Seudoambientalistas son financiados por Estados Unidos

Identifican a Claudio X. González, José Ramón Cossío y Amparo Casar, como parte de los “conservadores” anti Tren Maya

Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos está detrás de los “seudoambientalistas” opositores al tramo 5 del Tren Maya y por esta y otras razones el gobierno declaró el proyecto como un asunto de “seguridad nacional”, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dos semanas después de su visita oficial a la Casa Blanca, el jefe del Ejecutivo federal delineó en la mañanera del lunes los orígenes de la decisión:

“Se recurre a ese procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, porque está interviniendo un gobierno extranjero; porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo; porque es una obra prioritaria; porque se están aplicando tácticas dilatorias y porque no hay justicia expedita.”

Cuando se le preguntó a qué gobierno del exterior se refería, contestó sin dudar: “Estados Unidos”.

Subrayó que aun cuando los campesinos y propietarios de las tierras ya dieron su anuencia para la construcción, desde la Ciudad de México y otros puntos del país “seudoambientalistas financiados por el gobierno estadunidense nos promueven estos amparos”, que han detenido el tramo 5, que corre de Cancún a Tulum.

El litigio

Ubicó como responsables detrás de esos grupos al empresario Claudio X. González, al ex ministro de la Corte José Ramón Cossío y a Amparo Casar, ex asesora de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación, a quienes identificó como parte de los sectores “conservadores”.

El Presidente indicó que el gobierno federal ya entregó información a los jueces que han otorgado las suspensiones provisionales, pero hasta ahora no han resuelto el caso.

La obra estuvo detenida por tres meses, causando pérdidas económicas en el erario, señaló.

López Obrador insistió que al reactivar las construcciones el gobierno no incurrirá en desacato judicial e incluso retó a sus opositores a presentar las denuncias correspondientes y que sea el Poder Judicial el que determine la legalidad de los trabajos.

Remarcó, en cambio, que muchos de esos ambientalistas u organizaciones de la sociedad civil “tienen amnesia” y se olvidan que en el sexenio pasado se entregaron territorios en esa región a empresas privadas para explotar petróleo en los acuíferos. “¿Quién se acuerda de eso? Casi nadie (…) Sí, son muy hipócritas”.

Las consultas por la energía

En otro orden de ideas, el mandatario se refirió por sexto día consecutivo al llamado a consultas de Estados Unidos y Canadá por la política energética de México como parte del tratado comercial de América del Norte (T-MEC).

Señaló que no dará marcha atrás y dijo que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz –a quien recibió la semana pasada–, con el que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, será parte de los argumentos de su gobierno en ese proceso de consultas.

Apuntó que “los entreguistas vendepatria querían desaparecer a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y a Pemex (Petróleos Mexicanos), y querían dejarle el mercado eléctrico y petrolero a las empresas extranjeras; darle marcha atrás a lo que hicieron el general (Lázaro) Cárdenas y el presidente (Adolfo) López Mateos”.

El reconocimiento del carácter constitucional de la ley eléctrica “molestó a los conservadores de aquí y de allá, y a sus achichincles y voceros, y por eso ahora están pidiendo una consulta en el marco del tratado”, añadió.

López Obrador comentó que su gobierno se enteró por Twitter y no por los canales diplomáticos conducentes de la intención de los estadunidenses de llevar a consultas a México por el manejo de la política energética. Descartó que sea el presidente Joe Biden quien promueva ese requerimiento y consideró que viene del Departamento de Estado.

(Con información de La Jornada)