Sindicato de burócratas pide aumento de 7.5 por ciento

El gobierno propone un incremento salarial de entre uno y tres puntos porcentuales, por arriba de la inflación general anualizada

“El que gane en el Gobierno federal menos de 20 mil pesos mensuales va a tener aumento de sueldo. El que gane más de 100 mil, ¡para abajo! Esa es la fórmula”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en octubre del año pasado.

Ese día se comprometió con 1.3 millones de funcionarios públicos federales que, de acuerdo con cifras (2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tienen ingresos inferiores a 20 mil pesos mensuales.

A mediados de junio de 2019, los titulares de las secretarías de Hacienda y del Trabajo concretaron la promesa del ahora Presidente de México.

Anunciaron que los funcionarios a nivel federal con salarios mensuales inferiores a 16 mil 700 pesos tendrían un aumento salarial de entre uno y tres puntos porcentuales, además del incremento proporcional a la inflación general (4.3 por ciento, según el Banco de México).

Dos días después del anuncio oficial, parte de la base de burócratas sindicalizados, que aporta un total aproximado de 1.04 millones de personas a la Administración Pública Federal, rechazó la propuesta y se alzó en demanda de un incremento salarial de 7.5 por ciento para los trabajadores de menores ingresos.

La demanda de aumento salarial por parte de los trabajadores del Estado no es menor. Si la base laboral exige un 7.5 por ciento neto, el incremento solicitado sería 25 por ciento superior al aumento promedio anual (seis por ciento) del salario mínimo en México, durante los últimos 19 años. Si además del 7.5 por ciento los trabajadores exigen el ajuste inflacionario (casi 12 por ciento en total), el incremento sería 96.7 por ciento superior a la del salario mínimo general.

La exigencia no sólo responde a las promesas de campaña del Presidente AMLO. También es consecuencia de las necesidades de poder adquisitivo de la población mexicana –entre ellos los burócratas de más bajo nivel operativo– por el aumento natural en el costo de bienes y servicios en el país, de acuerdo con el contador José Juan Lazo Sarmiento, vocero de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Sin embargo, el problema de la negociación actual es que “el Gobierno no tiene recursos suficientes para dar aumentos de salario y además atender todos los programas sociales”. Por ello, Lazo Sarmiento consideró “complicado” que el Gobierno acepte un incremento de 7.5 por ciento, además del ajuste inflacionario, toda vez que el presupuesto disponible para ello quedó establecido en 3.5 mil millones de pesos, con la finalidad de no generar erogaciones adicionales.

El contador del CCPM refirió al respecto que también existe el riesgo de un efecto dominó. Si el Gobierno cede y cumple con la demanda de la base sindical a nivel federal, “todos los obreros” del país podrían quejarse porque a ellos, aunque este año les tocó un aumento generalizado de 14 por ciento por el incremento al salario mínimo, no obstante, suelen tener incrementos menores (nueve por ciento anual en promedio, durante 2015-2018).

“En este momento lo que se está buscando con una nueva política […] es hacer más eficiente la administración pública, en el sentido de que el funcionario sea más responsable, con un gasto eficaz para el sostenimiento de la economía [nacional]. Es otro estilo de gobierno el que está iniciando con esta administración”, que tendrá que cuidar el balance entre las reducciones y los aumentos salariales, o el “tira y afloja” de los últimos seis meses, para evitar conflictos, dijo Lazo Sarmiento a SinEmbargo.

El contador añadió que “lo que hace falta realmente, es que se defina bien el proyecto de desarrollo económico. Hay mucha inconformidad porque el Gobierno no tiene una directriz bien cimentada”. Esto, aunque “desde el punto de vista contable no se puede definir”, empero, en México la contabilidad de la administración pública cuenta con las bases “para definir y en algún momento medir [adecuadamente] el ingreso y el gasto públicos, en función a lo que se presupuesta”.

Con la ejecución de los mecanismos actuales, las negociaciones como aquellas relativas al “Capítulo 1000” de servicios personales de los funcionarios públicos podrían tener justificación oportuna, con base en las necesidades económicas y en función del poder adquisitivo. Un principio aplicable tanto para los burócratas, como para los trabajadores en general.

(Con información de Sin Embargo)