Impune tráfico de información privilegiada en México
Una acción se hunde justo antes de que llegue una mala noticia o sube precisamente antes de que se conozca una buena. En Wall Street, eso suena a tráfico de información privilegiada. En México es lo habitual.
El uso de información privilegiada es moneda corriente en el mercado accionario mexicano de 400 mil millones de dólares y casi todos lo saben. Al igual que en Estados Unidos, en México esta práctica es ilegal. El regulador financiero ha publicado sanciones desde 2008 y solamente 28 personas han sido castigadas por ello en el país desde entonces, ninguno ha parado a prisión y las multas suman apenas alrededor de 60 mil dólares por persona.
En México, la impunidad es un tema de conversación permanente. Una reciente sucesión de movimientos sospechosos en las acciones ha hecho que operadores, inversores y abogados murmuren en privado que las autoridades deben investigar, pero pocos están dispuestos a hablar abiertamente por temor a ser excluidos del mercado. Cuando México elija un nuevo presidente el 1 de julio, uno de los asuntos que preocupará a los votantes será acabar con la corrupción.
“Afecta a la integridad del mercado”, afirma Uptal Bhattacharya, profesor de finanzas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, quien en un estudio del 2000 concluyó que el uso de información privilegiada está bastante extendido en México. “Y empeoras la situación si no haces cumplir las reglas”.
Para el observador casual, el mercado de valores mexicano puede ser aburrido. Pocas acciones se negocian diariamente y el volumen suele ser pequeño. Eso significa que no hay mucho camuflaje para las tácticas turbias. A juzgar por la escasez de sanciones, la autoridad reguladora solo ve una fracción de lo que sucede. Las multas son raquíticas en comparación con lo que es la norma en otros mercados, y el órgano regulador tarda un promedio de más de cinco años en imponer sanciones por operaciones con información privilegiada.
Los especialistas dicen que las penalizaciones no concuerdan con la gravedad de los delitos y son en gran medida simbólicas. Dicen que sin otras consecuencias, esas medidas de poco sirven para evitar delitos futuros.
“En México, los días en que se anuncian las ganancias no son nada especiales”, comenta John Griffin, profesor de la Universidad de Texas en Austin, quien estudió el timing o momento de los movimientos bursátiles en 56 países. “La explicación más probable es por el uso rampante de la información privilegiada. Cuando se divulgan las noticias de ganancias, no es especial porque esa información ya está incorporada”.
En el país, la supervisión de los mercados de capitales es poco estricta, incluso para los estándares del mundo en desarrollo. Argentina, por ejemplo, está investigando posibles operaciones con información privilegiada desde febrero. Brasil ha enviado a prisión a por lo menos un perpetrador y, en 2015, Chile multó a un solo empresario con más del doble de lo que México ha sancionado en toda su historia. Solo la reputación de Colombia es peor, y su bolsa de valores es un tercio del tamaño de la de México.
De 56 países, Griffin ubicó a México en antepenúltimo lugar en términos de “volatilidad de evento” o la cantidad de acciones que responden a los eventos del momento, solo por delante de Turquía y Tailandia. Los precios de las acciones en los países se movieron aproximadamente un 5 por ciento más de lo habitual en los días en que se presentó un asunto relevante. Las acciones en Estados Unidos, Reino Unido y Suecia se movieron alrededor de un 50 por ciento más en los días en que se anunciaron ganancias o fusiones.
La entidad reguladora mexicana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que no puede comentar sobre qué hacen las autoridades vigilantes en otros países, porque no están sujetas a las leyes mexicanas.
Los observadores señalan que la CNBV carece de tecnología y personal para vigilar los amaños. La CNBV se negó a comentar si su aplicación y observancia de las normativas contra el uso de información privilegiada es suficiente para prevenir la conducta.
Para dimensionar el problema, estos son algunos casos que podrían ser causa de investigación:
El 1 de marzo de 2017, las acciones de Desarrolladora Homex cayeron casi 10 por ciento, a su nivel más bajo registrado, sin motivo aparente. La explicación llegó 48 horas después, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) reveló que suspendía la negociación de las acciones de la constructora en Estados Unidos debido a un fraude contable de tres mil 300 millones de dólares. La acción siguió cayendo.
