Recupera GN-Marina casetas “secuestradas” por Bonilla
Tras la apropiación ilegal de casetas de cobro por parte del Gobierno de Baja California, las fuerzas federales restablecieron el orden
Mexicali, Baja California. La Guardia Nacional y la Marina Armada de México desplegaron la madrugada de ayer 160 elementos para recuperar casetas de cobro de la autopista escénica Tijuana-Ensenada, que hace dos días «liberó» el gobernador Jaime Bonilla, por ser, dijo, un compromiso de campaña suyo y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Anoche, el mandatario estatal morenista calificó de acción «gangsteril» la recuperación de los módulos de pago. «Llegaron con tanques de guerra. Nada más faltó que trajeran misiles», dijo.
El gobernador pidió la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y al Presidente que ordene el retiro de las fuerzas de seguridad y «nos vamos a los juzgados».
Los militares acudieron alrededor de las tres de la madrugada para retirar a los agentes de la Fiscalía General del Estado que vigilaban desde la tarde del 7 de julio para evitar que los cajeros de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) cobraran peajes, de acuerdo con un decreto emitido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual la administración estatal se hacía cargo de los 27 kilómetros del tramo carretero federal de Playas de Tijuana a Rosarito.
Ese día, de manera simbólica, el gobernador le entregó «las llaves» al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, a fin de mantener vigilada la caseta y levantadas las plumas para no cobrar 39 pesos a cada uno de los alrededor de 14 mil vehículos que pasan por ahí de lunes a viernes y que en fines de semana llegan a 19 mil.
Las fuerzas armadas solicitaron al personal de la fiscalía y la guardia estatal retirarse, sin que opusieran resistencia.
Los militares se desplegaron tras la emisión de un boletín de la SCT en el que calificó de ilícito el decreto emitido por el gobierno de Baja California para operar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito porque «viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir, y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas».
Abuso «cobarde e imperdonable»
«Si no están de acuerdo (SCT y Capufe), que nos ganen en tribunales», retó el gobernador Bonilla y calificó de «cobarde» la acción de las fuerzas federales «contra la población».
«Esa no es la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador va a poner orden», advirtió Bonilla luego de señalar que SCT y GN actuaron cuando el Presidente regresaba de Estados Unidos.
Bonilla consideró lo ocurrido un «abuso imperdonable» y advirtió que si no se corrige «Baja California no lo va a perdonar». Explicó que la caseta se instaló en 1965, por lo que «ya se pagó» y hoy se ubica en plena zona urbana.
«Hay que pagar caseta para llevar a los niños a la escuela e ir por ellos, para ir al súper y volver. Es un abuso», dijo Bonilla mientras mostraba cómo fueron detenidos dos ciudadanos que defendían la «liberación» de la caseta. El peaje es de 39 pesos.
Bonilla Valdez argumentó que el cobro por el uso de esa vía afecta el tránsito de más de 12 mil residentes de fraccionamientos; agrega que la inversión se recuperó en cuatro décadas de cobro de peaje, y en un mensaje transmitido ayer advirtió que la acción de los militares provocaría reacciones.
Por la tarde, grupos de activistas de Mexicali y Tijuana rechazaron la presencia de la GN y el Ejército y se manifestaron a favor del decreto de «liberación». Hubo un jaloneo y tres civiles fueron detenidos.
El delegado federal en el estado, Jesús Ruiz, criticó la operación y advirtió que el uso de la fuerza pública «no es lo adecuado ni lo democrático».
Dijo que no es positivo que grupos «radicales» tomen el control de las casetas de cobro aprovechándose de la confusión, porque el decreto estatal no es para que estas agrupaciones lo usen con fines políticos.
(Con información de La Jornada)
