Juventud violenta y violentada, herencia del prianismo

Sea como víctimas o victimarios, los jóvenes tienen relacionada su vida con la violencia, dice investigador del Inacipe

En México una buena parte de la violencia criminal es ejecutada o recibida por jóvenes. Cada año ocurren más de 33,000 delitos contra menores de edad, más de 13,000 homicidios y 95 feminicidios.

Además, a escala nacional hay más de 3,000 adolescentes en conflicto con la ley, más de 66,000 personas entre 18 y 29 años se encuentran en prisión y alrededor de 250,000 están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y la principal causa de muerte de las personas de 15 a 35 años son las agresiones y homicidios.

De acuerdo con Emilio Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en México, ya sea como víctimas o como victimarios, cada vez más, los jóvenes tienen relacionada su vida con la violencia.

Mas casos detectados

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sistematizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señalan que de 2021 a 2022, los delitos contra personas de 0 a 17 años pasaron de 27,801 a 33,221, es decir experimentaron un incremento de 19.50 por ciento.

En ese periodo, el delito de lesiones contra ese grupo de edad aumentó 27.5%; corrupción de menores 25.5%; trata de personas 14.7% extorsión 14.5; y homicidio 4.1 por ciento.

Según las estadísticas de 2022, los 2,411 casos de corrupción de menores observados en el país representan el máximo histórico en un año desde que se tiene registro, es decir, desde 2015.

También destacan los 285 casos de extorsión a niñas, niños y adolescentes registrados en el país durante 2022, pues representan el máximo histórico observado en un año desde que se tiene registro.

Lo mismo ocurre con las 17,534 lesiones de niñas, niños y adolescentes y los 429 casos de trata de niñas, niños y adolescentes.

En 2022 se reportaron 95 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México. En el mismo año, 1,111 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso en el país y 814 personas de entre 0 y 17 años murieron por homicidio con arma de fuego.

Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México son las entidades donde se registraron más delitos contra personas de ese rango de edad.

En el caso de feminicidios, donde ocurrieron más fueron Estado de México, Veracruz y Nuevo León, mientras que donde hubo más homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes fueron Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.
Tres de cada 10 asesinatos son contra jóvenes de entre 15 y 29 años

Con base en las estadísticas preliminares de los homicidios registrados en el país en 2021, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en julio de 2022, en todo el país se reportaron 35,625 homicidios, con una tasa nacional de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En ese año, 35.28% de los homicidios se perpetraron contra personas de entre 15 y 29 años de edad.

La misma fuente señala que en 2021, la principal causa de muerte entre las personas de los grupos de 15 a 24 años y 25 a 35 años fueron las agresiones y homicidios con 7,237 y 10,355 casos respectivamente.

La tasa de homicidios para jóvenes de 15 a 29 años en 2021 fue de 40 por cada 100,000 habitantes, lo cual es 44% mayor que la media nacional.

Por otra parte, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los más de 97,000 registros de 1990 a 2021, 40% se trata de hombres y mujeres de entre 15 y 29 años.

Adolescentes en conflicto con la ley

Al cierre de 2022, se registraron 3,413 adolescentes en conflicto con la ley, lo que significa una disminución de 50.57% comparado con los 6,891 registrados en 2017 en el Sistema Integral de Justicia Penal.

Las cifras que arrojan la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022, publicadas por el Inegi la semana que recién concluye, exponen que, del total de los jóvenes en conflicto con la ley en 2022, 56.5% tuvieron una sanción en externación; 30% en internamiento; 8.7% en internamiento preventivo; 2.6% en proceso en libertad y 1.0% con sanción de semi internamiento.

Si bien, en términos absolutos la población con sanción en internamiento bajó, en términos porcentuales subió de 17.0% en 2017 a 30.2% en 2022.

Los datos de 2022 muestran que 59.4% son jóvenes de 10 a 22 años y 25.5% de 16 a 17 años.

Además, dejan ver el perfil de las personas en esa situación: 24.1% tienen hijos; 58.2% no estaba estudiando antes de su detención y de ellos, 26% no lo hacía porque tenía que trabajar.

Los resultados de la encuesta indican que 43.2% de las mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema estuvo embarazada alguna vez en su vida y 23.2% han tenido al menos un aborto.

