Cuestionan nombramiento de súper asesora en Q. Roo
Cancún.- Recuerda Pedro Canché que Blanca Imelda Ávila Varguez fue la encargada de armar el expediente con el cual, el gobierno de Roberto Borge, lo metió a la cárcel un año por el delito de “sabotaje”.
Tuvo que intervenir a Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y organizaciones de defensa de periodistas para que pudiera salir. Los responsables de varias instancias: Gobierno del Estado, Tribunal de Justicia y Autoridades del Ayuntamiento de Carrillo Puerto fueron condenados a ofrecer una disculpa pública a Canché, que finalmente, fue realizada por el gobierno de Carlos Joaquín González.
Pedro Canché dijo a Grupo Pirámide que existe un doble discurso del fiscal Miguel Ángel Pech: mientras por un lado persigue a personajes del entorno de Borge, por el otro, protege a gente de su pandilla como Ávila Varguez.
“Ella era subprocuradora cuando confecciona el expediente por encargo de Roberto Borge”, dice Canché, que solicitó la destitución inmediata al actual Gobernador, aunque remarcó que el fiscal insiste en tenerla ahí. “Creemos que es cómplice de todo lo que haga esta asesora y repudiamos que siga despachando libremente.
La recomendación de la CNDH habla de darle una sanción administrativa para que no ocupe un cargo público, sin embargo, el Fiscal la protege, menos la sanciona por fabricar expedientes”, dijo.
La paradoja es que ahora, Avila Varguez es la “superasesora” del Fiscal, Miguel Angel Pech, quien no sólo la facultó a hacer nombramientos en su nombre, sino que es responsable de una serie de despidos y hostigamientos que ha causado, no sólo malestar, sino el entorpecimiento de muchos actos de procuración de justicia.
Los movimientos que hizo
Empoderada como superasesora, Ávila Varguez puso a Abril Manrique Alcocer como encargada del Centro de Justicia Alternativa Penal, así como sus colaboradores Alejandro Barredo Dorantes e Iréne Chan López, quienes no cuentan con certificación del Sistema Penal Oral en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como exigen los lineamientos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversia en materia penal.
Además, informan fuentes internas, la asesora ha dado trato autoritario y denigrante al personal para orillarlos a renunciar. “Si durante el gobierno de Borge tuvo poder, ahora lo tiene más”, dice la fuente que se pregunta: “¿Esto era el gobierno del cambio?”.
En esa línea de persecución, ya han renunciado Carla Amaya Sauri, Sully Arely Torres Buenfil, Juan Eduardo Barrera Francisco y Josué de Jesús Reyes Guerrero. Como si fuera poco, la funcionaria de extracción borgista, puso a su amiga Mónica Domínguez en la coordinación de transparencia donde antes estaba César Guadalupe. Para algunos funcionarios Borgistas, el cambio de gobierno fue lo mejor que pudo haberles pasado…
(Con información de Grupo Pirámide, a través de Noticaribe)