Vania Fueyo, directora de relaciones con inversionistas de Homex, no hizo ningún comentario más allá del comunicado del 1 de marzo de 2017 que la compañía envió al mercado. Declaraba que la caída correspondía “a condiciones propias del mercado”. Ese día, el mercado de valores tuvo su mayor subida en más de un mes. Homex no admitió ni negó las acusaciones de la SEC. La suspensión sobre las acciones se levantó desde entonces.
El 14 de junio, las acciones de la constructora OHL México SAB subieron 5.2 por ciento, superando el alza del 0.5 por ciento del índice bursátil de referencia. Poco después de que cerraran las negociaciones, la empresa dijo que había recibido una oferta para deslistarla de la bolsa. OHL respondió por escrito que un suceso de esta índole normalmente tiene como resultado un ajuste en el precio de las acciones de la compañía en cuestión debido al diferencial que pueda existir entre el precio de mercado y el precio ofertado.
El 27 de septiembre, las acciones de Alfa SAB, un conglomerado industrial de 6 mil millones de dólares, se desplomaron a su mínimo en semanas. Catorce minutos después del cierre de la bolsa, Alfa dijo que decidió no realizar una oferta pública inicial de Sigma, una de sus unidades empresariales. Al día siguiente, las acciones de Alfa se hundieron más que ningún otro papel cotizado en México. El portavoz de la empresa, Luis Ochoa, dijo que la caída de la acción no era inusual y que la CNBV no le había pedido información sobre esa jornada bursátil.
Ienova, la unidad mexicana de Sempra Energy, cayó 3.9 por ciento el 4 de octubre, su mayor descenso en casi un año. Dos días más tarde, la compañía dijo en un documento regulatorio que había acordado pagar 520 millones de dólares para comprarle a Pemex una participación del 25 por ciento en un gasoducto. Las acciones cayeron durante seis días. Un portavoz de Ienova dijo que la empresa no tenía motivos para creer que la caída del 4 de octubre fuera inusual y que la compañía tampoco estaba siendo investigada por la CNBV.
Las acciones de Grupo Financiero Banorte SAB se hundieron tanto como 8.9 por ciento el 25 de octubre, antes de que el banco dijera en un comunicado que había acordado comprar a su rival Grupo Financiero Interacciones. Francisco Rodríguez Daniel, portavoz de Banorte, mencionó que las acciones fluctuaron antes del anuncio del acuerdo porque una publicación local había divulgado la noticia de la venta basándose en rumores. Banorte “sigue las mejores prácticas corporativas y está comprometida a seguir haciéndolo”, dijo la compañía.
El 6 de noviembre, en un lapso de un minuto, entre las 11:49 y las 11:50 horas, las acciones de Unifin Financiera cayeron 0.6 por ciento. Diez minutos después, la empresa de servicios financieros envió un documento a la bolsa señalando que planeaba pedir a los accionistas que votaran sobre una oferta subsecuente de acciones. Los títulos tuvieron su peor caída en un año. David Pernas, director de relaciones con inversionistas de Unifin, comentó que las acciones de la compañía tienden a ser volátiles porque la acción tiene poca liquidez, por tanto un movimiento de 1 por ciento en un minuto no es inusitado. “A mi conocimiento, no tenía nada qué ver el anuncio con el movimiento en las acciones ese día”, comentó Pernas.
La actividad bursátil inusual no es evidencia suficiente del uso de información privilegiada u otra ilegalidad. Ninguno de los casos citados ha sido penalizado, según registros públicos. La CNBV afirmó que solo actúa con base en la Constitución.
La ley otorga al gobierno para imponer sanciones penales en caso de que se descubra el uso de información privilegiada, pero nadie ha sido suspendido o enviado a la cárcel por ello.
Al menos nueve de los ejecutivos sancionados recientemente por uso de información privilegiada en México siguen trabajando en las compañías que cotizan en Bolsa o son parte de sus consejos directivos.
En enero, la CNBV multó a Ramón Leal, director de finanzas de Alfa. La sanción de 10 mil dólares fue impuesta por realizar operaciones con información privilegiada hace más de 6 años.
Leal continuaba como director financiero de Alfa hasta marzo. Después de que Bloomberg informó sobre la multa, la compañía aseguró que el directivo renunciaría el 31 de marzo. Él no ha negado ni admitido públicamente su responsabilidad, pero los registros muestran que pagó la multa.
