‘Delincuencia organizada institucional’ en Quintana Roo
Para la periodista Fabiola Cortés Miranda, quien ha documentado 34 casos de remates del patrimonio territorial en tiempos de Félix González Canto y Roberto Borge, la ecuación es muy clara:
Hay elementos para presumir que durante su desempeño como gobernador, Borge usó recursos públicos para satisfacer intereses propios a través de terceros, quienes fungieron como prestanombres para adquirir bienes.
Entre las adquisiciones está la naviera Barcos Caribe, cuyo valor sobrepasaba sus posibilidades económicas, tomando en cuenta sus ingresos como titular del Ejecutivo, que en 2016 —su último año de gobierno— fueron 152 mil pesos al mes.
Los presuntos prestanombres tampoco poseían ingresos que les permitieran fundar dos inmobiliarias y la naviera.
Por su parte, Romeo Villanueva recuerda que la familia Borge estaba en graves apuros económicos antes de que Beto asumiera el cargo de gobernador, pero se recuperaron lo suficientemente rápido como para que el padre del ex mandatario liquidara todas sus deudas, su mamá comprara el terreno en cuestión y para que el propio Borge Angulo se hiciera de diferentes propiedades.
Habitantes de la isla presumen que también posee un hotel en construcción, con una hermosa caleta de aguas cristalinas —el Westin Regina— en un terreno de 15 mil metros cuadrados que se dividió en dos lotes: Uno, para edificar el centro de hospedaje de 15 pisos y 152 habitaciones.
En el otro, una torre de condominios que aún no inicia obra.
Romeo no descarta que Borge y González Canto se asociaron en partes iguales para comprar el predio a la sociedad Isla Cabañas.
Las obras de construcción se suspendieron después del 5 de junio, cuando ambos ex mandatarios fueron derrotados indirectamente por Carlos Joaquín González.“Han sido 11 años de saqueo y, aparentemente de crímenes y delincuencia organizada, por la manera de operar.
Extorsionaban, despojaban a los dueños de negocios de sus predios. Es una actitud delincuencial. Es un grupo político delincuencial”, concluye Villanueva Polanco.
Larga historia
El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, del PRI, malbarató terrenos públicos para beneficiar a su familia, amigos y políticos afines, como fue con su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien compró en 2013 al gobierno estatal un terreno con casi 600 metros de playa por el cual el pago total fue de 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos.
Ese terreno más tarde lo cedió al abogado de la familia, César Celso González, quien, según organizaciones civiles, es “prestanombres” del ex mandatario.
Éste es uno de los casos más escandalosos para Romeo Villanueva Polanco, empresario inmobiliario nacido en Cozumel, quien asegura que le ha dado seguimiento a la repartición de la isla entre los ex gobernadores Félix González Canto y Borge Angulo, acusados de malbaratar terrenos públicos para beneficiar a familiares, amigos, colaboradores y políticos.
Romeo define la historia como “la joya de los robos” en la isla. Se trata de una operación aparentemente muy simple que involucra a personajes clave, inmersos en el remate de al menos 34 predios del patrimonio territorial de Quintana Roo, operación denunciada penalmente por una activista y luego por el actual gobierno.
Este capítulo inicia con una mujer que compró en diciembre de 2013 un terreno con casi 600 metros de playa. El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE) le vendió a 137 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial es de 200 dólares.
La afortunada mujer pagó 15 millones de pesos, a plazos, y después de un año cedió el terreno a un abogado, quien en el sexenio de Borge Angulo se hizo de una empresa inmobiliaria y de una naviera, además de estar acusado de ser el prestanombres del ex mandatario. Ella se llama Rosa Yolanda Angulo Castilla y es la madre del ex gobernador, denunciado penalmente ante la Fiscalía General de Quintana Roo por la organización Somos Tus Ojos por enriquecimiento ilícito y peculado.
El hombre que gozó del generoso regalo de “Chachi” —como llaman a Rosa Yolanda en Cozumel— es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge y también denunciado por la agrupación dirigida por Fabiola Cortés Miranda.
Celso González figura dentro de las recientes denuncias interpuestas por la Secretaría de Gestión Pública estatal, que abrió auditorías a más de una veintena de dependencias y organismos descentralizados, en las que descubrieron, entre otras irregularidades, la venta de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial en el Estado; en algunos casos, hasta en menos de 1% de su valor real, por lo que interpusieron denuncias penales ante la fiscalía estatal y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ese terreno es la joya de todos los robos, la joya del saqueo en la isla. ¿Por qué? porque está frente al mar, con una extensión de 600 metros de playa, aproximadamente, con un valor muy elevado que se facturó en un precio muy por debajo del precio real”, afirma Villanueva Polanco.
El dueño original del terreno en Cozumel era un empresario de lo que Romeo llama “la fábrica de billetes”, el restaurante Palmeras que recibe a cientos de turistas y cruceristas diariamente por su ubicación privilegiada, justo frente al muelle que da acceso a Cozumel, Isla de las Golondrinas.
Un día —cuenta Romeo— al gobernador Mario Villanueva (1993 y 1999) se le antojó apropiarse del lugar y amenazó a José Becerra Martín con cerrar el negocio si no lo entregaba.
El título de propiedad se extinguió y el inmueble se escrituró a favor de Fidecaribe, organismo que desapareció para dar paso al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) como administrador del patrimonio territorial.
El 3 de diciembre de 2013, cuando Borge no cumplía todavía un año como gobernador, el IPAE celebró un contrato de compraventa, a plazos, con la mamá del ex mandatario.
