entre sí sobre la intervención del gobierno estatal en la Seguridad Pública en Playa del Carmen

Cancún, Quintana Roo. El acuerdo mediante el cual el gobierno estatal asume el mando de Seguridad Pública y Tránsito dentro Solidaridad ha generado opiniones encontradas entre la clase política de la entidad: mientras algunos avalan esta decisión, otros la consideran una invasión a las facultades del gobierno municipal de Solidaridad.

Ricardo Velazco Rodríguez, presidente estatal de Morena, resaltó que esta decisión invade las funciones de la alcaldesa Laura Beristain, pues el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la seguridad es una tarea del gobierno municipal y, por lo tanto, un decreto de tal magnitud carece de legalidad.

“La decisión está injustificada (…) Se están invadiendo funciones que son facultad de la presidenta municipal”, enfatizó. El partido, agregó Velazco Rodríguez, apoyará en la ruta jurídica que decida seguir la alcaldesa de Solidaridad.

Blanquiazules avalan decreto

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) –segunda fuerza política en la entidad, después de Morena– avaló dicha decisión que busca única y exclusivamente garantizar la seguridad de la ciudadanía de dicho municipio.

Juan Carlos Pallares Bueno, presidente de la bancada blanquiazul en Quintana Roo, resaltó que esta decisión no debe ser vista como una imposición del gobierno del estado, sino una oportunidad para trabajar en equipo y dar solución a la problemática de inseguridad que se ha recrudecido en Solidaridad en los últimos siete meses.

“Es necesario entender que es una acción de ayuda. Es colaborar con el Ayuntamiento de Solidaridad y por ningún motivo es vulnerar la autonomía municipal”, apuntó.

El dirigente estatal del Acción Nacional manifestó su respaldo a esta decisión, la cual llegó en un buen momento: de no haberse llevado a cabo, se pondría en riesgo la principal industria de la que viven miles de personas: el turismo.

“Todos comemos del turismo, desalentar a que no venga (el Mando Único) nos pone en riesgo. Por ello esta decisión es oportunidad y así debe ser entendida”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la XV Legislatura, Ramón Padilla Balam, coincidió que en lugar de pensar en una supuesta violación a la autonomía municipal, se debe privilegiar la seguridad de las personas.

Asimismo, consideró que la alcaldesa debe reconocer que faltan más elementos más vigilancia y seguridad en su municipio.

El acuerdo donde se establece la entrada en vigor del Mando Único, firmada por Carlos Joaquín, señala que el decreto será temporal y el mando lo recuperará nuevamente la presidente municipal a más tardar el 10 de septiembre del año en curso. El mando durará el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, pero no podrá mantenerse más allá de la fecha antes señalada.

Asimismo, estipula que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Capella Ibarra, fungirá como delegado de este mando y los integrantes de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad deben obedecerlo.

El decreto del gobernador está fundamentado en el Artículo 115 de la Constitución Política de México, que establece que la policía preventiva “estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

En tanto, el Artículo 157 de la Constitución Política de Quintana Roo señala que la policía preventiva municipal estará al mando del alcalde en los términos del reglamento correspondiente, quien acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que juzgue necesario.

(Con información de La Jornada Maya)