Va «narco» contra libertad de expresión en México
Varios reporteros han debido salir tras amenazas de grupos del crimen organizado, a pesar de las denuncias ante el gobierno guerrerense
Chilpancingo, Guerrero. Por presiones de la delincuencia organizada y de políticos locales, varias regiones de Guerrero son consideradas “zonas silenciadas”, donde los periodistas no pueden realizar su trabajo. Una de esas es Iguala, en el norte de la entidad, donde varios reporteros han debido salir tras amenazas de grupos del crimen organizado, a pesar de las denuncias ante instancias de gobierno.
El alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, se ha negado a garantizar el trabajo de los reporteros. Entre quienes huyeron están Jonathan Cuevas, Wendy Obispo, Alejandro y Héctor Guerrero; este último obtuvo medidas cautelares, y Blanca Díaz y Natividad Ambrosio salieron del país.
En la actualidad sólo continúan el Diario de Iguala, Tiempo Suriano y Diario XXI; pero el Diario de la Tarde dejó de circular. Los reporteros de “nota roja” dejaron de cubrir la fuente y desapareció esa sección.
Las presiones y amenazas comenzaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014; y aumentaron con el hallazgo de fosas en los años recientes, aunque desde siempre ha existido con la disputa de territorio de los grupos delincuenciales. A raíz del asesinato del periodista Francisco Pacheco, en el municipio de Taxco, en 2016 sus hijos Priscila y Alí Pacheco tuvieron que abandonar el país.
Al menos 12 reporteros tienen que sortear a diario el peligro de reportear en Iguala y, debido a las amenazas, en los hechos tienen vetado cubrir la información en los vecinos municipios de Tetipac, Pilcaya e Ixcateopan de Cuauhtémoc.
Otra región donde los periodistas se vieron obligados a salir es la Montaña Baja, principalmente en Chilapa de Alvarez.
Entre 2000 y 2014 circulaban los diarios La Voz de Chilapa, Visión Urbana, El Imparcial, El Despertar de la Montaña y Jaguar Guerrero, pero desde 2014 dejaron de circular. Incluso, periódicos de circulación estatal como Pueblo, Vértice, Diario de Guerrero y El Sur, y otros de cobertura nacional como La Jornada, El Universal y Proceso fueron vetados en Chilapa.
La misma suerte tuvo la emisora La Palabra Verdadera, que operó en las instalaciones de la Preparatoria número 26 Albert Einstein, de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en el acceso al crucero de la comunidad El Paraíso, al sur de Chilapa, que es el paso obligado a la comunidad de Tlanicuilulco, del municipio de Quechultenango.
Un grupo de voceadores que se trasladaba de Chilpancingo dejó de vender periódicos en Chilapa desde 2014, al parecer por órdenes del entonces alcalde priísta Francisco Javier González (2012-2015), pues se dijo que la delincuencia organizada lo amenazó; a raíz de eso, al menos tres periodistas abandonaron el municipio y hoy laboran en Chilpancingo.
Los reporteros de Chilapa, denunciaron que el rector de la catedral, Javier N, decía en sus homilías que “la prensa publicaba cosas feas de Chilapa”. Tampoco llega ningún diario a los municipios vecinos de Zitlala, Ahucuotzingo, José Joaquín de Herrera, Atlixtac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Mochitlán y Quechultenango.
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En Tixtla, los reporteros tampoco pueden cubrir la “nota roja” debido a las amenazas de grupos delincuenciales, y a los voceadores les prohibieron vender los periódicos en las calles o entregarlos a domicilio.
En Tierra Caliente, de los 14 municipios que la constituyen, sólo en Ciudad Altamirano circula El Despertar del Sur desde hace 15 años. Otros diarios o semanarios han desaparecido por diversas causas.
Pero los periodistas locales tienen vetado cubrir la “nota roja” y los problemas sociales, que incluyen el desplazamiento forzado de personas, la tala de madera en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
Brenda Escobar, reportera de El Sur, fue amenazada por su cobertura periodística en los municipios de La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande, hace dos años, mientras indagaba sobre el asesinato en Zihuatanejo de una doctora que descubrió el robo de medicamentos.
Hercilia Castro, de La Jornada Guerrero, fue amedrentada a partir de que se pararon las obras de una ciclovía, y eso molestó al alcalde priísta Jorge Sánchez Alec, quien envió gente a amenazarla, junto con Érika Serrano Farías, abogada ambientalista y activista, a quien intentaron violar.
La periodista denunció que el 24 de agosto pasado, sujetos armados irrumpieron en su domicilio y sólo robaron su computadora, pero la siguen amenazando de muerte.
Otros dos periodistas salieron de Zihuatanejo hace dos años, entre ellos Omar Bello, amenazado por pistoleros de Petatlán, y Leonardo Martínez Peralta, al que tres policías estatales le apuntaron en la cabeza y el estómago al tiempo que le exigían borrar unas fotos que había tomado durante un enfrentamiento entre hombres armados en la colonia El Embalse, de Zihuatanejo.
(Con información de La Jornada)
