Registro de agresores sexuales en Guatemala prueba su eficacia
Guatemala. A seis días de la puesta en práctica en Guatemala del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), ubican al menos a 33 personas con antecedentes laboran dentro del Ministerio de Educación.
La nueva herramienta de la Fiscalía detectó que estos ciudadanos son maestros del sector estatal y se localizaron a partir del listado general que el ministerio remitió para incluirlo en la base de datos.
Desde el 1 de enero, todo aquel que trabaje o desee hacerlo cerca de niños, niñas y adolescentes, deberá presentar obligatoriamente una certificación que lo exonere de antecedentes de agresión sexual.
Para ello fue aprobado en el Congreso a finales del pasado año el decreto 22-2017 que dio vida a la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) y al Banco de Datos Genéticos. La constancia del Renas se obtiene vía digital, es gratuita, y constituye una poderosa herramienta para tratar de revertir el flagelo de la violencia sexual contra menores de edad que cada año suma más víctimas en Guatemala.
De acuerdo con María Eugenia Morales, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el propósito de esa ley es tener la ubicación del agresor para controlar la reincidencia y fortalecer la persecución penal.
La intención es llevar un registro domiciliario de los procesados por este delito durante cinco años, lapso en el que tendrían que proporcionar información actualizada sobre cualquier cambio que realicen, precisó.
Según datos del Ministerio Público, hasta ahora se contabilizan 30 mil 222 solicitudes, las cuales pueden realizarse a título personal o por grupos y serán un complemento de los documentos de Antecedentes Policiales.
A las puertas del inicio del curso escolar, el venidero lunes, la presentación del aval del Renas será imprescindible para todo aquel que trabaje o desee trabajar con menores.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, de 2012 a octubre de 2016 se registraron mil 201 denuncias de violencias cometidas en el ámbito escolar, entre estudiantes, maestros o de directores hacia alumnos, las cuales incluyen desde agresiones, acoso, hostigamiento y abuso hasta violencia sexual.
La Encuesta Nacional sobre Violencia y Clima Escolar de 2015 evidenció que la violencia prevalece en los niveles de primaria, básico y diversificado, en particular la recurrencia del bullying (acoso).
De acuerdo con denuncias recibidas en las Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, en muchos de los casos los menores han sido vulnerados sexualmente por personas muy cercanas a ellos, como sus propios familiares, maestros, pastores o vecinos.
(Con información de Prensa Latina)
