Sin detenidos, acción de FGJ por accidente en Línea 12
Los presuntos inculpados fueron citadas a comparecer ante un juez de control el 25 de octubre a las 10:30 horas
Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado.
El Ministerio Público (MP) judicializó, sin detenidos, la carpeta de investigación iniciada a raíz de ese hecho, en el que murieron 26 personas y 98 resultaron lesionadas, pero no solicitó órdenes de aprehensión.
Las personas físicas involucradas –tanto particulares como ex servidores públicos–, así como las morales –éstas por conducto de sus representaciones legales–, fueron citadas a comparecer ante un juez de control el 25 de octubre a las 10:30 horas.
Tanto los involucrados, cuyos nombres no dio a conocer la dependencia –aunque entre ellos se encuentra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, órgano desconcentrado encargado de la construcción de la llamada línea dorada, informó su abogado, Gabriel Regino–, como sus defensas, dijo, podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citados a comparecer en calidad de imputados.
La FGJ destacó que ha realizado una investigación robusta, transparente, apegada a la ley y basada en evidencias, por lo que se ha allegado de peritajes sólidos, científicos y profesionales realizados por expertos en diferentes materias.
De acuerdo con el resultado del peritaje, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos.
La dependencia precisó que ha respetado el derecho de cada persona a una legítima defensa y ha conducido la investigación con estricto apego al debido proceso, y “de ninguna manera obedece a consignas políticas, ni busca la fabricación o protección de culpables”.
Al respecto, especialistas explicaron que la clasificación de culposo de los delitos que se les imputan es una atenuante que permitirá a los ex servidores públicos y particulares involucrados llegar a un acuerdo reparatorio, “sin ni siquiera pisar la cárcel o llegar ante un juez de control”.
Se trata, argumentaron, de un delito no grave, por lo que “no tendrían que pagar siquiera una fianza para continuar con el proceso en libertad y, en caso de llegar ante un juez, les podrían imponer la medida cautelar de firma periódica”.
La dependencia ha impulsado la vía de un acuerdo reparatorio con las empresas y ahora lo hará con las personas físicas, cuando “las primeras sí tuvieron una responsabilidad en los hechos”, consideraron.
(Con información de La Jornada)
