Poder EJecutivo, FGR y CNDH investigan tragedia migrante

Se deslindarán responsabilidades y se castigará a quienes hayan actuado mal porque no habrá impunidad ni se van a ocultar delitos: AMLO

Ciudad de México. Con independencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el incendio en el que murieron 38 migrantes, el gobierno federal integrará una indagatoria para dar un informe sobre los hechos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que con toda la información se podrá deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan actuado mal porque no habrá impunidad ni se van a ocultar delitos.

Durante su conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre si removerá al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dijo que habrá que esperar al saldo del informe pero acusó que los medios de comunicación quisieran que se actuará de manera sumaria. «Tenemos que conocer lo que sucedió»; la FGR que es autónoma.

Anunció que esta tarde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, rendirá un informe sobre los sucesos, aunque, precisó que le pidió al fiscal a general de La República, Alejandro Gertz, que sea el responsable de la investigación. En cualquier caso, dijo, no se actuará como antes y no habrá impunidad sobre los hechos y una vez que se conozca con ocasión lo sucedido se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Mencionó que además la Comisión Nacional de Derechos Humanos está realizando su trabajo de manera independiente.

—¿Tiene como origen las políticas migratorias?

—Sí, tiene que ver con las causas. La gente busca ganarse la vida donde hay oportunidades.

Dijo que hay constancia de que se ha planteado atender las causas de la migración. Le he escrito al presidente Donald Trump sobre este asunto y he hecho lo mismo con el presidente Biden. Estamos invirtiendo en Centroamérica, para tratar de detener el flujo migratorio.

Siempre hablando de que hay que atender las causa, porque la gente no abandona a sus familias y no corre riesgos por gusto. Ahora que se da esta situación tan lamentable, continuar con lo mismo, lo primero es informar y cuidar a los heridos”.

Ante la insistencia sobre las consecuencias que habrá ante el siniestro, López Obrador aseveró que «no vamos a ocultar nada, no somos iguales, no somos como antes que se fabricaban delitos, se ocultaban delitos, se torturaba. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios, cuando la mayoría guardaba silencio.»

Acusó a los medios de comunicación de ser los «campeones del amarillismo y el sensacionalismo», porque es temporada de zopilotes, pues «trafican con el dolor humano y no es por justicia sino porque están deseosos de regresan por sus fueros, para seguir robando como lo hacían políticos corruptos traficantes de influencia, dueños de medios de información periodistas famosos».

López Obrador dijo que se está concentrando toda la información para darla con precisión, reconociendo que hubo modificaciones porque se llegó a hablar de 40 muertos. Señaló que la seguridad de la estación migratoria estaba a cargo tanto del Instituto Nacional de Migración y de una empresa privada.

La ley es clara

El operativo de reclusión de indocumentados en las calles de esta población fronteriza y su traslado a un centro de detención provisional lo realizó el Instituto Nacional de Migración (INM) a petición del alcalde de Cd. Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien ya había advertido que era momento de ponerles un alto, lo que contraviene lo estipulado en el artículo dos de la Ley de Migración.

El edil morenista hizo el amago el pasado 14 de marzo, luego de que unos días antes, grupos de venezolanos derribaron barreras del puente internacional Santa Fe con intención de internarse a Estados Unidos, pero fueron contenidos por elementos antimotines de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraban a la mitad de la plataforma.

La operación del INM, que como encargado de la representación en Juárez tiene al contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, quien por segunda ocasión ocupa ese puesto, se realizó la tarde del lunes con el objetivo de retirar a indocumentados de la vía pública y llevarlos a la estancia provisional ante quejas de ciudadanos, empresarios y comerciantes.

En las redadas se detuvo a decenas de extranjeros que se les acusa de invadir cruceros, donde algunos obtienen un dinero limpiando parabrisas, vender en la calle artículos diversos, pedir dinero, de poner en riesgo a menores de edad e incluso de cometer actos de hostigamiento sexual contra mujeres.

En el operativo participaron agentes migratorios, empleados del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia estatal y municipal, así como de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes Distrito Bravos y retiraron a decenas de personas.

Migrantes sin delito

El artículo dos de la Ley de Migración vigente estipula que “son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.

“En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

(Con información de La Jornada)