Preocupan a ONU-CDH alta tasa de homicidios en México

El Comité remarcó “la alarmante impunidad de los casos denunciados”, incluyendo el caso emblemático de los 43 estudiantes Ayotzinapa

El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU acusó altas y crecientes tasas de homicidios, militarización de las fuerzas del orden, lentitud en el registro nacional de desaparecidos, impunidad por el caso Ayotzinapa y aumento de feminicidios en México.

Encargado de examinar el cumplimiento del Estado mexicano al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los días 16 y 17 de octubre, el CDH extendió sus recomendaciones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los expertos del Comité expresaron su preocupación por “las altas y crecientes tasas de homicidios y los índices de letalidad que se registran en el Estado parte”.

Menciona también “reportes sobre ejecuciones extrajudiciales”, aunque no precisa a cuáles se refiere.

De igual forma, externó su rechazo por “el carácter militarizado de las fuerzas del orden en general, incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana”.

“En este sentido, el Estado parte debe asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté restringida a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas”, recomienda el CDH.

“Debe continuar sus esfuerzos para proporcionar a todos los oficiales miembros de la Guardia Nacional formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos y considerar la introducción de períodos de pausa en la transición entre el servicio en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional”, urge el organismo de la ONU.

El comité se dijo preocupado por “la recurrente impunidad de los agentes del orden en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.

En cuanto al tema de desaparición forzada, pese la información proporcionada por el Estado parte sobre la finalización de un nuevo sistema de registro respecto a personas desaparecidas, el CDH acusó “la lentitud en la adopción de éste y otros registros e instrumentos previstos en la Ley General en la materia”.

Asimismo, le urge velar porque las víctimas y sus familiares sean informados periódicamente de los progresos y los resultados de las labores de búsqueda y de las investigaciones y adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar que las comisiones de búsqueda cuenten con las condiciones institucionales, presupuestarias y de seguridad para cumplir sin demora con su mandato.

Además, llamó a “asegurar que la institución forense cuente con los recursos, personal y competencias adecuados para atender las necesidades existentes para la investigación y la identificación del gran número de cadáveres y restos humanos sin identificación”.

El Comité remarcó “la alarmante impunidad de los casos denunciados”, incluyendo el caso emblemático de los 43 estudiantes Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El CDH recalcó la necesidad de que los responsables de la desaparición de los estudiantes sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban reparación integral.

“En este sentido, debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en la investigación, incluyendo las Fiscalías y los peritos, así como asegurar la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia; para todo lo anterior, debe tomar en consideración las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul)”, insta el CDH.

“El Estado parte debe, asimismo, adoptar las medidas necesarias para proteger a los testigos, las víctimas y sus familias, y a las personas que estén llevando a cabo las investigaciones, de amenazas, ataques y todo acto de represalia”, agregó.

Por otra parte, con respecto a la existencia de los grupos de autodefensa al Comité le preocupa su existencia en algunas entidades como Guerrero y Michoacán, la ONU recomienda al gobierno de la 4T “fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad pública civiles para garantizar la seguridad de la población en todo su territorio y evitar que grupos de autodefensa sustituyan al Estado y lleven a cabo misiones de mantenimiento del orden”.

En lo que se refiere al flagelo de la práctica de la tortura, una vez más la ONU pide al Estado mexicano “poner fin urgentemente a la práctica de la tortura y los malos tratos y asegurar la implementación efectiva, tanto a nivel federal como estatal, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por lo que toca a la independencia del poder judicial, el CDH condenó “denuncias de ataques a jueces y magistrados con declaraciones generalizadas de corrupción y la exhibición de nombres, la imposición de medidas disciplinarias o traslados indebidos a jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de los gobiernos”.

“El Estado parte debería tomar medidas inmediatas para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales; garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias indebidas por parte de otros órganos, como el poder ejecutivo y el poder legislativo y que los procesos disciplinarios cuenten con la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales y de debido proceso”.

Asesinatos de periodistas e impunidad

El CDH lamentó los asesinatos de periodistas y la impunidad en estos casos, así como la persistencia de normas vigentes, especialmente a nivel estatal, que criminalizan la expresión de ideas y opiniones y que éstas figuras penales han sido utilizadas para criminalizar la labor de periodistas, denunciantes de corrupción y defensores de derechos humanos, particularmente defensores indígenas, del medio ambiente y quienes se oponen a proyectos económicos o megaproyectos .

Además, pidió velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho de reunión o asociación cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en los artículos del Pacto”.

Derecho a la consulta de los pueblos indígenas

El CDH mencionó la gran cantidad de informes que dan cuenta del otorgamiento de licencias de exploración y explotación en territorios de pueblos indígenas en el contexto de megaproyectos sin que se haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados, por lo que le urge a cumplir con  la celebración de consultas efectivas y de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir en su modo de vida y/o su cultura.

Aborto y feminicidio

En cuanto al aborto, el CDH urge al gobierno de AMLO a despenalizar el aborto.

“Armonizar su legislación a nivel federal y estatal con el fin de garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo así o como “eliminar las sanciones penales a mujeres y niñas que se someten a un aborto”.

En cuanto a la violencia de género el Comité recomienda armonizar la tipificación del delito de feminicidio en todo el territorio de acuerdo con el Pacto.

La ONU expresó preocupación por aumento de feminicidios y urgió “facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas, asegurar que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas sean investigados con perspectiva de género y de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una reparación integral”.

Según cita el CDH el “Estado debe adoptar los protocolos de investigación necesarios para asegurar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean: sistemáticamente registrados e investigados con perspectiva de género, que los responsables sean investigados, procesados y sancionados con penas adecuadas, y que las víctimas tengan acceso a mecanismos de denuncia seguros, a un debido acompañamiento y asistencia, a una protección adecuada y a una reparación integral”.

Además, considera que la 4T “debe incrementar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para garantizar que se prevengan los actos de discriminación y violencia en su contra”.

“Debe, asimismo, avanzar hacia la eliminación de los tratamientos médicos irreversibles, en particular los quirúrgicos de los niños intersexuales, que todavía no están en condiciones de dar un consentimiento plenamente informado y libre, salvo que esos procedimientos sean absolutamente necesarios desde el punto de vista médico”, remarcó.

Finalmente, el Comité insta al gobierno de Palacio Nacional a que provea a los organismos encargados de aplicar la Ley General de Víctimas de los recursos necesarios, de la capacitación adecuada y de los mecanismos de control eficaces para que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciban con prontitud una reparación integral, que sea sensible a aspectos culturales y cuestiones de género.

(Con información de AFP)