Carlos Joaquín procede legalmente contra paquete de impunidad en Quintana Roo
El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el “paquete de impunidad” aprobado por el Congreso local.
De acuerdo con Joaquín, la XIV Legislatura avaló reformas al Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos que son contrarios al orden constitucional, invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que se vulneran los principios del sistema nacional anticorrupción.
En un comunicado de prensa, el gobernador electo destacó que el combate a la corrupción y la impunidad son uno de los ejes de su gobierno y también compromiso de campaña, “indispensables para lograr un gobierno que garantice mejores oportunidades en favor de la gente”.
Y las modificaciones a las leyes realizadas por el Congreso local, subrayó, buscan impunidad y representan la corrupción que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo.
Destacó que con la controversia constitucional se pretende desmantelar la “red de protección” del gobernador Roberto Borge Angulo, que incluye reducción de penas, plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de fiscal general, titular del Órgano de Fiscalización y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que es necesario combatir tanto los actos legislativos como los nombramientos a través de una acción integral.
También se busca revertir los porcentajes del Presupuesto de Egresos que se fijan a favor de los Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos que afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación, salud, seguridad, protección civil y desarrollo económico, entre otras, apuntó.
Carlos Joaquín González señaló que con la medida también se busca invalidar las disposiciones que proporcionan escoltas al gobernador y su familia hasta por 15 años.
