SCJN ‘condona’ impuestos por 645 MDP a Total Play
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa definirá un nuevo monto a pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Totalplay, empresa de Grupo Salinas, con el único efecto de que le reduzcan un porcentaje de su adeudo por 645 millones 763 mil 797 pesos ante omisiones fiscales del ejercicio 2011.
La segunda sala dio parcialmente la razón a la compañía para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa defina un nuevo monto a pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En un inicio Aguilar Morales planteó junto a la mayoría de los integrantes de la sala, su propuesta para conceder la protección de la justicia a la empresa.
Algunos de los integrantes de la sala señalaron que la compañía aplicó indebidamente deducciones por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo, entre otros.
Otra perla económica de la Suprema Corte
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó, en beneficio de una asociación civil, el fideicomiso de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas con el fin de que se garantice, cuando menos, 0.014 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, la primera sala amparó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, organización que impugnó las modificaciones a la Ley General de Víctimas que eliminaron el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual era manejado mediante un fideicomiso que fue desaparecido.
“El que la entrega de recursos a víctimas dependa de lo que se reporte como decomisado, daña francamente los derechos humanos reconocidos, por nuestra Constitución Federal y normativa internacional, en favor de las víctimas de delito y de derechos humanos. Los bienes muebles e inmuebles derivados de los decomisos dependen del resultado de un procedimiento penal cuya duración no es menor”, puntualizó la SCJN.
La SCJN concluyó que la extinción de dicho fondo resulta en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en beneficio de un sector que cada vez es mayor: las víctimas de delito y de derechos humanos (Lo cierto es que las víctimas sufren más esos males por las malas decisiones de jueces, magistrados y ministros. (Nota del Editor).
(Con información de La Jornada)
