Critican discrecionalidad en publicidad oficial
Limitan el ámbito federal, pero dejan manos libres a gobiernos estatales y municipales para que sigan chantajeando a medios locales
Ciudad de México. El colectivo #MediosLibres acusó que, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un “paso adelante” en la transparencia de la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, dejó abiertos ciertos espacios de discrecionalidad en los que podría perpetuarse la relación “perversa” entre prensa y gobierno, agudizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Destacó que la administración actual estableció una serie de reglas para evitar el otorgamiento de contratos de publicidad a ciertos medios, pero se limitan al ámbito federal y dejan las manos libres a gobiernos estatales y municipales para que sigan chantajeando a los medios locales a cambio de propaganda.
Por ello, el colectivo pidió a López Obrador abrogar la Ley General de Comunicación Social –conocida como “Ley Chayote”– que el gobierno de Peña Nieto lanzó en febrero de 2018.
Las nuevas reglas de publicidad oficial quedaron plasmadas en los Lineamientos Generales para el Registro y Autorización de los Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 26 de enero.
Por primera vez, los Lineamientos definen criterios “objetivos” para el otorgamiento de publicidad oficial y promueven la transparencia en los gastos de propaganda; sin embargo, de acuerdo con el colectivo, algunos elementos todavía “pueden representar una oportunidad para hacer un uso proselitista de este concepto de gasto, así como hacer un uso indiscriminado y discriminatorio del mismo”.
Entre los puntos débiles del acuerdo, #MediosLibres precisó que el gobierno federal se dio la posibilidad de difundir “mensajes extraordinarios” que podrían perpetuar la práctica de rebasar el presupuesto destinado a la comunicación social y otorgar recursos a algunos medios de manera discrecional, como lo hizo a ultranza la administración de Peña Nieto.
De acuerdo con los Lineamientos –abundó–, dichos “mensajes extraordinarios” son los que “comprendan información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que, por ser imprevisible, no estén incluidos en el Programa anual de Comunicación Social”.
De igual manera, resaltó que las radios comunitarias e indígenas podrían enfrentar dificultades para acceder a la publicidad oficial, dado que están regidas bajo los mismos requisitos que las radios comerciales, cuya naturalidad “es completamente distinta”. Por ello, urgió al gobierno a fijar “criterios específicos” a estas radiodifusoras, que son “la fuente primaria de información de las poblaciones más marginadas del país”.
El colectivo también pidió al gobierno el establecimiento de una institución que se encargue de elaborar los perfiles de las audiencias de los medios digitales, pues los Lineamientos oficiales dejan esta labor a los propios medios, como un requisito para la contratación de publicidad.
“Es importante que los estudios de audiencias sean elaborados por una institución única o una empresa certificada, a fin de que su análisis no se preste a corruptelas indebidas o al maquillaje de cifras y, finalmente, que los mensajes de las campañas lleguen a la población objetivo”, sostuvo.
Los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) –a cargo de Olga Sánchez Cordero– plantean que el otorgamiento y la distribución de publicidad oficial “debe realizarse bajo criterios objetivos, imparciales y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los distintos medios de comunicación”.
Según el acuerdo publicado en el DOF, cada dependencia enviará a la Segob las características de sus campañas de propaganda para recibir su aprobación. A su vez, la Segob pedirá luz verde a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de López Obrador, dirigida por Jesús Ramírez Cuevas.
Plantean, además, que las dependencias ya no podrán pagar a los medios a cambio de “notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos”, también conocidos como “publirreportajes”, o que las tarifas serán iguales para cada medio según su tipo de difusión.
(Con información de Proceso)