El 15 de marzo, Bloomberg publicó que la CNBV multó a dos hombres que trabajaron como directores en Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina. Las sanciones, por un total menor a los 10 mil dólares, fueron un simple correctivo por llevar a cabo operaciones con información privilegiada en 2010 y 2011, de acuerdo con el órgano regulador.
Uno de ellos, Juan Hawach, todavía trabaja en la empresa y el otro, Baldomero Ponce, es director suplente del consejo, detalló la compañía en respuesta a nuestras preguntas. Los dos pueden apelar las multas. Intentamos contactarlos sin éxito.
En dos casos recientes, el gobierno estadounidense echó el guante a inversionistas de alto vuelo. En 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo un veredicto de culpabilidad contra Raj Rajaratnam, un multimillonario gestor de fondos de cobertura para la firma neoyorquina Galleon Group. ¿Su castigo por el uso de información privilegiada? Once años de prisión y más de 150 millones de dólares en multas.
Dos años más tarde, SAC Capital Advisors, un grupo de fondos de cobertura con sede en Connecticut, creado por el multimillonario Steven A. Cohen, se declaró culpable de uso de información privilegiada y pagó un total de mil 800 millones de dólares en multas. Aunque Cohen nunca fue acusado, ocho de sus operadores fueron encontrados culpables. La firma cerró en 2016.
Tras enfrentar las críticas por su mano blanda, la CNBV de México intensificó sus sanciones. El año pasado impuso la mayor cantidad de multas por tráfico de información privilegiada en su historia: 25 millones de pesos a 15 personas. El regulador ha impuesto ocho multas, por menos de 20 mil dólares en total, por operaciones con información privilegiada desde diciembre, cuando Bloomberg comenzó a hacer preguntas sobre sus investigaciones.
“A finales del último trimestre de 2017, la CNBV publicó por allí sanciones a personas físicas por haber infringido las prohibiciones de insider trading. Creo que eso es muestra de que la CNBV sí pone sus ojos”, dijo José Berrueta, socio de Ritch Mueller en Ciudad de México.
Quienes están a cargo de la vigilancia en la CNBV se quejan, en privado, de que no tienen las herramientas necesarias o suficientes empleados para monitorear adecuadamente el mercado mexicano, de acuerdo con una persona presente en esas conversaciones. Menos del 8 por ciento del personal de la Comisión se centra en las actividades del mercado de valores, y la CNBV ha tenido varias dificultades para retener personal experimentado porque los salarios llevan estancados más de una década, según un informe de evaluación del FMI de noviembre de 2016.
La Comisión también está a la zaga de otros reguladores de los mercados en el campo de la tecnología. Carece de software básico para convertir audio en texto que lo ayudaría a encontrar fácilmente palabras clave. Los trabajadores revisan las conversaciones telefónicas a la vieja usanza, pagan para que personas escuchen horas de grabaciones, según una fuente con conocimiento de cómo funciona el órgano. Incluso después de contar con un mejor software de monitoreo, la CNBV no lo usó, dijo la persona que pidió no ser identificada.
El regulador pasa más tiempo vigilando fallos administrativos que el uso de información privilegiada. El año pasado impuso 827 multas a bancos, empresas e individuos por un total de 516 millones 800 mil pesos. Casi la mitad de dichas sanciones se debieron a omisiones en el envío de información dentro de plazo, presentación tardía de reportes de operaciones con divisas y no reportar operaciones relevantes a tiempo.
Federico Parenti, un administrador de fondos para Base Sicav, se muestra indiferente ante la situación en México. Admite que la corrupción y el entorno regulador de laissez-faire son elementos tan profundamente arraigados en los mercados de los países en desarrollo que probablemente no cambiarán.
“Ponte en los zapatos del regulador mexicano. Supongamos que descubres un fraude en una empresa propiedad de una familia poderosa”, dice Parenti, quien ayuda a gestionar unos 650 millones de dólares. “¿De verdad quieres importunar a la gente equivocada? No creo que te pongas a ti mismo o a tus colegas en riesgo”.
Mientras el regulador en México se relaja, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos han abierto procesos de alto perfil por tráfico de información privilegiada, sobornos, manipulación del mercado y fraude.
(Con información de El Financiero)
