«Adelgazan» ‘paquete de impunidad’ de Borge
Aunque el Congreso de Quintana Roo aprobó este jueves por unanimidad, es decir, con el voto de las fracciones del PRI y del PVEM que así le dieron la espalda a Roberto Borge, las reformas a la Ley de Seguridad y Código Penal del estado para tumbar el primer ladrillo del llamado ‘paquete de impunidad’ del gobernador, las reformas más importantes de dicho paquete no serán votadas de la misma manera.
La pírrica victoria de echar abajo la reforma que aumentaba de 8 a 15 años el que un ex gobernador, su familia y ex funcionarios pudieran disponer de escoltas a cargo del erario público, no garantiza que tales personajes no queden impunes respecto a los actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con lo aprobado hoy por los diputados, un ex gobernador sólo podrán disponer de escoltas por 6 años después de terminado su cargo. El beneficio puede ser prorrogable otros seis años más siempre y cuando demuestre que acredite que lo necesita.
También se determinó que el número de guardaespaldas será la mitad de los que tuvo en su cargo e hicieron la acotación de que en caso de que el ex funcionario sea acusado formalmente de un delito grave, le serán retiradas dichas escoltas.
Así que no echemos las campanas al vuelo. Nada se ha logrado. Cuando veamos que son acusados formalmente, detenidos, enjuiciados y sentenciados los políticos responsables de los delitos cometidos, entonces celebraremos.
Pan para el pueblo
En junio pasado, como parte del ‘blindaje’ impulsado por Borge tras perder el PRI las elecciones ante Carlos Joaquín, la XIV Legislatura del Congreso modificó el Código Penal del Estado para reducir las sanciones a los funcionarios acusados del delito de peculado, es decir, dando impunidad y manga ancha para la ‘robadora’, ya que a partir de ese momento estos delitos no serían considerados graves y alcanzarían fianza.
Según la reforma de Borge, quienes cometiera peculado, es decir, sustrajera o disponer indebidamente de recursos del erario público no podría pisar la cárcel, ya que las penas eran meramente simbólicas.
Hoy el Congreso modificó todos estos artículos que posibilitaban la impunidad y volvió a asignar penas de cárcel a todo aquel funcionario o ex funcionario que cometa el delito de peculado.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, subió a tribuna para pedir que no se olvide lo que ha pasado y que el voto del PRI y del PVEM, a favor de estas reformas, constituían un ‘lavado de cara’ con lo hecho por los priistas y verdeecologistas de la anterior legislatura.
“Los diputados de la XIV Legislatura pisotearon los derechos de los ciudadanos y eso no puede ser olvidado”, sentenció.
Advirtió que estas reformas aún estarán a prueba porque deben ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado por el actual gobierno, quien podría vetarlas, y de allí la importancia de darle seguimiento a este proceso que aún no termina.
El presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social (PES), felicitó a los diputados del PRI y PVEM por apoyar estas reformas.
En comisiones sigue la revisión del punto de acuerdo promovido por el diputado perredista Emiliano Ramos el pasado martes, a efecto de que se “realice una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo”.
El punto agrega que “ante tales ilegalidades y violaciones formales, ésta soberanía determine la remoción y se emita el Decreto por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades esenciales del debido proceso”.
Y es que la anterior legislatura nombró al exdirector estatal de Comunicaciones y Transportes Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto y señalado por actos de extorsión en contra comerciantes y por violentar la autonomía municipal, como nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo).
Cabe mencionar que en la sesión anterior, los líderes de las bancadas del PRI, Raymundo King de la Rosa, y del Pvem, José de la Peña Ruiz de Chávez, fijaron su postura para mantener la parte fuerte del “paquete de impunidad” de Borge porque son “hechos consumados”. (Con información de Noticaribe y Proceso)