Se trata del terreno con una superficie de 111 mil 763 metros cuadrados, ubicado en la reserva territorial, el cual colinda con un predio en Punta Francesa —propiedad de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador— y con el hotel Iberostar.
Del lado de la carretera federal, la exuberante cortina de verde vegetación impide ver hacia el interior del terreno, que posee una franja lineal de hermosas playas.
En el contrato de compraventa queda asentado el monto de la operación: 137.50 pesos por metro cuadrado; el pago total fue por 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos. Rosa Yolanda Angulo y el IPAE convinieron que para escriturar el inmueble se pagaría 10% del valor total, es decir, un millón 536 mil pesos. Para el 6 de noviembre de 2014 los importes quedaron saldados, de acuerdo con el oficio de liberación del adeudo IPAE/ CA/ 0722/ 2014, expedido por el instituto.
Cinco meses después, Angulo Castilla cedió su terreno costero a la empresa Siyenat del Caribe, representada por Celso González Hermosillo y Melgarejo, de acuerdo con el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, fechado el 29 de abril de 2015.
Para ceder la propiedad se establece una cláusula de confidencialidad que mantuvo oculta la operación de compraventa:
“Toda vez que la inseguridad en el país genera gran incertidumbre en la sociedad en general y que la difusión del presente convenio le haría presumir de una gran capacidad económica, y que como consecuencia se podría poner en riesgo su seguridad, integridad, patrimonio y la de sus familiares (…) se requiere que el contenido de este convenio tenga el carácter de información confidencial”, se lee en el documento.
Por la cesión de derechos se acordó que Angulo Castilla pagara al IPAE —dirigido por Claudia Romanillos— 153 mil 675 pesos, cantidad que se liquidó el día de la firma del convenio.
Prestanombres
Siyenat del Caribe es una sociedad mercantil constituida legalmente en Cozumel el 3 de marzo de 2014 para la adquisición, enajenación, arrendamiento, administración, operación, comercialización, promoción, proyecto y diseño de inmuebles para cualquier uso o destino.
Su apoderado legal es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien ese mismo día constituyó otra inmobiliaria llamada Caracol 65, junto con María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.
“Los dos son los prestanombres de Borge. A ella, pobre, le ofrecieron un auto y echarle un piso más a su casa para prestarse, es una pena. Él es abogado de toda la vida del papá de Beto. Les andan siguiendo la pista”, cuenta Romeo.
Los domicilios de ambos se ubican en una zona media de Cozumel. La casa de él, con arquitectura de estilo mediterráneo, es más amplia que el promedio en la colonia Emiliano Zapata.
La de ella, contrasta con las coloridas viviendas a sus costados, en la colonia Flores Magón. Según la denuncia penal contra Borge, interpuesta por Fabiola Cortés, César Celso “no reporta actividades fiscales” y antes de la naviera —se lee en el documento— “no tenía empresa alguna, ni negocio que pudiera generar millonarios ingresos en dólares como para adquirir una empresa del tamaño de la referida”.
En la querella se incluye a González Hermosillo y Melgarejo, quien se dio de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2014, pero desde entonces “no ha reportado obligaciones fiscales, es decir, no ha pagado impuestos”, se lee.
Como hecho constitutivo de delito, Fabiola Cortés Miranda refiere que el abogado recibió del IPAE un predio de 12 mil 445 metros cuadrados, el 26 de mayo de 2011, por el que pagó un millón 244 mil 565 pesos. También fue presuntamente beneficiado con otro predio de siete mil 453 metros cuadrados, por el que pagó 745 mil 367 pesos.
Ambos inmuebles fueron incorporados a la sociedad Caracol 65, en una asamblea celebrada en agosto de 2014, transmitidos en propiedad a María de Lourdes Pinelo Nieto, quien junto con Irma Carmona Díaz de León, recibió de César Celso amplios poderes al frente de “Impulsora Marítima Terrestre de Quintana Roo y el Caribe” —Barcos Caribe— en octubre de ese año.
La naviera González Hermosillo y Melgarejo fundó con Franco González Patrón la naviera Barcos Caribe el 22 de junio de 2012, e inició operaciones al amparo de Roberto Borge el 16 de febrero de 2015. Antes, el 23 de julio de 2014, compró a Kilimanjaro Fast Ferries LTD dos embarcaciones por 4 millones 900 mil dólares.
Los documentos aportados por Cortés Miranda a la Fiscalía General, indican que adquirieron un tercer barco por 3 millones 500 mil dólares.
Las embarcaciones ofrecen servicio de transporte marítimo para cruzar de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa.Barcos Caribe enfrenta problemas legales.
A principios de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el módulo de venta construido en vía pública, sin autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La empresa inició un juicio de amparo al considerar que la clausura era arbitraria, pero el juez le negó el retiro de la medida cautelar al no acreditar la posesión de permisos.
Sin embargo, la venta de boletos persiste de manera irregular, en vía pública: Los empleados venden los tickets dentro del muelle —que es zona federal— para eludir la actuación de inspectores de fiscalización del ayuntamiento de Solidaridad.
La alcaldesa Cristina Torres desplegó un operativo para revisar la situación. Informó que investigan si la compañía cuenta con licencia de funcionamiento, presuntamente expedida por la comuna cuando era presidida por su antecesor, el priista Mauricio Góngora, quien dejó el cargo para contender por la gubernatura de Quintana Roo y que fue derrotado en urnas por Carlos Joaquín González, actual mandatario, postulado por el PAN y PRD.