Asimismo, 23.6% tenía dependientes económicos la semana anterior a su detención.

Dan una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan indicadores como el que señala que 83.5% dijo que alguno de sus padres o adultos con los que creció consumía alcohol frecuentemente, mientras que 31.8% tuvo un padre o tutor en reclusión en un centro penitenciario.

La Encuesta estima que 33.8% de esos adolescentes abandonó su hogar al menos una vez.

Si se miran los números por región, destaca que, mientras en la mayor parte del país la primera conducta delictiva es el robo, en el sureste del país es la violación sexual. De hecho, en todas las demás la segunda más frecuente es precisamente esa.

Al respecto, Sarahí García Martínez, directora para México de Justicia Juvenil Internacional (JJI) explica que la violencia ejercida por los jóvenes y que se traduce en la comisión de delitos se debe a múltiples factores, por ejemplo, ambientes inseguros en su niñez, ausencia de los padres y el incremento de la inseguridad en la comunidad y carencias desde muy temprana edad, que se exacerban en la adolescencia.

Comenta que se percibe un incremento en la violencia en los jóvenes, particularmente en las escuelas que se materializan en acoso escolar, sexual, violencia entre pares y conductas ilícitas relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas.

Subraya que la atención a este fenómeno implica un proceso, entender el contexto en el que viven y diseñar estrategias de intervención alejadas de una visión de castigo y más cercanas a ver a esas personas como merecedoras de una segunda oportunidad y a quienes se pueden rescatar de una reincidencia, pues se trata de sujetos en desarrollo.

Generalmente, los jóvenes en conflicto con la ley no han reunido los requisitos para ser beneficiados con alguno de los programas de becas del gobierno federal (lo cual indica el efecto favorable de los programas del gobierno a favor de millones de jóvenes. (Nota del Editor).

Hay casos en que los menores se metieron a grupos del crimen organizado por los ingresos que obtenían de ello, con lo cual pueden contribuir al ingreso familiar (Otro indicativo del deterioro causado por neoliberalismo en materia de salarios y trabajo: Nota del Editor).

Cuando son detenidos y procesados en el sistema y salen, sus necesidades de conseguir dinero se mantienen y el monto de una beca es menor a lo que el crimen organizado les ofrece (lo cual hace inviable la cancelación de las becas, como pretenden PRI, PAN y PRD, pues mientras unos cuantos no valoran la ayuda, millones de jóvenes sí lo hacen. Nota del Editor).

A febrero de 2023, había 66,155 jóvenes entre 18 y 29 años en las cárceles del país, que representan 28.67 por ciento. Si se consideran a las personas entre 18 y 34 años la cifra se incrementa a 108,483 y representa 47.01 por ciento.

Existen entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos

Organizaciones sociales como la Redim, alertan sobre el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México (La inciativa privada Incluidos los medios de comunicación: prensa, radio y televisión, deberían sumarse, al combate de este problema en lugar de fomentarlo con series y películas. Nota del Editor).

Tania Ramírez, directora de la Redim refiere: “Hemos estado documentando y denunciando estas violaciones a los derechos humanos y sobre todo, cuáles son estas condiciones socioeconómicas desfavorables, como la marginación, la desigualdad, así como la falta de acceso efectivo a derechos que orillan a niños, niñas y adolescentes a unirse a grupos delictivos, que se aprovechan de estas vulnerabilidades para reclutarles e integrarles en actividades delictivas que, por supuesto, ponen en riesgo su vida” (De nuevo la herencia del neoliberalismo y, también, la acción de los gupos conservadores en la actiualidad. Nota del Editor).

Marina Flores Camargo, directora del área de Monitoreo y Evaluación de la organización Reinserta, plantea que para las instituciones del Estado es difícil reconocer que buena parte de la población de los jóvenes que se encuentran recluidos en los centros de internamiento, están vinculados con la delincuencia organizada.

Sarahí García Martínez, llamó la atención en que como no hay una tipificación jurídica de esas conductas no es posible construir indicadores confiables en la materia; sin embargo, calculó que alrededor de 10% de los jóvenes sujetos a proceso dentro del sistema llegaron ahí por haber sido reclutados por organizaciones criminales y es una problemática en crecimiento.

(Con información de El Economista)