Una de cada cinco empresas, víctima de corrupción
La sociedad y las empresas mexicanas se enfrentan ante un cambio que demanda el mundo global, combatir la corrupción para impulsar el crecimiento económico.
Cada vez más países se suman a la lucha en contra de la corrupción, que no sólo lesiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y empresas, sino que obstruye el crecimiento económico, como lo indican muy diversos estudios a nivel global.
Mundialmente, la corrupción supone un costo entre los 1.5 y los 2 trillones de dólares al año, aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016. Esta cifra es 10 veces superior a la que se asigna para programas de asistencia social.
Transparencia Mexicana apuntó en 2016 que 14% del gasto de los hogares se destina a pagos extraoficiales. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción afecta en mayor medida a las personas con menos recursos, ya que limita el acceso a la justicia y a servicios de salud, lo que aumenta las tasas de mortalidad.
El sector empresarial se ve afectado por estos temas de forma directa y clara. La más reciente Encuesta sobre Delitos Económicos, realizada por PwC México, arrojó que la malversación de activos, la corrupción y el soborno se mantienen en los primeros lugares de delitos económicos reportados en México en 2016, lo cual es consistente con los resultados mostrados en años anteriores.
En 2016, aproximadamente una de cada cinco organizaciones en México (21%) reportaron haber sufrido al menos un incidente de este tipo en los últimos 24 meses.
Menos corrupción, más prosperidad
El pago de sobornos hace que los recursos se desvíen hacia intereses privados, reduciendo inversión que podría destinarse al desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología, lo que mejoraría los niveles de competitividad de los países, como indica un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estados Unidos en 1977 estableció la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que considera sanciones a personas y entidades que realicen pagos, ofrezcan o prometan cualquier beneficio a oficiales de gobierno extranjeros para obtener beneficios, o retener negocios en forma inapropiada o ilícita. A partir de 1998, esta ley cobró mayor fuerza, con mayores implicaciones para las empresas, incluso para aquellas de otras naciones que coticen en las bolsas de valores estadounidenses.
(Con información de Forbes)
